En fecha reciente se ha aprobado una nueva norma sobre prestaciones asistenciales de desempleo dirigida fundamentalmente a cumplir con uno de los hitos para acceder al desembolso de 10.000 millones de euros del Marco de Recuperación y Resiliencia. La norma aprobada incluye algún avance en incentivos para la búsqueda y aceptación de empleos vacantes, si bien prioriza el refuerzo de la cobertura mediante prestaciones económicas asistenciales.

El debate previo que parecía contraponer los dos objetivos de cobertura e incentivos a la búsqueda de empleo, en mi opinión compatibles, ha despertado mi curiosidad, y como primer paso, he actualizado algunos datos relacionados con esta materia. Después de hacerlo, he podido comprobar que el gasto en prestaciones por desempleo ascendió a 20.743 millones de euros en 2022, el 1,6% del PIB, después de un descenso significativo respecto a los recursos destinados en 2020, el peor año de la pandemia (34.644 millones de euros; 3,1% del PIB sin contar la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos por valor de casi 7.300 millones de euros). El posible gasto nominal en 2023 no va a variar en exceso a la vista de la ejecución hasta octubre, si bien su relación con el PIB será alguna décima inferior.

El gasto en prestaciones por desempleo se dirigió a 1,7 millones de personas en media mensual, de los que 773,2 miles percibieron una prestación contributiva, es decir, la cuantía tuvo alguna relación con su base de cotización, y casi un millón de personas un subsidio (pago igual para todos de 463,21 euros al mes). De estos últimos, la mayor parte percibieron el subsidio ordinario (72,6%), mientras se repartían el resto los perceptores de la Renta Agria, el Subsidio Especial Agrario y la Renta Activa de Inserción.

Utilizando el número de desempleados de la Encuesta de Población Activa —el paro registrado ha perdido credibilidad con el aumento del número de trabajadores fijos discontinuos y la negativa del Ministerio de Trabajo a facilitar la información cuando están en inactividad—, la tasa de cobertura está en torno al 55% de los desempleados, un poco inferior a la media desde 1995.

Tres cuartas partes de los parados de más de 50 años recogidos en la EPA perciben el subsidio por desempleo. Las personas de esa edad tienen un problema de desempleo de larga duración

Para completar la fotografía de la cobertura es necesario añadir las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital en promedio mensual, un dato difícil de encontrar, ya que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ofrece información agregada de perceptores desde el inicio de la prestación (la AIReF los cifraba en 284.000 en 2021) y los perceptores de las rentas mínimas autonómicas (305,3 miles en 2022). Sumando todos los perceptores de las prestaciones mencionadas, de una forma u otra dirigidas a personas en situación de desempleo, estarían en torno a 2,3 millones de personas, un 76% de los desempleados EPA.

Me parece interesante concentrar la atención en la edad de los perceptores a partir de la información facilitada por el Ministerio de Trabajo para las prestaciones por desempleo. La distribución por edades de la prestación contributiva es bastante proporcional en el tramo 30-50 años, sin embargo, se observa una muy importante concentración de los subsidios en las personas con edad superior a 50 años: el 66,1% de las personas perceptoras son mayores de esa edad (653,4 miles). Tres cuartas partes de los parados de más de 50 años recogidos en la EPA perciben el subsidio por desempleo. Con estos datos se puede afirmar que las personas de esa edad tienen un problema de desempleo de larga duración.

 

El elevado peso de este tramo etario en las prestaciones por desempleo es compatible con una menor tasa de ocupación de las personas de más de 55 años en comparación con el grupo de edad entre 25 y 50 años (43,5% vs. 78,7%), es decir que, si un parte de ellos mostrara su disposición a buscar empleo y lo encontrara (cada 1% son 133 mil), aumentaría inicialmente el desempleo, pero permitiría aumentar el número de ocupados en un futuro en el que se va a intensificar el proceso de envejecimiento de la población española debido a la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. En este escenario va a ser muy necesario contar con el mayor número de personas con disposición y capacidad de acceder a un trabajo remunerado.

Es necesario articular políticas específicas dirigidas a las personas mayores de 50 años en diferentes ámbitos.  En primer lugar, todos debemos incorporar en nuestras cabezas que es preciso mantener un proceso de formación continua que nos permita estar cerca de las cambiantes necesidades del mercado laboral. Pero esa actitud no es suficiente, ayudaría bastante reducir la pulsión empresarial por rechazar a las personas con más edad cuando cumplen con las características del empleo o necesitan formación específica para desarrollarlo. Pero como comentaba en un artículo anterior,  es imprescindible mejorar las políticas de orientación e intermediación de los servicios públicos de empleo para cubrir las vacantes de empleo existentes en el tejido productivo. En la misma línea, se necesita una simplificación y articulación coherente de las distintas prestaciones económicas dirigidas a personas en desempleo existentes en diferentes organismos y administraciones públicas, también permitir compatibilizar parcial o totalmente la prestación con el salario durante un tiempo suficiente en el que vaya disminuyendo la primera de forma progresiva, con objeto de incentivar a las personas el acceso a una ocupación. Así esta reglado ya en el Ingreso Mínimo Vital desde principio de este año y se ha extendido a los subsidios con la nueva norma aprobada. 

La suma de estas actuaciones permitirá avanzar en la integración de las personas con empleos más estables (la remuneración dependerá de la productividad), a la vez que permitirá a la economía española ser más productiva generando más riqueza.