Mientras que en el artículo precedente analizaba las perspectivas de empleo para el próximo año, ahora lo que pretendo es reflexionar sobre las tareas que seguimos teniendo pendientes. Unas tareas sobre las que se han posicionado en los últimos años todo tipo de analistas desde múltiples puntos de vista técnicos e incluso ideológicos (AIReF, Banco de España, FEDEA, PwC, incluidos los que hemos formulado desde la Fundación Ergon).

La conclusión es clara. Seguimos gestionando el empleo desde un modelo en esencia burocrático, bajo criterios e intereses políticos, con una evidente falta de coordinación y colaboración entre los diferentes actores, carente de transparencia y de una real y efectiva valoración objetiva de sus resultados. En otras palabras, seguimos más o menos igual sin que, por otra parte, se hayan puesto en marcha muchas de las iniciativas y planteamientos que incorpora la Ley 3/2023 de Empleo.

Una situación que supone una muestra más de que los buenos deseos e intenciones se quedan en conceptos formales (principios o incluso normativas generales), pero que finalmente no son aplicados (o lo son en direcciones erróneas) a una realidad que es mucho más compleja, si cabe, que la experimentada hace diez años. Porque, aunque los datos macroeconómicos nos indican que somos una economía en una situación muy favorable, las cifras microeconómicas constatan los problemas que seguimos viviendo. Recordemos que en aquel momento todavía no habíamos vivido muchas de las situaciones y realidades que hoy resultan ser claves para la situación de nuestro mercado de trabajo. A saber: la pandemia, la transformación digital o la aparición de la inteligencia artificial y la relevancia que están adquiriendo aspectos como el incremento del desempleo estructural y el de la longevidad.

Seguimos gestionando el empleo desde un modelo en esencia burocrático, bajo criterios e intereses políticos

Lo que nuestro sistema parece no tener presente es que para nuestros desempleados y particularmente para los de larga duración, lo relevante no son las disquisiciones técnicas y políticas sobre quien les presta los servicios que demandan/precisan y en qué condiciones sino recibir respuesta a las cuestiones siguientes: ¿Cómo puedo dar una vuelta a mi situación personal? ¿Qué tipo de orientación y soporte recibo? ¿Cómo puedo acceder a las ofertas de empleo adecuadas a mi perfil profesional? Una vez más lo que importa es el qué y no el cómo ni dónde. Aunque en la línea de lo planteado por alguno de los informes citados “la creciente importancia dada a la empleabilidad y la condicionalidad de las políticas pasivas (…) han generado una importante presión para obtener servicios más complejos, individualizados y flexibles”.

Todos los analistas (incluido los que tienen planteamientos que podemos denominar de izquierdas) coinciden en la necesidad de dotarnos de unas políticas de empleo más eficientes. Es imprescindible para mejorar su eficacia. Debe existir una buena coordinación entre las Administraciones si las competencias de gestión del subsidio de desempleo y de las políticas activas recaen en distintos organismos. Además, deben aprovecharse todas las mejoras que permiten las nuevas tecnologías para modernizar los servicios que proveen el conjunto de agentes del Sistema de Empleo.

Mientras tanto ni en el análisis, segmentación o perfilado de los demandantes de empleo, ni en las políticas de orientación y activación ni mucho menos en la evaluación de los resultados contamos con suficientes evidencias que demuestren la eficiencia de nuestros sistemas. ¡Nos queda mucho camino por recorrer!

Para concluir estas líneas os propongo algunas reflexiones finales:

  • Los resultados del análisis respecto a diferentes sistemas de gestión de las políticas activas muestran que estas funcionan cuando se producen en un entorno de competitividad entre diferentes actores. Siguiendo esta línea argumental es lógico pensar que la colaboración en los procesos de intermediación debería de plantearse desarrollando cada actor las actividades para las que está más capacitado y puede conseguir mejores resultados.
  • Que parece una evidencia que los Servicios Públicos de Empleo deberían centrar su actividad en las fases de definición y concreción de los itinerarios personales para cada demandante y posteriormente ceder a otros actores los procesos de orientación y prospección donde estos han mostrado una mayor eficiencia. 
  • Que debemos de ser conscientes que el modelo actual, al margen de poco eficiente, es claramente despilfarrador dado que es posible que distintos operadores atiendan a una misma persona en forma paralela. 
  • Que el respeto a los principios de universalidad y no discriminación (sobre los que debería de haber una mayor actividad por parte del sector público) ha de permitir que todos los actores trabajen en un marco de confianza y colaboración. Y todo ello bajo el criterio que competencia no significa luchar por gestionar a los demandantes más empleables sino buscar las soluciones más eficientes para cada caso. 
  • Que los modelos más desarrollados y eficientes a nivel internacional tienden a mantener unas estructuras centrales muy reducidas dedicadas a la formulación de políticas y a la evaluación y el control, mientras que se transfiere la gestión a los operadores públicos o privados más cercanos a la realidad social y/o económica. Creo, por tanto, que queda mucho por hacer para potenciar el papel de los municipios en este ámbito.

Y todo ello haciéndolo con metas y objetivos compartidos, criterios homogéneos y disponiendo de herramientas de gestión, información y evaluación comunes, sólidas e inteligentes que permitan adoptar medidas basadas en datos objetivos y no en las posiciones e intereses ideológicos de los gobernantes en cada momento.