Por primera vez desde el 2007, tal y como se desprende del tercer barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) del 2024, el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de los catalanes, muy por delante de la política, la inseguridad ciudadana y la sanidad. De hecho, y para ser más exactos, hablamos de un 20% de la población de Cataluña que la apunta como primera preocupación, una cifra que hasta hoy únicamente se había visto superada en el momento más álgido de la burbuja inmobiliaria.

Ahora bien, caeríamos en un error si ciñéramos esta circunstancia en el ámbito exclusivo de Cataluña. La situación de la vivienda, en nuestra casa y también en el resto del Estado, es un problema enquistado y de nada fácil solución. Y más todavía en un momento de sangrante colisión entre los salarios y los precios de la vivienda.

Un 20% de la población de Cataluña apunta el acceso a la vivienda como primera preocupación, por delante de la política, la inseguridad y la sanidad

La falta de oferta y el encarecimiento del alquiler son una barrera a menudo infranqueable para muchas personas. Si bien es cierto que el Govern de la Generalitat ha activado la edificación de 4.000 viviendas de alquiler asequible, la gran mayoría en el área metropolitana de Barcelona, desgraciadamente se trata de una medida que verá la luz, previsiblemente y si nada lo torpedea, entre el 2025 y en el 2029. Una promoción que se enmarca en el objetivo del Gobierno catalán de construir 50.000 viviendas públicas de aquí a 2030.

Pero no es la primera vez que escuchamos este mismo compromiso y esta misma cifra, 50.000 pisos. El expresidente de la Generalitat, José Montilla, ya la incorporó en su proyecto de gobierno a finales del 2006. Y desde entonces, 18 años después y con cuatro nuevos presidentes (Artur Mas, del 2011 en el 2016, Carles Puigdemont, del 2016 en el 2017, Quim Torra, del 2018 en el 2021, y Pere Aragonès del 2021 en el 2024), Cataluña sigue en la cola de Europa en vivienda pública.

Hace poco más de una semana, decenas de miles de personas se movilizaron en el centro de Barcelona para reclamar una vivienda digna, con la amenaza de una huelga de alquileres. La capital catalana se erigió en portavoz de la indignación masiva de una población que ya ha dicho basta. Porque este es el verdadero drama, el mientras tanto, la inmediatez de esta emergencia de país. Y es que más allá de las muchas promesas y de los reiterados incumplimientos a que nos tienen acostumbrados los diferentes gobiernos de turno, hablar del 2030, de futuribles, hoy, ahora, cuando es una inmensa mayoría de la población la que malvive en gran medida como resultado del encarecimiento desmesurado de la vivienda, es exactamente lo mismo que planificar la jubilación cuando todavía no sabemos si llegaremos.

Tengo que decir que sí, que empatizo totalmente con el enfado popular de quien se manifestó en las calles. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Tenemos un problema, real, duro y extremamente grave. Y eso no se silencia con promesas y buenas intenciones, hacen falta hechos y políticas efectivas. Pero no, no puedo compartir de ninguna manera esta reivindicación de rebajar en un 50% el precio de los alquileres. Y todavía menos puedo secundar la convocatoria de una huelga de pago de los alquileres si eso anterior no se materializa. Porque tener la razón, mal a nuestro pesar, no significa en absoluto tener barra libre para hacer y deshacer, por encima de todo y de todo el mundo. Este clamor a la desobediencia colectiva es una pésima iniciativa que tan solo agravaría la tensión en torno a un problema sin soluciones mágicas y que de ninguna manera se resolverá con medidas de presión.

La desobediencia colectiva es una pésima iniciativa que agravaría la tensión en torno a un problema sin soluciones mágicas y que no se resolverá con medidas de presión

Nos equivocamos cuando ponemos todo el foco en los propietarios, señalándolos como máximos instigadores de este drama social. Porque no todos son grandes tenedores o especuladores. Hay también muchos rentistas legítimos y hay que respetar este derecho a la propiedad. Promover el impago de las rentas alimenta la inseguridad y fomenta el adelgazamiento de la oferta.

Son las administraciones, las que tienen que liderar estas medidas activas que den respuesta al actual déficit habitacional. Y eso trasciende los límites temporales de cualquier legislatura. Urge más que nunca un verdadero pacto de país, reunir todos los actores que pueden decir y hacer, las formaciones políticas que nos representan, las empresas y los expertos del sector, y dejarse de historias. Es necesario cortar la especulación y acortar la burocracia que eterniza la construcción de vivienda. Y hay que empezar a abordar seriamente esta precariedad laboral que no genera condiciones de vida dignas. Porque no podemos ser un país de progreso cuando nuestra gente afronta el elevado e irrefrenable encarecimiento de la vida con los mismos salarios de hace diez años.

La creciente desigualdad amenaza con devolvernos en un escenario pasado que muchos creíamos superado: el dominio de las élites y una colosal división social.