Las noticias de prensa se multiplican estos últimos días sobre el parque de Doñana. La actualidad la marca la toma en consideración en el Parlamento andaluz de una proposición de ley “para la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva” que ampliaría el suelo agrícola de regadío en la corona norte del Parque Natural de Doñana.

Afectaría potencialmente a unas 750 hectáreas. Una oficina técnica iría supervisando, caso a caso, unas 650 explotaciones agrarias y un millar de agricultores que en 2014 fueron catalogadas como suelo forestal. Desde el gobierno andaluz, se calcula que aproximadamente la mitad de esas explotaciones podrían pasar a ser de regadío, dependiendo de la obtención de derechos del agua (en todo caso, aguas superficiales y no con agua del acuífero), a su vez supeditados a que haya recursos y a obras pendientes de ejecución. Se ha llegado a decir que esta autorización mejoraría la situación del Parque ya que muchas de estas hectáreas se están regando hoy de forma ilegal con aguas subterráneas.

Doñana se está muriendo. Estamos hablando de un parque con una superficie total de 54.252 hectáreas y una zona periférica de protección de 74.278,95 hectáreas, incluyendo tanto la zona periférica de protección del parque nacional como el territorio del parque natural colindante. Está clasificada desde 1981 como reserva de la biosfera, ampliada en 2016 hasta las 268.294 ha y es (entre otros) Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1994.

Doñana se está muriendo de sed, y no solo por la sequía que volvemos a atravesar este año y la falta de lluvia también en los años anteriores. La demanda de agua, en primer lugar desde la industria turística y la agricultura de regadío del entorno, supera la oferta que estaría disponible una vez separadas las necesidades del Parque.

Obviamente, la proposición de ley que estamos comentando no mejora la situación. Pero si hemos llegado a este punto es porque, desde hace décadas, las distintas administraciones han mirado para otro lado, tanto la nacional como la autonómica, tanto la diputación como los ayuntamientos, con gobiernos del PSOE y con gobiernos del PP.  Se ha llegado a denunciar, por ejemplo, que hay regadíos ilegales en terrenos municipales cedidos a los agricultores.

Se ha creado, sobre el terreno, una situación terriblemente compleja. Los regantes legales corren el riesgo de verse sin el agua a la que tienen derecho; muchos regantes ilegales nunca han aceptado verse excluidos de las distintas regularizaciones que ha habido en el pasado; algunos se consideran incluso regantes ilegales, cierto, pero tradicionales también. Todos insisten en su contribución a la creación de riqueza y empleo en la zona.

Algo está cambiando en el ámbito político. En esta última legislatura, el gobierno del Estado ha aprobado un Marco de Actuaciones para Doñana, con una inversión prevista de más de 356 millones de euros. Una de las medidas estrella es una partida específica de 100 millones de euros para explorar la posibilidad de recuperar fincas y derechos de agua. Quizás sea este cambio una de las razones que explica (además del calendario electoral) las prisas del gobierno andaluz.

Muchos perdedores

Pero toda acción tiene sus consecuencias y conviene identificar a los potenciales perdedores. En primer lugar, va a perder el planeta, los pájaros y toda la industria turística que se mueve entorno al disfrute ordenado y responsable de la naturaleza y el parque.

Perderían los contribuyentes. No cabe ninguna duda que la Comisión Europea reclamaría de la Corte de Justicia Europea la imposición de sanciones por incumplimiento de sus decisiones. Como las competencias son compartidas (la confederación hidrográfica depende del MITECO y el problema viene de lejos), las multas las pagarían en primer lugar los contribuyentes andaluces, pero también los del resto del Estado.

Perderían los productores de frutos rojos, los legales y los ilegales. No me cabe ninguna duda que poderosas ONG europeas lanzarían una campaña de boicot en Europa a los productos españoles. Ya han avisado las cadenas de supermercados europeos que están decididas a dejar de comprar frutos rojos españoles.

Perderían todos los demás productores de frutas y hortalizas españolas. ¿Alguien cree que la mala imagen que esta campaña desataría de las fresas, frambuesas y arándanos españoles, no va a desteñir sobre las restantes frutas y hortalizas exportadas y, en primer lugar, las exportaciones de hortalizas de invierno de Almería, Murcia y Valencia?

Evidentemente, la iniciativa legislativa andaluza ha tenido buena acogida entre sus potenciales beneficiarios. Todavía hay margen para evitarla. La proposición todavía no está aprobada. Si se llega a publicar en el Boletín Oficial, el gobierno del Estado ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Luego quedaría el último recurso ante un desacato a la autoridad del Estado, la aplicación parcial del famoso artículo 155.