El Gobierno anunció esta semana que pondrá fin a las golden visa por inversiones inmobiliarias, que permiten a ciudadanos extracomunitarios obtener el permiso de residencia en España a cambio de comprar una casa de medio millón de euros. Al anunciarlo tras el consejo de ministros, dio algunas cifras: se han concedido 14.576 visados a cambio de un total de 10 millones en inversiones inmobiliarias desde 2013. De repente, cuando se va a poner fin al programa, el Gobierno decidió por primera vez dar públicamente estas cifras, que la ONG Transparencia Internacional y varios medios de comunicación, entre ellos este, hemos tenido que perseguir por varias vías para montar un puzzle que nunca contaba con todas las piezas hasta esta comparecencia. Pues bien: las cifras no coinciden con los documentos oficiales que tanto ON ECONOMIA como Transparencia Internacional han obtenido en los últimos meses, que elevarían hasta 22.000 los permisos concedidos.  

Algunos medios, pocas horas antes de la comparecencia del consejo de ministros, informaron, a través de la Ley de Transparencia, de que se habían concedido 6.200 visados dorados desde el inicio de la ley que los otorga, en 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy optó por esta vía para atraer inversiones internacionales en medio de la crisis. Estas cifras no son incorrectas, sino que corresponden a los visados otorgados por el Ministerio de Exteriores en oficinas consulares. 

Las cifras ofrecidas por el Ministerio de Vivienda no coinciden con documentos oficiales entregados a ON ECONOMIA por Seguridad Social y Exteriores

Pero, tal y como explicaron fuentes de ambos ministerios el año pasado a ON ECONOMIA, durante una investigación de varias semanas, existen dos vías para obtener residencia en España a cambio de inversiones inmobiliarias. Una es a través del ministerio de Exteriores, que dio esas cifras, y es la que permite acceder al visado desde oficinas consulares.

La otra es a través de la Unidad de Grandes Empresas (de la que más tarde hablaremos), dependiente del Minsiterio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. Y ésta, en una respuesta también por la Ley de Transparencia a ON ECONOMIA, cifró en 16.908 los permisos concedidos a cambio de inversiones inmobiliarias, 17.792 contando otro tipo de inversiones a finales de 2022.

Fuentes de este ministerio, además, insistieron en su época en que lo que ellos conceden no son visados, sinó permisos de residencia: la diferencia está en que el visado se obtiene para entrar y residir en el país y el permiso, una vez ya dentro, para residir. Pues bien: la palabra visado fue pronunciada en diversas ocasiones por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa de la pasada semana. 

Un año y tres meses antes de las cifras que dio el Gobierno, la inversión inmobiliaria ya estaba según el documento oficial por encima de la ofrecida en rueda de prensa, en 10,9 millones de euros, a los que habría que sumar un mínimo de medio millón por cada uno de los 6.000 de Exteriores, 3.000 millones más, hasta un total de al menos 14.000 millones.

Los números no cuadran

Los números no cuadran, ya que sumando visados y permisos golden (los de Exteriores y los de Seguridad Social) ascienden a un total de 22.000 permisos concedidos, todos ellos por inversión en inmuebles. Si lo que sucede es que los visados tramitados por exteriores también acaban en el recuento del Ministerio de Seguridad Social, ningún ministerio así lo ha explicado a nuestras reiteradas preguntas. Y aun y así, la cifra debería de ser en 2024 superior a los 16.908 permisos golden otorgados a finales de 2022 a cambio de inversiones inmobiliarias. A no ser que se hayan revisado las cifras por algún motivo, algo que tampoco se nos ha explicado. 

Estos días, desde ON ECONOMIA, he intentado aclarar las cifras con los ministerios de Exteriores, Seguridad Social y Vivienda, al que me remitieron los dos anteriores por estar liderando el fin de los visados dorados. Pero no ha habido suerte. Nadie ha sabido o querido aclararme el porqué de esta diferencia y confusión de cifras. Tampoco se entiende que, después de años en los que Exteriores y Seguridad Social son quienes han tramitado estos visados y por tanto tienen la información, sea Vivienda quien se encargue de gestionar esta información. 

David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional España, que ha trabajado durante años persiguiendo las cifras de los visados dorados, coincide conmigo: "Ha habido una gran falta de transparencia". "En la primera petición de Transparencia al ministerio de Exteriores, se nos dijo que esta materia no era objeto de seguimiento estadístico", cuenta al otro lado del teléfono, y sin embargo unos años después le pasó las cifras, coincidentes con los 6.200 que publicaron algunos medios estos días. 

"Ha habido una gran falta de transparencia con la golden visa", dice David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional España

Las cifras obtenidas por distintas vías en función de ministerios, además, difieren en el grado de detalle: no desglosan los familiares entre cuáles son de golden visa y cuáles de otro tipo de permiso, algunas ofrecen detalle de nacionalidad y otras no, etcétera. Montar el puzzle, por tanto, es muy complicado, pero ningunas de las piezas encajadas da como resultado las cifras ofrecidas por el ejecutivo, que tampoco ha respondido, desde el mes de febrero, a mis peticiones de entrevista con el responsable de la Unidad de Grandes Empresas. 

La falta de transparencia no está solo en las cifras. La dualidad de ministerios le sirvió al Gobierno español para, después de anunciar públicamente el ministro de Exteriores José Manuel Albares que retirarían la golden visa a los ciudadanos rusos por la invasión de Ucrania, seguir concediendo en cambio los permisos golden, esto es, la residencia a cambio de inversión inmobiliaria, según pudo comprobar también ON ECONOMIA a partir de abogados de Extranjería y acabó reconociendo el ejecutivo español por lo bajini a la Comisión Europea, ya que no lo hizo cuando este medio le preguntó en reiteradas ocasiones. Lo que no contó el Gobierno español es cuántos ciudadanos rusos consiguieron este permiso de residencia dorado concretamente en el año 2023, tampoco con las últimas cifras mostradas, pues no desglosó las nacionalidades año a año. 

