La semana pasada trascendió que el Banco de España ha emitido un informe destinado al Banco Central Europeo valorando en términos positivos la opa del BBVA para absorber el Banc Sabadell. El Banco de España ha tenido que posicionarse sobre varios elementos en torno a esta potencial operación, incluyendo la liquidez de la entidad resultante, su perfil de riesgo, pero también –y resulta un tema especialmente controvertido– la concentración de mercado o riesgo de monopolio que esta fusión pueda causar.

Este elemento ha sido uno de los principales focos de debate en el complicado asunto entre el BBVA y el Banc Sabadell: no podemos olvidar que el actual BBVA lleva una mochila con los vestigios de Caixa Catalunya y Unnim (Caixa Terrassa, Caixa Sabadell, Caixa Manlleu). De hecho, casi la totalidad de fusiones e integraciones que ha llevado a cabo BBVA en España desde la crisis de 2008 están relacionadas con entidades catalanas, por lo cual absorber la enésima entidad catalana no parece que tenga mucho sentido si lo analizamos en términos de diversidad geográfica y concentración de oficinas.

Otras entidades que también han llevado a cabo múltiples procesos de fusión, como CaixaBank, responden a unos criterios geográficos mucho más razonables –en este caso, Bankia estaba fundamentalmente arraigada en Madrid y Banco de Valencia fundamentalmente en el País Valencià, mientras que La Caixa tiene evidentemente orígenes catalanes. Este aparente contrasentido con respecto a concentrar todavía más el negocio de BBVA en Catalunya lleva inevitablemente a preguntarse por qué otras razones puede tener sentido esta operación, si no es por criterios de diversidad geográfica y reparto de la red de oficinas.

La concentración de mercado es uno de los grandes focos de debate en la opa al Sabadell: no olvidemos que el BBVA ya compró Caixa Catalunya y Unnim

Una de las razones que se han esgrimido como potencial justificación para absorber el Banc Sabadell es el refuerzo de la banca de empresas, y especialmente el segmento de pymes. Si bien es cierto que Banc Sabadell es razonablemente potente en las operaciones con pymes y grandes corporaciones en Catalunya, no es la única opción ni seguramente la más razonable: Bankinter y Deutsche Bank también son bancos con una fuerte inclinación hacia el negocio empresarial, e incluso este último colocó públicamente el cartel de "en venta" a su filial española hace unos meses, mientras que es muy conocido que la fusión con el Banc Sabadell no responde a una voluntad de este de ser absorbido sino todo lo contrario.

Una vez descartada que la opa pueda responder a criterios de diversidad geográfica y considerando que no es la única opción, ni seguramente la más razonable, para reforzar el segmento de negocio de pymes, nos queda una última justificación: que la operación pueda estar influenciada en mayor o menor medida por políticas de Estado.

La alfombra roja a la opa al Sabadell choca frontalmente con la actitud del Estado y Competencia en operaciones como las de Air Europa, Talgo y Telefónica

Esta tesis puede tener sentido por varias razones. La primera, que ya hemos vivido anteriormente varios grados de influencia de los poderes públicos sobre el negocio bancario privado: uno de los episodios más conocidos y comentados es el traslado de sedes de los principales bancos catalanes fuera de Catalunya durante el clímax del procés independentista en otoño de 2017. La segunda, que la alfombra roja a la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell choca frontalmente con la actitud del Estado y las autoridades de competencia y regulación en torno a las otras grandes operaciones corporativas que han ocurrido recientemente: la opa de Iberia sobre Air Europa ha descarrilado para evitar una excesiva concentración de rutas de Iberia en determinados aeropuertos, la opa de una corporación húngara sobre el fabricante de trenes Talgo ha sido frenada por el Gobierno y la fuerte entrada en el accionariado de Telefonica por parte de un gigante de las telecomunicaciones de oriente medio estuvo sucedida por una contundente respuesta del Gobierno en forma de compra de acciones con cargo a los presupuestos del Estado.

Hay que recordar, también, que el BBVA ya no es una entidad eminentemente española sino que es una entidad global, con un fuerte negocio en América y en Turquía, y un reparto del accionariado particularmente global. Cuesta de entender, pues, que el criterio de los diversos organismos públicos entorno de por qué hay que proteger la gobernanza española y la cuota de mercado de determinadas empresas privadas sea tan diverso según cada caso.

Todas las piezas de este puzzle apuntan hacia una misma dirección: que los dos últimos años se ha intensificado la tendencia del Estado español de interferir con las operaciones corporativas de empresas privadas argumentando criterios de estado, en un sentido o en otro. Esta no es una buena noticia: un deterioro de la independencia de las organizaciones privadas a la hora de determinar su mejor estrategia supone un retroceso hacia otros periodos de nuestra historia, en los cuales las presiones del Estado sobre el destino de empresas privadas acabaron perjudicando a los consumidores, a los accionistas y a la competitividad de nuestro tejido productivo.