La Unión Europea ha dado un paso histórico en materia de defensa. Los 27 han acordado esta semana aumentar el gasto en defensa de modo significativo. La UE prevé movilizar más de 800.000 millones de euros en los próximos años para reforzar su capacidad militar. La lógica detrás de esta decisión es evidente: reforzar la seguridad ante la amenaza de Rusia, supliendo lo que Estados Unidos no va a aportar tras el portazo de Trump a Ucrania.

Alemania, Francia y Polonia encabezan este esfuerzo, conscientes de la necesidad de reforzar su seguridad frente a la amenaza rusa. España, aunque con un compromiso menor, también deberá destinar recursos adicionales. La inversión en defensa, tras años de desatención, se convierte ahora en una prioridad geopolítica.

Sin embargo, en el acuerdo hay un detalle que llama la atención desde el punto de vista de un economista. Se ha acordado también que el endeudamiento adicional destinado a este fin no compute a efectos de las reglas fiscales. Es decir, los países miembros de la UE podrán gastar más en armamento o defensa sin que la parte de déficit debida a esta partida compute a la hora de recibir sanciones por superar los límites de deuda que la propia unión tiene establecidos.

Aumentar el endeudamiento tiene consecuencias. Es dinero prestado y, tarde o temprano, habrá que devolverlo

Se trata de una excepción en las normas fiscales, diseñada para evitar que el refuerzo militar se vea limitado por los estrictos criterios de estabilidad presupuestaria. Pero no por ello deja de ser deuda. Es dinero prestado. Y, tarde o temprano, habrá que devolverlo. El hecho de que un gasto no compute para sanciones fiscales no lo convierte en gratuito. La deuda sigue siendo deuda. Aumentar el endeudamiento tiene consecuencias.

Para España, este incremento de gasto supone más presión sobre unas cuentas públicas ya tensionadas. La deuda pública española ronda el 105% del PIB y el margen fiscal es reducido. Aunque este gasto militar no computará a efectos de los límites europeos, sí influirá en la estabilidad financiera de nuestro país. Más deuda implica más intereses que pagar en el futuro y menos margen para otros gastos esenciales, como sanidad, educación o infraestructuras.

Más deuda implica más intereses que pagar en el futuro y menos margen para gastos esenciales como sanidad, educación o infraestructuras

Las consecuencias de este endeudamiento adicional no son solo teóricas, sino muy reales. Y son las siguientes:

En primer lugar, un mayor coste de financiación para empresas y ciudadanos. Con más deuda pública en circulación, el Estado puede verse obligado a ofrecer intereses más altos para atraer compradores de deuda española, teniendo un más que previsible impacto en el euríbor. En definitiva, un encarecimiento de la financiación para empresas y familias que necesitan préstamos o hipotecas. Recordemos que, en España, el tipo de interés del BCE influye sobre el interbancario, pero no es el único. El euríbor oscila también en función del tipo de interés de la propia deuda, pues esta impacta en el sector financiero español y en la banca.

En segundo lugar, nos va a dejar menos margen para reducir impuestos. La tendencia está siendo de más presión impositiva. Si en el futuro hay un giro político o si, incluso el propio gobierno socialista quisiera aliviar la presión fiscal, este mayor gasto en defensa desembocará en una menor capacidad para aplicar reducciones fiscales o incentivos a sectores estratégicos, lo que podría ralentizar la inversión privada y el crecimiento económico.

España va a ser más dependiente de los mercados financieros y estará más sometido a la presión de Bruselas

La tercera consecuencia va a ser el de recortes en otras partidas esenciales. A medida que los intereses de la deuda absorban más recursos, el presupuesto para servicios públicos como educación, sanidad o infraestructuras va a verse afectado, limitando la capacidad del Estado para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Que a nadie quepa duda.

En cuarto lugar, España va a ser más dependiente de los mercados financieros y estará más sometido a la presión de Bruselas. Debemos pensar que, aunque la UE ha excluido esta deuda del cómputo fiscal, los inversores internacionales seguirán valorando el nivel de endeudamiento global de España. Si la percepción de riesgo aumenta, se nos exigirán ajustes presupuestarios en el futuro.

La seguridad es un objetivo prioritario, pero no puede abordarse sin considerar su impacto económico. Gastar más en defensa es necesario en el contexto actual, pero no se debe perder de vista que la deuda generada sigue existiendo. Que no cuente para Bruselas no significa que no tenga un coste real. Y que no vaya a afectar a la economía porque al igual que la mona, la deuda vestida de seda… ¡deuda se queda!