El acuerdo para la reforma de la financiación de Catalunya entre ERC y PSC, al cual se sumó el PSOE y que, por lo tanto, asumió el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido una de las noticias económicas del año. Pero está todo por hacer, y es uno de los grandes retos del 2025. El acuerdo, que se basa en la propuesta de financiación singular del Govern de Pere Aragonès, es vago, demasiado general para ser considerado un éxito si no se completa con pactos concretos que se lleven a la realidad.

El desarrollo del acuerdo no solo es un reto, sino también una probable carrera de obstáculos, un camino lleno de trampas tendidas para aguar una reforma que hace más de una década que es necesaria. Ya avisó Joan Canadell, de Junts, hace unos días en un debate sobre la financiación en el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC): "Al Estado español lo conocemos todos. Hecha la ley, hecha la trampa. Ya buscarán la manera de subir el déficit fiscal".

El desarrollo del acuerdo de financiación no solo es un reto, sino también una probable carrera de obstáculos, un camino lleno de trampas

Esta sensación de que en los poderes del Estado no se puede confiar, sean gobernados por el PP o, como ahora, por el PSOE, no es exclusiva de las filas de Junts. Demasiadas promesas incumplidas, demasiadas frases grandilocuentes que se lleva el viento –como el ya mítico "apoyaré la reforma del Estatuto de Catalunya que apruebe el Parlamento de Catalunya" de José Luis Rodríguez Zapatero- y demasiados presupuestos con inversiones en medio ejecutar para decir blat si todavía no sabemos si tendremos el saco o seguiremos poniendo el dinero en el saco de Madrid.

Por todo ello, creo que es importante marcar las líneas rojas de forma clara. En las páginas de ON ECONOMIA pueden leer mejores análisis de cómo tiene que ser la financiación, cuál es el modelo más justo, más equitativo o más favorable, así como sobre la necesidad de que las autonomías tengan responsabilidad fiscal. Guillem López-Casasnovas, uno de los grandes estudiosos de la financiación, lo ha explicado en varios artículos, y en el último desmontaba el discurso de Madrid en contra de la reforma. Y el economista Josep Reyner también ha defendido la necesidad de una nueva financiación. Por eso, yo no entraré en el fondo, sino en lo que creo que tienen que ser los irrenunciables, así como en las dudas, más políticas que económicas, de la cuestión.

Las tres líneas rojas

La primera línea roja que tiene que poner el Govern, y también los partidos catalanes –principalmente Junts y ERC- que tienen que darle apoyo tanto en el Parlament como en el Congreso, son mantener la ordinalidad. De hecho, sobre el papel todos han estado siempre de acuerdo: en el anterior acuerdo, de hace más de 15 años, redactado por el PSC, ya se incluía. El problema, como pasa con las inversiones, es que no se cumplió.

El principio de ordinalidad garantiza un límite al déficit fiscal. Si Catalunya es la tercera comunidad autónoma que más aporta por habitante, tiene que ser la tercera que más recibe. Por lo tanto, no podrá perder mucho y la financiación no supondrá una pérdida de competitividad con respecto a otras comunidades autónomas, como pasa actualmente.

El principio de ordinalidad garantiza un límite al déficit fiscal, mientras que tener la llave de la caja te blinda ante incumplimientos

El segundo irrenunciable debe ser tener la llave de la caja, como tienen el País Vasco y Navarra. Seguiría sin ser un concierto, porque habría solidaridad, pero daría a Catalunya autonomía fiscal. Por un lado, dotaría al país de una estructura, la Hacienda catalana cogería volumen, entidad y experiencia. Por otro, le daría iniciativa y fuerza negociadora, y lo blindaría ante posibles incumplimientos: si ya no es el otro quien recauda el dinero y los reparte, sino que lo haces tú, el otro no te puede dar menos de lo pactado. Eres tú el garante del acuerdo. Para conseguirlo, el Govern tendrá un enemigo más fuerte que el mismo Gobierno: los sindicatos, que se oponen al traspaso porque no quieren que los funcionarios de Hacienda se subroguen a la Generalitat.

