En el primero de los artículos de esta serie argumentaba que necesitamos cambios radicales en la gestión de las políticas activas de empleo. Unos Servicios Públicos de Empleo probablemente más reducidos, dedicados a la gestión y colaborando abiertamente y sin restricciones con el resto de los actores presentes en el mercado (entidades sociales y empresas de servicios de RRHH), serían capaces de conseguir su propósito que recordemos no es otro que el de ayudar a los desempleados en su trabajo de buscar trabajo.

Pues bien, al margen de las dos referencias a las que me refiero en el artículo precedente, en diciembre de 2016 FEDEA se preguntaba (Policy Paper 2016.26) de forma clara y explícita sobre la evidencia de que seamos el país de la UE que presta menor ayuda a los desempleados en esta tarea. Un mensaje que se fundamentaba en algunas evidencias obtenidas de la realidad.

Os recuerdo el comentario, incorporado en el artículo precedente, en el sentido de que a pesar de haber transcurrido casi diez años, seguimos en una situación relativamente pareja a la que analiza el informe citado. La conclusión es evidente: a pesar de que los datos estadísticos parecen muy positivos, seguimos asistiendo a situaciones susceptibles de amplias mejoras. Recordemos que hoy casi uno de cada dos desempleados forma parte del colectivo denominado desempleo estructural (es decir, llevan más de 12 meses en esta situación), cuando todos los expertos constatan (y ello afecta a todas las categorías profesionales) que este periodo de tiempo es el límite que una vez superado hunde las expectativas de acceso a un nuevo empleo.

Hay que establecer un sistema de gestión que permita dar tratamiento individualizado (y no duplicado) a los desempleados

El mencionado estudio está centrado en el análisis de los desempleados de larga duración y su diagnóstico es claramente pesimista, ya que apunta a una situación en la que las mejorías estadísticas no alcanzan a muchas de estas personas desempleadas. "Sus tasas de salida al empleo se mantienen cerca de los niveles mínimos observados durante la crisis, un problema que se agrava por la falta de políticas e instituciones bien diseñadas para apoyarlos", advierte FEDEA.

Respecto al análisis de las medidas implementadas en el Estado español en los últimos años, el informe es también muy crítico. La Comisión Europea subraya la necesidad de contar con sistemas de apoyo integrados que cuenten con tres pilares: i) un buen sistema de prestaciones y servicios sociales, ii) una estrecha coordinación entre todas las autoridades y organizaciones pertinentes y iii) una capacidad adecuada para ofrecer apoyo individualizado adaptado a las necesidades de los desempleados. Hemos de ser conscientes de que nuestro sistema presenta considerables debilidades en las tres dimensiones. Debilidades que tenemos que reconocer que tienen un carácter estructural y sobre las que existe, sin ninguna duda, un gran margen de mejora.

En este sentido, basándome en las propuestas que formula el informe y adaptándolas si cabe a la realidad actual, me permito plantear una serie de necesidades:

  • Establecer un sistema de gestión que permita dar tratamiento individualizado (y no duplicado) a los desempleados a través de las entidades más especializadas en el colectivo al que estos pertenezcan. Ello supone intensificar la relación entre los Servicios Públicos y el resto de las entidades colaboradoras.
  • Simplificar las normas y los procedimientos administrativos, reorientando la oferta formativa y las inversiones en este sentido.
  • Introducir el concepto de bono individual (tanto para los ámbitos formativos como para la orientación laboral) facilitando a cada desempleado la posibilidad de escoger a la entidad que desee que le preste los servicios de orientación.
  • Facilitar mayor autonomía en la gestión a cada una de las CCAA dentro del ámbito de gestión competencial que les es propio, con el objeto de que puedan innovar en el diseño de las acciones, la selección de los participantes, los ámbitos de colaboración, los incentivos y su forma.
  • Dejar de competir entre los sectores públicos y los privados. La función de cada uno de ellos es diferente. Tenemos que tomar conciencia de ello y actuar de forma coherente con este criterio.
  • Crear una estrategia de gestión (información y evaluación de resultados) que permita conocer, evaluar y medir lo que estamos haciendo y el impacto alcanzado.

 

Unas propuestas que, además, deberían de ponerse en marcha tomando en consideración dos evidencias que son claramente constatables. La primera es la de que los SPEs son hoy órganos más capaces de gestionar las prestaciones y actuar como elemento de control del sistema que como actores en las acciones de orientación, prospección e inserción. Una certeza que es conocida y reconocida por todos. La segunda es la de que la colaboración con el resto de los actores debe de realizarse bajo criterios de confianza y eficiencia y, por ello, sobre la base de que cada uno debe de ocuparse de hacer aquello para lo que sea más competente.

Parece imposible, pero creo que respetando estos dos elementos y tomando en cuenta las disposiciones que ya contempla la Ley de Empleo vigente, daríamos unos pasos fundamentales para incrementar la eficiencia de la gestión y, si se me permite, lograr mejoras sustanciales en los resultados alcanzados.