La Unión Europea (UE) hace una apuesta firme por la sostenibilidad. El Pacto Verde Europeo incluye el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en el año 2030. Además, también incluye una serie de iniciativas, que afectan a diversos sectores, que pretenden lograr un sistema económico neutral en carbono en el año 2050. Para lograr dicha meta, es fundamental la financiación de los proyectos que ayudarán a realizar la transición. Con ese fin, la UE anunció en el año 2018 el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles.

Este plan se está traduciendo en una serie de regulaciones que van a afectar a todas las áreas de la industria financiera. Algunas de las normativas más relevantes, como la taxonomía de la UE, que define las actividades que se consideran sostenibles desde un punto de vista medioambiental; el reglamento de divulgación de finanzas sostenibles, que obliga a las entidades financieras a explicar cómo integran los temas de sostenibilidad en sus productos de inversión, o la normativa Green MiFID, que obliga a los asesores financieros a preguntar a sus clientes por sus preferencias de sostenibilidad, están transformando el sector financiero.

Sin embargo, el Plan de Acción no se limita a entidades financieras, sino que afecta también al resto de compañías. En enero de 2023 entró en vigor la Directiva de Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés), que obliga a todas las grandes empresas y pymes cotizadas en bolsa a proveer información sobre los temas relevantes en sostenibilidad. Por otro lado, estas organizaciones también deberán reportar la alineación de sus actividades con la taxonomía de la UE.

La nueva directiva mejora la ley de reporte de información no financiera, que entró en vigor en el 2018, ampliando el número de empresas, hasta las 49.000, según los datos de la UE, que desde ahora están obligadas a emitir este tipo de reportes. Además, esto promueve que los datos compartidos estén estandarizados y sujetos a auditoría por expertos independientes.

En los próximos años, y sujeto a unos calendarios que se irán aplicando según el tamaño y circunstancias de las empresas, muchas compañías se verán obligadas a reportar por primera vez en cuanto a los temas relacionados con la sostenibilidad. A esta obligación, enmarcada en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, se une toda la normativa derivada del Pacto Verde Europeo, que afecta a áreas como las emisiones de gases, residuos y envases, la gestión de riesgos ESG en las cadenas de suministros, etc. Para muchas empresas, especialmente las pymes, todo ello se traducirá en la necesidad de elevar la importancia de estos temas en la gestión y la estrategia empresarial.

En definitiva, un tsunami regulatorio para las empresas en un contexto en que los proveedores de financiación, incluyendo la banca, tienen grandes incentivos para tener en cuenta la sostenibilidad en sus decisiones financieras. Para las instituciones financieras, no se trata solo de implementar la regulación del Plan de Acción, sino que también deben tener en cuenta estos aspectos en su gestión de riesgo. Entre los grandes riesgos a nivel global se encuentran varios relacionados con la sostenibilidad, sobre todo con el medio ambiente. En consecuencia, una mala gestión de la sostenibilidad puede convertirse, fácilmente, en un riesgo financiero, en la medida que aquellas empresas que no gestionen bien estos temas, por ejemplo, podrían tener cada vez más difícil, o más caro, el acceso a la financiación. Un hecho que supone un nuevo reto para el mundo empresarial en estos tiempos convulsos.