Antes que nada, debo decir que soy de los que creen que en un mundo dominado por la tecnología, como el que tenemos por delante, es imprescindible compatibilizarlo con una buena formación humanística. No se puede ser un buen científico, ni un buen médico, ni un buen directivo de empresa, ni siquiera un buen ciudadano, si no se tiene una formación en humanidades que proporcione los valores básicos que tienen que presidir el funcionamiento de una sociedad democrática e inclusiva. Eso viene a cuento de dos cosas. Por una parte, el intento de arrinconamiento que han sufrido recientemente estos días los conocimientos en literatura y lengua que vienen de lejos y que todavía tenemos que ver como acabarán. Del otro, que todo lo que comentaré a continuación no tendría que esconder una realidad tan básica.

Cuando salimos del ruido y el triunfalismo de los datos macroeconómicos que habitualmente pregonan nuestros políticos, la mayoría de los economistas estaría de acuerdo que hay que transformar nuestro modelo productivo hacia un modelo más fundamentado en el valor añadido y en la calidad y menos en la cantidad. Una de las recetas para conseguirlo, entre otros, sería mejorar la conciliación entre las necesidades del entorno productivo con la formación que el sistema educativo da al conjunto de la población y, principalmente, el sector más joven.

La falta de mano de obra cualificada es hoy uno de los principales factores restrictivos que mencionan las empresas en la encuesta de clima empresarial que realiza anualmente el IDESCAT, con un 33% de respuestas en el 2023, enfrente de un 5,6% en el 2012. De hecho, la UE, mediante su agencia CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), elabora el índice "European Skills Index" que mide la distancia de 31 países (los 27 de la UE más los 4 de la EFTA) a un ideal (valor 100) respecto de la situación de las habilidades de su población. España es el país con una peor ejecución, como mínimo desde hace 7 años, con un nivel 24 sobre 100 (lo mejor es Chequia con un nivel 70 sobre 100). El índice mide tres pilares fundamentales: el desarrollo de las habilidades (educación), donde España ocupa un discreto 23.º lugar (con un nivel 43 sobre 100), su activación (transición y participación a/en el mercado de trabajo) donde ocupa el puesto 28.º (36 sobre 100) y el pilar de concordancia de habilidades ("skills matching") que mide el grado en que las habilidades de los empleados están efectivamente utilizadas, en el que España sale en la última posición de todos los países con un nivel 12 sobre 100 (el país mejor situado también es Chequia con un 92 sobre 100). El panorama no puede ser más desolador.

La inadecuación entre la demanda de trabajo y la oferta justifica, en parte, que España sea el país de la UE con la tasa de paro más alta (11,2% vs. 5,9% en octubre de 2024), o más grave todavía, que pase lo mismo con la tasa de paro juvenil (26,7% enfrente del 15,2%). Que Catalunya (con un 8,8% y un 24,8% respectivamente) esté ligeramente mejor que la media española no es ningún consuelo. Como ejemplos sintomáticos del desajuste valga la reconocida falta de trabajadores formados en tecnologías limpias (uno de los principales obstáculos en la lucha contra el cambio climático) o la escasez de empleados formados en el sector de las TIC (Tecnología y Comunicaciones), o en el de la construcción, o el problema del relevo generacional en el sector de la salud pública combinado con la poca capacidad de las facultades del ramo y la escasa retención de talento, todos ellos lo bastante comentados en los medios de prensa económica habituales.

Las razones de esta inadecuación son lo bastante conocidas: el abandono escolar prematuro (ved el artículo publicado en este mismo medio), la poca proporción de los estudios STEM (iniciales de las palabras inglesas "science, technology, engineering y mathematics") entre los graduados (con una participación femenina particularmente baja), el porcentaje más alto de la UE de trabajadores con solo estudios básicos (y sigue siendo así entre los jóvenes) combinado con un bajo porcentaje de trabajadores con estudios secundarios orientados profesionalmente, el bajo rendimiento educativo (cómo lo manifiestan los resultados publicados de PISA y, más recientemente, las pruebas TIMMS) y la relativa importancia que se da a la formación continua en la vida laboral activa. Estas mismas razones nos llevan a algunas posibles soluciones.

