El Banco de España ha anunciado recientemente que nuestro país necesitará más de 24 millones de migrantes durante los próximos 30 años para poder sostener el actual sistema de pensiones. Según este mismo organismo, el envejecimiento de la población ya supone un incremento destacable del gasto público, tanto en pensiones como en sanidad y cuidados de larga duración; una dinámica que se agudizará en el futuro próximo.

Y es que la realidad no hace sino afianzar los peores presagios. La población española envejece de manera progresiva y sin traba. Según los datos del último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada cinco habitantes tiene al menos 65 años. Y mientras que la población de más de 64 años creció un 2,1% en el último año, la de menores de 16 años se acortó un 0,6%. El resultado, pues, es que hoy la población en edad de jubilación supera la de niños y adolescentes en más de dos millones y medio de personas.

España es el segundo país de la UE cuya población envejeció más en la última década. El envejecimiento de la población pone en un difícil compromiso el estado del bienestar y los sistemas de pensiones europeos. Porque no tan solo aumenta la edad media de la población sino que crece y de manera alarmante la denominada ratio de dependencia de la población mayor, que mide la proporción entre los mayores de 65 años comparado con la población en edad de trabajar entre los 15 y los 64 años. En el Estado español haría falta que en 2053 se triplicaran las previsiones que hace el INE sobre los extranjeros residentes para que pueda mantenerse igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas.

Sin embargo, en el debate público, las preguntas que se ponen sobre la mesa son precisamente qué hacemos con las diversas decenas de miles de migrantes que llegaron a Canarias este 2024. Decenas de miles cuando en términos de población activa hablamos de millones.

Seguro que no será la primera ni la última vez que oiremos proclamas del tipo los extranjeros nos quitan el trabajo, los inmigrantes empeoran nuestras condiciones laborales, la crisis se podría haber evitado si hubiéramos recibido a menos inmigrantes, se llevan la mayoría de ayudas sociales y subsidios, colapsan la sanidad y elevan el gasto público, vienen por nuestro estado del bienestar, reciben más de lo que aportan… El rechazo a la inmigración es una realidad y un debate recurrente en las sociedades occidentales por elementos económicos objetivos como son la crisis económica, la vulnerabilidad económica de muchos hogares y la exposición a la competencia laboral de los trabajadores.

En este sentido, el número de ciudadanos, y sobre todo los jóvenes, es clave para garantizar las pensiones en un sistema de Seguridad Social basado en la solidaridad entre generaciones: aquellos que ahora trabajan pagan las pensiones de los que en su momento ya contribuyeron al sistema a través de las cotizaciones sociales. De manera global, la población de las economías avanzadas se encamina a un envejecimiento progresivo y guste o no solo hay dos maneras de sumar ciudadanos: teniendo hijos o recibiendo inmigrantes. Y precisamente estas son dos de las medidas que el Fondo Monetario Internacional ha recetado a España para solucionar la crisis de las pensiones.

En Catalunya la tasa bruta de natalidad se sitúa en los 7,2 bebés nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. El índice coyuntural de fecundidad (ICF) se sitúa en 1,17 hijos por mujer, el valor más bajo del siglo

Economistas de reconocido prestigio siguen proponiendo la inmigración como solución a muchos de los problemas que la baja natalidad y el envejecimiento consiguiente generan sobre la economía y otros aspectos diversos de la realidad social. Porque la realidad de hoy es que la sociedad autóctona cada vez tenemos menos hijos. Vivimos más años y lo hacemos con apenas descendencia. En Catalunya, por poner un ejemplo, la tasa bruta de natalidad se sitúa en los 7,2 bebés nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. El índice coyuntural de fecundidad (ICF) se sitúa en 1,17 hijos por mujer (1,21 hijos el año 2021), el valor más bajo del siglo. El índice, por lo tanto, está muy distante del 2,1 hijos por mujer en el que se sitúa la tasa de reposición de la población.

Delante de este escenario es inevitable hablar de abrir las puertas de entrada a Europa si queremos mantener todos los equilibrios que dan lugar a nuestro sistema de bienestar más básico. Ahora bien, como todo en la vida hay que hacer las cosas de manera ordenada, hace falta una solidaridad planificada que no alimente proclamas fascistas, nazis, racistas, homófobas o machistas. Porque la migración es beneficiosa para todos si se gestiona de forma correcta. Y eso pasa por una plena integración, por la adaptación a las costumbres y la participación en la vida social del país, y por el uso de la lengua propia del país de acogida.

Y es que la evolución demográfica de los últimos años, como es conocido y perceptible, ha venido marcada por la inmigración de fuera del Estado español. Dos tercios de la población de Catalunya tiene algún origen migrante. El Centro de Estudios Demográficos (CED) dice que la migración del siglo XXI ha aportado 1,5 millones de personas, ante las 200.000 de crecimiento natural.

Se nos presentan tres grandes retos de país. En primer lugar, gestionar un territorio más poblado con dinámicas internas bien diferenciadas como el despoblamiento o la gentrificación. En segundo lugar, cohesionar una población cada vez más diversa y, en tercer lugar, y no por eso menos importante, adaptar las transferencias públicas y privadas a una estructura de edad progresivamente envejecida.