Futuro, justicia social y renta mínima universal
- Pau Hortal
- BARCELONA. Sábado, 30 de noviembre de 2024. 05:30
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Creo que muchos de nosotros ya somos plenamente conscientes del impacto que va a tener en el empleo la paulatina incorporación de la robótica y la inteligencia artificial (IA). Un ejemplo de ello lo tenemos en el anuncio realizado por Volkswagen a propósito del cierre de diversas plantas industriales en Alemania. Aunque el resultado electoral en Estados Unidos puede plantearnos algunas incógnitas adicionales vamos a vivir, por lo menos a corto plazo, un incremento del desempleo estructural. Una tendencia que, unida al alargamiento de la esperanza de vida, nos obligará a implantar lo que definimos como renta mínima universal (RMU).
El debate sobre la necesidad y los efectos de una RMU lleva varios años planteándose e incluso se han llevado a cabo, en el seno de la Unión Europea (por ejemplo, en Finlandia), algunas experiencias. Un debate relevante, no solo por los aspectos económicos de esta medida, sino también por los efectos que esta puede tener en un contexto social en el que, lamentablemente, muchos seres humanos no tienen la motivación y el impulso necesario para buscar por sí mismos alternativas vitales diferentes a la de la mera subsistencia. A título de ejemplo solo quiero destacaros los formulados por Santiago García de Future4work.
Hoy nadie discute que estamos asistiendo, en términos de cambio tecnológico y socioeconómico, a uno de los periodos más disruptivos de la historia humana. Las ventanas de incertidumbre que tenemos sobre el futuro son cada vez más amplias, aunque exista un cierto consenso global en el sentido de que la vida de la gran mayoría de los seres humanos (dentro de 30 años) va a parecerse poco a la que vivimos hoy. En 2050 dispondremos de mecanismos dirigidos a proteger a los grupos menos favorecidos. Esperemos que uno de los roles del Estado siga siendo el de reducir las desigualdades que generan las dinámicas económicas y sociales. De no ser así, vamos a la barbarie.
Estamos asistiendo, en términos de cambio tecnológico y socioeconómico, a uno de los periodos más disruptivos de la historia humana
Si no queremos llegar a este extremo es necesario pensar, diseñar e implementar nuevas estrategias sociales. Aunque es humano aferrarse a lo conocido por mucho que esto zozobre, no tiene sentido hoy aplicar las respuestas que se han mostrado como válidas en cambios tecnológicos anteriores producidos en entornos muy diferentes y con dinámicas mucho más reducidas. Es probable que estemos ya afrontando la revolución más importante que el ser humano ha vivido en los últimos 2.000 años.
Parece bastante razonable tomar consciencia de que vamos a tener que repensar el sistema laboral y social del que estamos disfrutando hoy, porque los impactos (aunque podamos reducirlos e incluso corregirlos a medio y largo plazo) van a ser colosales. Hay tendencias que empezamos a visualizar y vivir que probablemente puedan y deban ser frenadas durante algún tiempo –lo que supone establecer regulaciones y modulaciones– pero que son y serán imparables. En consecuencia, estoy convencido de que necesitamos modificar los paradigmas de las coberturas sociales con el objeto de que estas se centren de forma clara, explícita y transparente en las personas en lugar de los empleos/trabajos. Unos cambios que debemos hacer muy rápido basándonos en criterios transparentes y equitativos confiando en el empoderamiento individual. Por cierto, no parece que esta sea la guía que estamos implantando en nuestro país, donde el lío es mayúsculo (conceptos, financiación, importes, entre otros). Os pregunto: ¿cuántos sistemas existen y cuáles son sus nombres?
Deberemos repensar el sistema laboral y social del que disfrutamos hoy, porque los impactos de la irrupción de la robótica y la IA van a ser colosales
Y no debemos cometer el error de pensar que ya estamos en la dirección adecuada. De hecho, lo ocurrido en los últimos años (creación de subsidios por parte de las comunidades autónomas, implantación de un SMV de carácter estatal, debate no concluido sobre la reforma de las pensiones en el seno del “Pacto de Toledo”, entre otros) no hace más que corroborar el criterio contrario. Por delante tenemos un largo camino conceptual, cultural y legislativo y necesitamos promover cambios en muchas de las conductas sociales hoy imperantes.
Igualmente vamos a tener que decidir sobre la vigencia de un modelo de prestaciones sociales que no es equitativo y que además va a ser, en un corto plazo de tiempo, poco sostenible. La respuesta a esa pregunta está directamente vinculada a lo que entendamos por sostenibilidad. Si lo que nos estamos preguntando es si las coberturas sociales van a poder financiarse únicamente con la recaudación de las cotizaciones vinculadas al empleo, la respuesta es no. Si sumamos al déficit actual la evolución prevista en términos de incremento del número de personas que van a formar parte del colectivo de los excluidos sociales (recordemos que hoy ya el 50% de los desempleados forma parte, de alguna manera, de este colectivo), además del acceso a la jubilación de la generación definida como baby boomers, el incremento de las cuantías individuales de cobertura y el alargamiento de la esperanza de vida (longevidad), el resultado es claramente negativo. Vamos a necesitar recursos fiscales para compensar el déficit del sistema, hoy cifrado en 20.000 millones de euros anuales y que no hará sino crecer en los próximos años.
Debe modificarse la concepción sobre el contrato social llamado trabajo, replantear modelos formativos y reformar los criterios en los que se basa el sistema fiscal
¿Por dónde debe empezar la reforma del sistema? En primer término, deberíamos hacer un diagnóstico adecuado de la situación desde una perspectiva técnica y objetiva eliminando y evitando cualquier influencia política. Así lo confirman los análisis que se han publicado en los últimos años como los elaborados por instituciones como el Banco de España o Fedea.
En segundo término, necesitamos comunicar de forma transparente e inteligible los resultados, cuando es constatable que el lío en los actuales mecanismos competenciales y de gestión no permite actuar positivamente en este sentido. Por último, se requiere cambiar el sistema desde una visión integral, coherente y equitativa, a través de unas respuestas que se resumen en diez líneas pero que no resultan de fácil ejecución. Porque lo que proponen es la necesidad de modificar la concepción social sobre el significado del contrato social llamado trabajo, replantear nuestros modelos formativos y de aprendizaje, y reformar los criterios sobre los que se asienta el actual sistema fiscal. Una realidad que hay que afrontar si simplemente queremos construir una sociedad más justa y solidaria.