La investidura de Pedro Sánchez ha pasado por acuerdos explícitos o tácitos en el frente de la financiación autonómica. A la luz de estos, de lo que los expertos han estudiado y propuesto (por ejemplo, en el Libro blanco de 2017), de la coyuntura política y de lo que nos enseña la historia reciente, me atrevo a dibujar el escenario que nos aguarda en los próximos años. En particular, qué es lo que no veremos y qué es lo que podríamos llegar a ver.

La próxima legislatura no será la de la revisión al alza del cupo vasco y la aportación navarra. Aunque la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a esto somos conscientes de que las cantidades actuales son extraordinariamente bajas y generan injusticia y agravios comparativos, la importancia de los partidos nacionalistas vascos en el Congreso hace imposible que se pueda acometer el cambio en los parámetros.

Tampoco será la legislatura de la aprobación de un sistema similar al foral para Catalunya. La cesión del 100% de todos los tributos, defendida por Junts, será imposible para el Gobierno de España. Se mantendrán las diferencias de criterio plasmadas en el texto del acuerdo. Las implicaciones políticas y financieras de un cambio de tal calado reventarían las costuras territoriales del propio PSOE, lo que haría inviable la aprobación en el Congreso del nuevo marco legislativo.

En 2024 asistiremos a decisiones sobre la reestructuración de la deuda autonómica con el Tesoro, en particular el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Pero creo que no irán en la dirección pactada por el PSOE y ERC. Porque una condonación del 20% para Catalunya es claramente insuficiente para normalizar la situación y volver a los mercados. Dada la enorme magnitud de la deuda, tendríamos que estar hablando de porcentajes superiores al 50%. Por eso creo que lo que finalmente veremos será una discusión multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se discutan soluciones que efectivamente permitan a Catalunya o a la Comunidad Valenciana volver a los mercados y que sean asumibles por una amplia mayoría de comunidades autónomas. Y no hay que olvidar que el poder autonómico basculó hacia el PP en las elecciones de 2023. Plazos de devolución del principal muy extendidos y tipos de interés muy por debajo de los de mercado pueden ser el camino. Sin descartar que se asuman argumentos de infrafinanciación objetivables como los que han padecido en la última década las comunidades situadas por debajo del 100% en financiación por habitante ajustado: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Asistiremos a decisiones sobre la reestructuración de la deuda autonómica, podríamos reformar elementos de cogobernanza y sería deseable afrontar una "minireforma" de la financiación

Un frente en el que podríamos ver avances significativos es en el de la gobernanza multinivel. Sin necesidad de aprobar cambios constitucionales, podríamos reformar tres elementos de cogobernanza centrales: la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y las Conferencias sectoriales. Sin entrar en detalle, la idea es que con el reforzamiento de estas tres herramientas podríamos reemplazar las carencias institucionales que España muestra cuando la comparamos con estados federales como Alemania o Canadá. No tiene sentido estar en el top 5 de los países más descentralizados de la OCDE, según varios de los indicadores habituales en la literatura, y no contar con los mecanismos necesarios de coordinación, codecisión y compartición de preocupaciones y experiencias para que el sistema funcione eficientemente.

Finalmente, creo que sería posible (y deseable, añado yo) afrontar una “minireforma” del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común que solvente algunos de sus problemas de aplicación. Sin cambiar su estructura, podríamos eliminar la infrafinanciación que sufren algunas comunidades, cambiar la fórmula de cesión del IRPF para que las decisiones autonómicas se trasladen con celeridad a retenciones e ingresos autonómicos y otras modificaciones técnicas pendientes. En paralelo, sería conveniente llegar a un acuerdo sobre la traslación al ámbito autonómico y local de las reglas fiscales europeas, hoy a punto de ser reformadas. La experiencia de la última década debería iluminar el camino para encontrar soluciones inteligentes.