La lista de importaciones vetadas de Rusia ha crecido poco a poco desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero un producto clave para la economía rusa ha sido eludido hasta ahora, los fertilizantes.

El acceso a gas barato, unido a unas reservas de minerales clave, sitúan a este país como el mayor exportador de abonos del mundo, y la Unión Europea necesita estos químicos baratos para producir. Por eso había decidido dejarlos al margen pese a que son una importante fuente de ingresos para el Kremlin

Ahora, la Comisión Europea ha planteado acabar con esta excepción e introducir un arancel de hasta el 100% a la importación de una serie de productos agrícolas rusos, incluidos los tipos más comunes de fertilizantes.

Un problema importante

Las importaciones de fertilizantes procedentes de Rusia, uno de los mayores actores del mercado mundial, alcanzaron en 2023 los 3,6 millones de toneladas, 1.280 millones de euros, más del 25% de las importaciones totales del bloque en términos de volumen. En los primeros seis meses de 2024, han repuntado hasta 2,59 millones de toneladas frente a los 1,73 millones de 2023. En España esa subida es todavía más intensa, con 163.433 toneladas entre enero y junio, la segunda cifra más alta de la década.

Esto explica la oposición a esta medida que han manifestado, tanto, los agricultores europeos. Subrayan la paradoja que “el mismo día que la Comisión Europea daba a conocer la Brújula Estratégica para la competitividad de la UE, también presentó una propuesta con vistas a imponer sanciones a los fertilizantes provenientes de Rusia y Bielorrusia; una iniciativa que provocará efectos de gran calado en la producción agropecuaria y la competitividad de dicho sector. Sin una estrategia clara de diversificación, los agricultores europeos acabarán pronto entre la espada y la pared”.

Una decisión eminentemente política y estratégica…

Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de un tema estratégico clave para Europa, aún más hoy cuando desde Estados Unidos vienen señales contradictorias y a menudo sorprendentes.

Las olas de sanciones anteriores crearon dificultades en otros sectores de la economía. Cabe recordar, por ejemplo, la histórica gran dependencia de Alemania del gas ruso y el impacto que han tenido las sanciones sobre la competitividad de la industria del mayor contribuyente neto al presupuesto comunitario. El estancamiento del crecimiento del PIB europeo no se explica sin estos factores.

Por lo tanto, no parece que las dificultades que estas nuevas medidas pueden crear para la agricultura europea puedan ser argumentos capaces de frenar esta decisión. En España, el 15% de nuestras importaciones vienen de Rusia.

La propuesta responde a una petición expresa de los líderes de la Unión Europea, realizada en la Cumbre del 17 de octubre del año pasado. La decisión no está en las manos de los Ministros de Agricultura, sino que debería estar en la mesa de los de Comercio, o incluso de Asuntos Exteriores.

Predecir las decisiones políticas en un mundo de incertidumbres crecientes como el actual es siempre difícil. Pero me atrevo a pronosticar que si no se acaba el conflicto en Ucrania en los próximos meses (cosa improbable, pero no totalmente imposible), la ampliación del campo de las sanciones se debería aprobar.

…con consecuencias

Esta aprobación tendría consecuencias para el sector agrario europeo. A corto plazo, estamos hablando de un encarecimiento de un insumo vital para la agricultura tal y como la conocemos, en un momento políticamente inoportuno. Viene a sumarse al malestar con la manera con la que la Comisión ha querido llevar a cabo la implementación del pacto verde europeo, que llevó a las manifestaciones del año pasado y a generalizada oposición al acuerdo con Mercosur.

A largo plazo, no hay mal que para bien no venga, pero quién sabe lo que puede acontecer cuando hablamos de largo plazo. Va a reforzar y hacer más creíble la necesidad de una transición agroecológica, hacia una agricultura capaz de seguir siendo productiva pero más intensiva en conocimientos, en ecología y agronomía.

Frente al descontento de los productores agrarios, la solución más fácil sería recurrir, una vez más, a ayudas compensatorias para cubrir (y si posible algo más) el sobrecoste relacionado con los aranceles impuestos. Sería la solución más fácil, siempre que se pueda encontrar los recursos presupuestarios, pero sería pan para hoy y hambre para mañana.

Más útil sería el movilizar los fondos que se puedan conseguir para afianzar la mencionada transición agroecológica. Estamos hablando de formación y experimentación, de asesoramiento e investigación, de ayudas adicionales para aquellos que intenta cambiar sus modos de producción.

Muchos sienten ya que, con las prácticas tradicionales, el futuro es más que incierto. Hay que transformar este desasosiego en energía positiva

El instrumento de los ecoregímenes, ya previsto en la versión actual de la Política Agraria Europea, podría ser, junto con las ayudas medioambientales, de gran utilidad.

Se trata de convencer de la necesidad de los cambios y no de imponer. El nuevo reto del sobrecoste de los abonos es buen momento para responder en positivo a las inquietudes de los agricultores.

Muchos sienten ya que, con las prácticas tradicionales, el futuro es más que incierto. Se trata de transformar este desasosiego en energía positiva y no en desesperación.

Europa está en un momento ideal para comprender que ha aprendido la lección del despotismo ilustrado del exvicepresidente Timmermans y que el cambio de actitud que se ha anunciado es ya una realidad.