A veces pienso que la sociedad civil, y quien dice que la representa, peca de ingenuidad más que de botiflerismo. Vivimos, parece, atemorizados a la hora de hacer valer nuestros derechos, voluntades o perjuicios si se quiere. Existe todavía una mayoría soberanista en el país y parece que tenemos que pedir perdón para hacerla valer contra los que niegan las aspiraciones que esta persigue. No hablo de independencia, sino de soberanía, de una ciudadanía que aspira a una autonomía más plena que la que da hoy el régimen común de la descentralización autonómica. Un café para todos que incluye naciones, nacionalidades o regiones: desde las históricas a las de nueva creación de comunidades apañadas como la andaluza, anexionando Almería, habiendo sustraído Albacete de Murcia, para convertirla en cola de ratón de Castilla-La Mancha, o ahora León, despegada de la antigua 'Castilla la Vieja'.

La defensa de una financiación para Catalunya fuera del régimen común, que agrupa a la gran mayoría de CCAA, que ya les va bien con la descentralización que se les ha dado —de hecho, la opinión expresada confirma que cree excesiva y preferiría una recentralización—, de ciudadanos que todavía se sienten más próximos a sus diputaciones provinciales que a las comunidades creadas y las capitales de comunidad designadas, lo tiene que poder hacer Catalunya en pecho descubierto. ¿Por qué razón nos tenemos que arrugar ante el interés de nuestra permanencia para contribuir solidariamente a la financiación de otras CCAA que siguen despotricando contra la supuesta avaricia catalana? ¿O no es cierto que la solidaridad ya es lo bastante diáfana sobre la base de la diferencia entre la capacidad fiscal reconocida por Catalunya y los recursos per cápita reales recibidos? ¿O es que no es obvio todavía reconocer que los argumentos de redistribución que no tengan que ver con la financiación de servicios básicos de gasto corriente, sino en convergencia regional de rentas per cápita, tendrían que estar fuera de las transferencias autonómicas?

Existe todavía una mayoría soberanista en el país y parece que tenemos que pedir perdón para hacerla valer contra los que nos niegan las aspiraciones

Entre otras razones, ya que el desarrollo regional tiene que ver, sobre todo, con la inversión, como palanca del crecimiento de la renta privada, y no con el consumo público por la vía de la creación de empleo funcionarial, que poco aporta a reducir la desigualdad personal interna. La solidaridad se concreta por aquellas áreas básicas del estado del bienestar ('esenciales' y 'fundamentales' dice la Ley: no para cualquier servicio que se le ocurra dar gratuitamente a una Comunidad), para el suministro de políticas universales (para todos los ciudadanos, ricos y pobres) independientemente de la capacidad de generar ingresos de cada Comunidad. Y eso, hecho desde el lógico respecto del principio de ordinalidad, desde la nivelación nunca completa —para favorecer unos mínimos de responsabilidad fiscal— y en ningún caso para incorporar como referente de la población, hoy ya ajustada, añadiendo la renta per cápita en proporción inversa, como algunas CCAA pretenden. La tarea de financiar el desarrollo económico y la convergencia regional es estatal y europea (vía FEDER y Fondo Social Europeo) y no a cargo de otras Comunidades.

Con argumentos que parecen tan evidentes, sorprende el prácticamente nulo eco de la reivindicación catalana soberanista en los medios de comunicación estatales, incluso de los públicos que pagamos entre todos, a la vez que los nuestros hacen lo imposible por mostrar su pluralidad, dando entrada a los negacionistas de las aspiraciones catalanas hoy dominantes. Y somos a menudo nosotros mismos los que parece que así queremos ganar legitimidad, introduciendo a menudo una narrativa que bastante demagógicamente puede acabar generando dudas puertas adentro, mientras que puertas afuera las posiciones contrarias no respetan una simetría mínima. Como desigual es la disposición y utilización de las fuentes estadísticas y los medios de los que dispone la Administración Central y los think tanks que les sirven, de nuevo pagados también por los catalanes, y a veces desde el sentimiento de que la parte catalana va a trancas y barrancas para hacer valer sus derechos, por mucha razón que tenga. Y así nos va.