Tengo la impresión de que resolver el tema del cambio en la financiación, que reencaje Catalunya en el Estado autonómico, costará a las partes que negocian la estabilidad parlamentaria mucho más de lo que ha costado la negociación de la amnistía. La razón es que mientras esta última tiene efectos ideológicos, y morales si se quiere, la cuestión de la financiación toca el bolsillo en un juego de suma cero. La mejora de unos se leerá como la pérdida de otros, aunque en términos absolutos este no sea el caso, gracias a los recursos adicionales que se acuerden. Tal es el recelo con que el resto de comunidades, sean del color que sean, se posicionan ante las propuestas sobre la "singularidad" catalana.

De hecho, el acuerdo de la tabula rasa que supone la amnistía, pasado el mal trago de algunos, es trabajo hecho en favor de todos. Y es que, en tema de dinero, la visualización tendrá que marcar diferencias necesariamente respecto de la situación actual. Esta ha sido denunciada reiteradamente desde Catalunya entera como insatisfactoria y, ahora o nunca, con la aritmética parlamentaria podría cambiar. Recientemente, lo han reiterado multitud de organizaciones civiles y empresariales; llueve sobre mojado. Recuerdo muy bien una acción similar de las editoriales de todos los medios catalanes, de todas las tendencias, en favor de la mejora de la financiación; también en actos empresariales, en el IESE sobre el aeropuerto. O en tema de infraestructuras... Y, después de tanto tiempo, todo sigue igual.

Josep Lluís Carod intentó dar un vuelco a los apoyos para una mayor soberanía política y para la corrección del déficit fiscal. Según él, las clases menos favorecidas del cinturón industrial y la nueva inmigración, conociendo que con una mejor financiación tendrían mejores servicios de bienestar, para su mayor beneficio, votarían en consecuencia. Sanidad para todos, servicios sociales universales, buenos salarios mínimos, cuidado de personas mayores... tenían que ganar el voto por la independencia por conveniencia propia. Se decía que era un problema de información. Que, bien explicado, valorarían el bienestar que se anunciaba.

Yo creo que es evidente a estas alturas que esta estrategia ha fallado. El recién llegado, o el "más viejo", no tiene, en general, el sentido de pertenencia que el anterior planteamiento requería; era contradecible desde una estrategia lerrouxista fácil y, en todo caso, la implicación exigida no era sentida a la hora de cambiar el voto.

Sin un resultado lo bastante complicado de obtener, será interesante valorar cómo todos reaccionamos a un nuevo fracaso, como de erosionado quedará el prestigio de todos

La línea ahora seguida parece que es la de implicar a clases empresariales y acomodadas por la vía de las infraestructuras, los déficits de financiación en equipamientos y de cumplimiento presupuestario. Está claro que para muchos de estos una mayor financiación en favor de más gasto social no era bastante reclamo, a la vista de cómo estos colectivos utilizan la sanidad y la educación privadas, o los servicios de dependencia. Pero en temas de infraestructuras las consecuencias son más transversales, interclasistas. Los déficits de Rodalies los pagamos todos; tanto trabajadores que se tienen que levantar más de hora para compensar retrasos como empresarios que observan una menor productividad, atascos en carreteras desde cinturones reclamados que nunca llegan, malos accesos a polígonos industriales, la falta de una vía mediterránea de transporte de mercancías, la insuficiente sustitución de transporte terrestre para un ferrocarril sostenible, la partición de la Línea 9 de metro... y una fiscalidad más elevada para cubrir aquello que no llega con la transferencia autonómica.

Por lo tanto, aquí la duda es cómo reaccionarán los ahora firmantes si no salen en la singularidad deseada del pacto o concierto fiscal, sabedores que son estas soluciones intrínsecas a una ideología liberal como la que representa el empresariado. Sin un resultado, como decíamos, lo bastante complicado de obtener, será interesante valorar cómo todos reaccionamos a un nuevo fracaso; como de erosionado quedará el prestigio de todos juntos. Ciertamente, para los independentistas hacer funcionar el estado autonómico puede suponer un acomodo menor a la nueva situación, que deflacte la reivindicación mayor. Este puede ser, ciertamente, el caso de un statu quo recuperado. Pero creo que, con inteligencia, la mejor gestión del país es condición necesaria, probablemente no suficiente, para recuperar la autoestima de muchos catalanes y convencer a otros de que las cosas solo podrían ir mejor con el incremento deseado de mayores cotas de autogobierno. Pero unos y otros, empresarios y trabajadores, población autóctona y recién llegada... todos necesitamos que ahora el país funcione, y el Govern gobierne.