El próximo 26 de febrero está previsto que la Comisión Europea presente el proyecto que se conoce como Ley Ómnibus de Simplificación, un conjunto de medidas que pretenden reducir la carga burocrática que conlleva la tramitación y gestión efectiva de toda la regulación que en los últimos años ha generado la UE en defensa del medio ambiente; todo lo que comúnmente conocemos como sostenibilidad o normativa ESG. Esa normativa europea de sostenibilidad obliga a las empresas al cumplimiento estricto de una legislación muy proteccionista en cuestión ambiental y, sobre todo, a generar y divulgar una serie de datos y parámetros sobre su cumplimiento y visualizar así el compromiso ambiental de las empresas. La Ley Ómnibus se va a centrar, esencialmente, en agilizar unas normas muy concretas: la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD) y la Taxonomía Europea, que clasifica las actividades económicas según su impacto en el medio ambiente.

 ¿Por qué esa necesidad de revisar ahora la normativa? Sobre todo cuando una de esas directivas no tiene ni un año de vigencia y otra aún no está en vigor. Pues porque la gran pugna entre los que quieren regular los mercados y establecer reglas del juego sensatas para todos y los que prefieren mínima o ninguna regulación y que si hay una ley que sea la ley de la selva, se está inclinando cada vez más en favor de estos últimos y eso, no cabe duda, deja en desventaja a una Europa que se presenta como superregulada y donde es difícil competir.

El Informe Draghi dejó bien claro que el actual sistema normativo de la Unión Europea ahoga la innovación

Ya en septiembre pasado el Informe Draghi, que presentaba las bases para una reactivación económica de la UE, dejó bien claro que el actual sistema normativo de la UE ahoga la innovación; que hay un exceso regulador, que en algunos casos es claramente redundante y que ya es hora de introducir un poco de sentido común y equilibrar la responsabilidad con la vitalidad económica. Todo bien hasta ese momento y es en ese entorno cuando se decide poner en marcha la Ley Ómnibus para limitar los posibles excesos regulatorios. Sin embargo, en los últimos meses el huracán ideológico que han supuesto Trump y sus amigos tecnomillonarios, ha hecho que el peso e influencia de los que no quieren normas, compromisos o responsabilidades y apuestan solo por vitalidad pura y dura, sea prácticamente el discurso dominante.

Creo que estamos en medio de una histeria antirregulatoria que afecta peligrosamente a muchos estamentos corporativos y gubernamentales de Europa. Es un dato significativo que el pasado 1 de enero entrase en vigor la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), que ha supuesto un auténtico tsunami en multitud de empresas que se han visto obligadas a montar una estrategia, una tecnología, equipos profesionales y asesores externos para identificar y presentar sus datos detallados en materia de sostenibilidad. Un asunto que ha supuesto un notable gasto económico que para muchas empresas se va a situar entre el millón y los cinco millones de euros anuales, además de los 300 euros por hora en materia de auditores que certifiquen esos datos.

Estamos en una histeria antirregulatoria que afecta peligrosamente a muchos estamentos corporativos y gubernamentales de Europa

El malestar entre las medianas y grandes corporaciones europeas por todas estas exigencias reguladoras es más que evidente y, como no podía ser de otro modo, ha trascendido a los gobiernos. A finales de enero Francia pedía directamente a la Comisión Europea que pospusiese indefinidamente la entrada en vigor de la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD), a la que le quedan por lo menos dos años para que empiece a aplicarse; al tiempo que calificaba como de “auténtico infierno” lo que estaban sufriendo las empresas con el cumplimiento del reporte de datos de la recién estrenada CSRD. Alemania por su parte ha pedido una marcha atrás en la regulación sostenible, justo cuando se conocen los datos de su decrecimiento económico por segundo año consecutivo, señalando como culpable de la pérdida de competitividad al exceso regulador.

La presión contra la regulación se está extendiendo excesivamente en el seno de la UE y es una cuestión que creo que hay que atajar de raíz. La cuestión de que Estados Unidos innova mientras que Europa regula, y así nos va, es apta sólo para aficionados al pensamiento sencillo. La regulación que ha venido generando la UE en los últimos años es una de sus señas de identidad; forman el conjunto legislativo que nos convierte en el escenario donde las cosas de hacen bien y de forma respetuosa con el entorno, lejos de la obsesión por el beneficio al precio que sea. Eso de “detrás de mí, el diluvio” o que “la Naturaleza es así”, es apto para los infectados de soberbia infinita que creen que nunca les pasará nada. La regulación es nuestra seña de identidad europea, no lo debemos olvidar. Puede que pasemos por periodos transitorios en los que ese peso regulatorio pueda ser excesivo y suponga una difícil carga; pero a muy medio plazo compensará. Dios salve a la Europa reguladora, debería ser nuestro mantra frente al “perforar y volver perforar” de los machos alfa de las tribus del salvaje oeste.

La crisis que se ha creado con la entrada en vigor de la normativa CSRD y su avalancha de datos, que ha puesto a tantos tan nerviosos en nuestra vieja Europa, puede convertirse en un elemento de impulso económico si se maneja adecuadamente. Actualmente, la  impresión generalizada es que una mayoría de empresas se ha tomado todo esto de la CSRD sólo como una molestia que obliga a disponer de personal, recursos y dinero extra que no se sabe muy bien cómo rentabilizar; mientras que son todavía una minoría las empresas que están descubriendo en sus informes de CSRD los datos precisos sobre riesgos ocultos e ineficiencias operativas inadvertidas cuya solución les puede proporcionar un plus de competitividad frente a los que sólo ven gasto inútil en todo esto. Es evidente, por otra parte, que los costes de poner en marcha el primer año las exigencias de la normativa CSRD son altos al principio, cuando se parte de cero en todas las cuestiones, pero que esos costes se reducen drásticamente en ejercicios posteriores.

La UE presentará una Ley Ómnibus prudente, con una reducción de entre el 25% y el 35% de las obligaciones de reporte de información para las empresas

Por la información que ha trascendido, el próximo 26 de febrero la Comisión Europea presentará una Ley Ómnibus que en mi opinión es bastante prudente, con una reducción del 25% de las obligaciones de reporte de información para las grandes empresas y del 35% para las pymes, eliminando requisitos redundantes y simplificando un buen número de procesos administrativos. Más de esto no debemos estar dispuestos a permitir que se desregularice. Eliminemos las ineficiencias y los errores, pero mantengamos las esencias de lo que nos define como territorio donde se hacen bien las cosas. Blindemos la Europa reguladora. Pero me temo que la presión franco germana va a ser muy fuerte y el texto que se presente para su aprobación final sea muy restrictivo. Alemania está en plena campaña electoral y el discurso de que su decaimiento se debe en buena parte a la regulación excesiva que limita su crecimiento, es casi dominante.

Los malos tiempos pasan y cuando eso suceda el problema del cambio climático seguirá ahí; la transición energética seguirá pendiente; el petróleo seguirá manchando y contaminando; la conservación ambiental seguirá exigiendo medidas y soluciones y la sensibilización mundial por estas cuestiones seguirá igual o más acentuada. Entonces prosperarán mucho mejor los que tengan herramientas para competir en ese entorno y no los reyes de la selva.