La primera de las herramientas para combatir este desajuste es la formación profesional y su facilidad de acceso y calidad. Esta tendría que ser la palanca principal para poner remedio al abandono escolar prematuro y sus secuelas. Al país le hacen falta más jóvenes con estudios postobligatorios orientados profesionalmente y menos con solo los estudios básicos y, no ayuda nada a que cada año queden a Catalunya un gran número de alumnos sin la plaza de FP demandada (5.500 en el 2024 después de las "repescas") y al mismo tiempo a muchas plazas ofrecidas sin cubrir (más de 9.000). Ahora, el gobierno del Estado quiere hacer que toda la formación profesional sea dual en el 2025. Y eso está muy bien, pero la duda es si eso se consigue con un decreto ministerial. Nadie ha explicado todavía cómo se conseguirá implicar al grueso del 97% de las PYMES (o el 88% de micropymes con menos de 10 trabajadores) ni como estas empresas podrán poner los medios (especialmente los tutores) a fin de que la etapa "in-company" de los alumnos resulte provechosa de verdad para estos, porque sin implicar este sector de la empresa no hay manera de hacerlo posible. Estamos hablando a Catalunya de más de 210.000 alumnos, de los cuales solo un 6% cursa estudios de FP dual (la media europea es de un 38%). Tampoco se ha determinado cómo se hará eso si la empresa de la especialidad está ubicada lejos del centro de estudios o del domicilio del alumno.

La orientación de los estudios, tanto los superiores como la FP de todos los niveles, también es decisiva para adecuar la demanda y la oferta. Los estudiantes en ramas relacionadas con la ingeniería y arquitectura son los que presentan mejores tasas de inserción laboral tanto en cantidad como en calidad (salarios más altos), señal inequívoca de su demanda en el mercado. España produce un porcentaje muy bajo de graduados en ciencias STEM comparativamente con la UE (21,3% vs. 26,5%) y muy por debajo de países como Alemania, Francia, Austria y los nórdicos que superan el 30% ampliamente. Catalunya estaría próxima a la media de la UE (25,5%) pero lejos de las mejores prácticas. Además, la brecha de género es superior en el caso español. En cambio, en la FP, Catalunya presenta unos porcentajes de matriculaciones inferiores a la media española en ramas STEM y en ramas industriales.

Del bajo rendimiento educativo, reflejado en todos los estudios internacionales hechos recientemente, tanto en lo que se refiere al conjunto español, como muy especialmente en Catalunya, creo que ya se ha dicho y escrito mucho. En el caso catalán, la alta tasa de inmigración y las vulnerabilidades que comporta es una justificación que no puede llevar al conformismo. Hace falta algún tiempo para ver si las medidas adoptadas en el anterior gobierno consiguen revertir la situación. Si no se consigue la base educativa que sustentan tanto los estudios profesionales como universitarios, así como los valores individuales y sociales, será débil y la disgregación social estará servida. Mejorar la financiación de Catalunya para mejorar la dotación presupuestaria educativa es una necesidad, pero también hay que hacer una distribución entre centros más equitativa que tenga más en cuenta las características de cada uno. Me gustaría pensar que, aunque solo sea por amor propio, se emplearán los medios necesarios.

Otra gran herramienta es la formación continua de los que ya están en edad laboral, tanto de los activos como de los parados. Los cambios rápidos en las necesidades del mercado laboral exigen hoy una política muy activa de formación durante la vida laboral. Las estadísticas nos dicen que aunque en este caso no estamos distanciados de la media europea, sí que lo estamos de las mejores prácticas. Ahora bien, también es posible que las estadísticas no nos den una visión esmerada de la situación real. Es un sector bastante debilitado, que sufre de haber estado durante mucho tiempo en la periferia de las políticas educativas y que requiere una urgente revisión en profundidad para adecuarse a las necesidades formativas actuales. Según la EPA, en el 2023 el 14,1% de la población catalana entre 25 a 64 años ha recibido algún tipo de formación en las cuatro semanas anteriores, por debajo de la media española (15,8%), por encima de la Euro Área (12,9%) y muy lejos de los países nórdicos, Suiza o Países Bajos (entre el 25% y el 35%). La formación en línea ha podido significar un notable avance, pero el problema sigue siendo la PYME, que invierte por término medio la mitad que el conjunto de empresas. Catalunya, aunque en conjunto supera la media española, la PYME catalana gasta menos que la PYME media española (33,67 €/treb fachada 37,7).

Intentando elevar la mirada se echa de menos una cierta planificación integral del conjunto de las necesidades y de las acciones para graduar la oferta educativa a las necesidades del entorno económico. No se trata de hacer ningún plan quinquenal, pero sí de establecer prioridades. Las necesidades son relativamente predictibles y, por lo tanto, no tendría que ser muy difícil. En un país que tiene planes nacionales por casi todo (que después no se cumplen o lo hacen muy relativamente) se echan de menos iniciativas de coordinación entre gobiernos, empresas e instituciones educativas. Ahora, eso implica una reflexión sobre hacia adónde se quiere ir, claro está.