En el más de medio año de Govern de la Generalitat de Salvador Illa, una de las máculas de la gestión es la cuestión energética. Lleva poco tiempo, la política energética no se hace en cuatro días y se puede arreglar, pero lo que se intuye, lo que se explica desde el sector, e incluso trasciende, huele muy mal. Catalunya tiene pocas renovables –está a la cola de España, con la excepción de Madrid–, se ha quedado sin director general de Energía, lo que ya indica la dificultad del tema, y no tiene un plan de futuro claro, atrapada entre los no a las renovables, los no a la nuclear y los no a la MAT (línea de muy alta tensión), si es que no son los mismos.

Se prevé que el consumo eléctrico no pare de subir, debido a la sustitución gradual de combustibles fósiles, como la gasolina de los coches o el gas para las calefacciones, por alternativas eléctricas. En Estados Unidos están proyectando la construcción de pequeños reactores nucleares junto a los centros de datos para alimentar el boom de la inteligencia artificial, un consumidor intensivo de electricidad.

Aquí, mientras nos felicitamos por la apuesta por el Barcelona Supercomputing Center y miramos cómo no llegar tarde a la revolución de la IA, sufrimos un gran déficit de renovables y la generación eléctrica que tenemos, que es nuclear, tiene un calendario de cierre, que ahora empieza a cuestionarse por las muestras de que con renovables no tendremos suficiente. Hay que elegir. Si queremos BSC y circular con coches eléctricos, habrá que hacer renovables, muchas, y quizás también alargar la vida de las nucleares. Porque si no, nos traerán la electricidad de España, y las MAT son, probablemente, la peor de las soluciones.

Catalunya tiene pocas renovables, se ha quedado sin director general de Energía, lo que ya indica la dificultad del tema, y no tiene un plan de futuro claro

Con este escenario, lo peor que puede hacer Catalunya es lo que está haciendo: no tiene una política clara y sigue relegando la transición energética a un papel secundario. Y le ha pasado lo peor que le podía pasar: perder al director general de Energía. Josep Maria Serena no fue la primera elección para el cargo, pero su elección fue aplaudida por el sector, por su experiencia y nivel. Serena había sido presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y tenía contactos para interlocutar al máximo nivel; justamente lo que necesitaba Catalunya para desbloquear el atasco de renovables que tiene.

En menos de seis meses, el Govern y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han perdido este activo. Seis meses es el tiempo que se había dado Serena para que se cumpliera una de las condiciones que puso para su nombramiento: ser la única voz en energía. Ahora hay cuatro. No era una cuestión de ego, sino de autoridad. Para dirigir la política energética es necesario que no haya interferencias ni voces discordantes, ya que si esto no se cumple, el director general, que es el responsable legal porque es quien firma la autorización de los proyectos, pierde precisamente autoridad ante el sector, lo que debilita su posición. ¿Qué empresa confiará en un director general de Energía que no respetan en su propia casa? Esto no se cumplió, como hemos explicado en ON ECONOMIA.

Serena estaba impulsando un cambio en la política energética y se estaba arremangando para desbloquear proyectos eólicos y fotovoltaicos

La pérdida de Serena, apuntan fuentes del sector, es muy importante, porque estaba impulsando un cambio en la política energética de los últimos años y se estaba arremangando para desbloquear proyectos eólicos y fotovoltaicos. Cada semana se reunía con las asociaciones del sector, con agenda, abordando tema a tema, y después convocaba a las empresas que tenían parques proyectados, pero perdidos en el caos burocrático para ver cómo se podían desbloquear.

El problema de fondo que tuvo fue la falta de apuesta por la transición energética del Govern. Que el máximo responsable del tema esté en un escalafón tan bajo de la administración es la muestra clara. Tiene por encima un secretario, un secretario general y la consellera, y además, el hecho de no tener rango ni de secretario provoca que otros secretarios e incluso directores generales, de áreas como medio natural o urbanismo, le hagan la competencia y puedan bloquear proyectos.

Desde el sector se pide, como mínimo, una secretaría, y también un comisionado para la transición energética, algo que Foment, Pimec y las cámaras de comercio también pidieron... hace casi cuatro años. ¡Y todavía son prudentes! En España es un ministerio desde 2018 y una vicepresidencia desde 2020. Esto no lo es todo, el nombre no hace la cosa, pero sí muestra prioridades. Para el gobierno español lo ha sido, y es de los estados de la UE con más renovables; en Catalunya, no, y dependemos de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs y de la electricidad que nos llega de fuera.

Si hace seis meses costó encontrar director general de Energía, ahora parece misión imposible si no hay un cambio de mentalidad

En Catalunya, no solo no es una conselleria, sino que se incluye en una, la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica –nótese también la posición que ocupa en la nomenclatura de la conselleria–, que debe gestionar también asuntos como la falta de vivienda, el caos de Rodalies, la ampliación del Aeropuerto del Prat y la sequía. Sin duda, un reto demasiado grande para una sola cartera, y suerte que la lluvia está ayudando un poco.

Ahora el Govern, por no haber priorizado la carpeta energética, sigue teniendo el problema del mix energético y los objetivos de 2030, reto que cada día se hace más grande porque estamos más cerca de la fecha y no se avanza. Si hace seis meses costó encontrar director general de Energía, ahora buscar a alguien de nivel parece misión imposible. Como mínimo, si no hay un cambio de mentalidad y se da a la energía la importancia, a nivel de jerarquía y de recursos, que se necesita para afrontar el reto de la transición ecológica. Catalunya puede superar el 50% de generación renovable en 2030 si se pone las pilas. Los Países Bajos lo hicieron, pasando del 15% al 54% en seis años. Es una cuestión de voluntad política.