La tercera línea roja tiene que ser la bilateralidad. Catalunya tiene que poder negociar de tú a tú con el Ejecutivo del Estado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es una auténtica trampa sin salida por el uso perverso que hacen del mismo los gobiernos españoles de turno. La Moncloa lo controla y cuenta, además, con el habitual apoyo de las autonomías de su color político, mientras los del otro color, y los catalanes, nos quejamos sin que nuestro clamor llegue a ninguna parte.

Catalunya tiene que negociar de tú a tú para evitar las interferencias del resto de presidentes autonómicos en la mesa. Harán ruido, pero lo harán fuera

Además, como advertía hace unas semanas, en la misma jornada del CEC, otro economista con experiencia con la financiación, en realidad todas las comunidades tienen un trato bilateral. Albert Carreras de Odriozola, secretario de Economía y Finanzas con Andreu Mas-Colell de conseller, explicaba que el CPFF no es nada más que la escenificación de los pactos bilaterales a qué llegaban previamente con el Gobierno y se preguntaba por qué se le negaba a Catalunya la bilateralidad que tenían el resto de comunidades autónomas.

La respuesta es sencilla: si la cuestión de la independencia de Catalunya es extremadamente delicada, la del dinero quizás todavía lo es más. Nadie quiere que una de las regiones que más aporta y menos recibe deje de sufrir déficit, porque piensan que supondría que ellos tuvieran menos recursos, y agitando la catalanofobia, lo venden a la ciudadanía bajo el falaz argumento de que los catalanes se quieren quedar lo que es de los extremeños, andaluces, manchegos o quien sea. Catalunya tiene que negociar de tú a tú para evitar las interferencias del resto de presidentes autonómicos en la negociación. Harán ruido, pero lo harán fuera de la mesa de negociación, y el gobierno del Estado les puede bajar el volumen con acuerdos paralelos.

Los dos grandes interrogantes

El futuro modelo de financiación tiene todavía más interrogantes que certezas, pero hay dos que son mayores que el resto. El primero es cuál será el nivel de solidaridad y, lo que es todavía más importante, cómo se calculará. Se tiene que negociar primero la cifra, sea el 2%, el 3% o el 4% del PIB, lejos del 10% en el cual se ha situado últimamente. Pero se tiene que ver también cómo se revisa y si hay letra pequeña.

En el sistema de financiación todavía vigente, aunque caducado, la letra pequeña, que se fue añadiendo, establece una serie de mecanismos de compensación tan complejos que ni los mismos economistas entienden y que acaba suponiendo los desequilibrios que existen actualmente y que ya conocemos. Por lo tanto, tiene que quedar claro el porcentaje del PIB, pero, sobre todo, que no habrá trampa.

El modelo tiene que quedar muy bien blindado, y con una amplia mayoría, para que tenga posibilidades de perdurar en el tiempo

El segundo gran interrogante es cómo se blinda el sistema. En caso de que se acabe aprobando una reforma del sistema, ¿quién garantiza que si en 2027 el PP gana y gobierna, con o sin el apoyo de VOX, no cambie de modelo? Y eso si Sánchez aguanta los dos años y medio de legislatura que le quedan, que es mucho suponer teniendo en cuenta los equilibrios que tiene que hacer para aprobar las leyes importantes. ¿Y si no acaba ni en 2025?

El modelo tiene que quedar muy bien blindado, y con una amplia mayoría, para que tenga posibilidades de perdurar en el tiempo. "Pedro Sánchez" y "amplia mayoría" no son dos conceptos que casen fácilmente, y conseguirla para dar más dinero a Catalunya parece una quimera. Sin embargo, no se puede descartar que el presidente español lo intente y consiga, pero cuesta de imaginar que fuera sin aguar el vino de los catalanes. Hay mucho trabajo que hacer, mucho que negociar y muchos frentes que cubrir. La consellera Alícia Romero tendrá un 2025 movido.