Y, más allá de las cifras y nacionalidades, ¿quién accede a los visados dorados? Tras una investigación de El País que lo desveló, el Gobierno reconoció en 2022 que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto había conseguido una golden visa para vivir en España, curiosamente al mismo tiempo que la Fiscalía mexicana le investigaba por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Unos periodistas guatemaltecos intentaron también, sin suerte, averiguar si un ex alto funcionario de su país investigado en su país se escudó en una golden visa para alojarse en Madrid. 

Los peligros de las mafias

La falta de transparencia no solo afecta a periodistas, sino que también el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) habría tenido problemas para acceder a datos de los titulares de la golden visa sospechosos, según apuntan desde Transparencia Internacional. Porque, más allá del combate a la especulación inmobiliaria que arguyó el Gobierno para eliminar la golden visa, una de las advertencias de la Comisión Europea para recomendar su retirada era la posible entrada de mafias o ciudadanos corruptos. De hecho, el gobierno británico reconoció vinculaciones con la corrupción y el crimen organizado en titulares de sus visados golden en la revisión que realizó poco después de retirar su programa. 

El control no es exhaustivo, si bien para abrir una cuenta en España los bancos deben realizar una investigación sobre el origen del capital y validar su legalidad. Para el permiso o visado, el único requisito legal es tener el dinero y no tener antecedentes penales. Y a partir de él, pueden acceder al visado o permiso de residencia los familiares, que no tienen por qué abrir una cuenta en el país. 

Pero, a diferencia de lo que sucede con los permisos de residencia habituales para trabajadores, demandantes de asilo o por arraigo tramitados por Extranjería, el silencio administrativo es positivo en el caso de los permisos de residencia golden. O sea, que si la administración no responde, el permiso es tuyo. "Y en esos casos, no ha dado tiempo ni siquiera a comprobar los requisitos básicos, como los antecedentes penales", apunta de nuevo David Martínez de Transparencia Internacional. Este silencio administrativo se concedió, al menos, a 484 inversores inmobiliarios en cinco años, según reconoció el Gobierno. 

A diferencia de lo que sucede con otros migrantes, con los golden el silencio administrativo es positivo: si el Gobierno no responde, tienes permisos de residencia. 

No es la única diferencia con los migrantes regulares, esto es, los que no tienen dinero para comprar sus permisos de residencia. Normalmente, los migrantes que llegan a España se ven abocados a estar tres años de manera irregular (y es menos de lo que estaban hace unos años de media), sin documentos, hasta que consiguen un permiso de residencia por arraigo o laboral. Pero antes, afrontan la saturación de las Oficinas de Extranjería, con meses de espera (en el caso de los solicitantes de asilo, que huyen de violencia o persecución) para ser atendidos. Tan solo encontrar cita previa en estas oficinas es todo un reto, mientras algunos aprovechados copan el sistema y las revenden de manera irregular, como han denunciado en reiteradas ocasiones activistas y abogados sin que se acabe de poner solución a este mercadeo con los derechos de los ciudadanos.

Este problema no lo tienen ni los inversores golden, ni los profesionales altamente cualificados, ni los investigadores, puesto que la Unidad de Grandes Empresas trabajan para agilizar los visados y permisos de aquellos privilegiados que han podido tener una buena formación o han conseguido un buen contrato como impatriados o, desde hace algo más de un año, también los nómadas digitales. Allí, los plazos son mucho más rápidos que en Extranjería, han contado varios abogados de extranjería a este medio, y eso que el flujo de privilegiados que solicitan permisos de residencia se ha disparado.

En 2023, en solo un año, el Gobierno español concedió 65.616 permisos de residencia a 81.171 solicitantes de este tipo de permisos, 2,7 veces más que los 24.075 concedidos en 2019, sobre un total de 30.859 peticiones por entonces, cuando aún no existía el recientemente inaugurado permisos de nómada digital.

Estas cifras, con el sello de la Unidad de Grandes Empresas, tampoco han sido facilitadas a ON ECONOMIA por el departamento de prensa del Ministerio, sino por abogados de Extranjería a los que se les ha dado charlas sobre los nómadas digitales. De nuevo, falta transparencia. 

De los visados golden a los nómadas digitales

Mientras se apaga la golden visa, florece un nuevo tipo de privilegio: el de los nómadas digitales. Con tal de que tributen en España (y esto tiene la consecuencia positiva de que aportarán recaudación a la Seguridad Social), el Gobierno aprobó en diciembre de 2022 esta figura a la que se puede acceder con una autorización de la empresa contratadora o los clientes y acreditando ingresos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesionales. ¿Podrán los multimillonarios apañarse un visado de nómada digital para usarlo como nueva golden visa? 

Por ahora, como con las doradas, casi un año y medio después de aprobar este permiso, el Gobierno no ha hecho ni un solo balance ni ha respondido a ON ECONOMIA en las reiteradas veces que, desde noviembre del año pasado, viene pidiendo las cifras de visados concedidos. Por cierto, de nuevo, ni el Portal de Transparencia del Gobierno responde a peticiones acumuladas desde noviembre. A través de abogados, sin embargo, ON ECONOMIA publicó en exclusiva que fueron 7.300 los primeros permisos concedidos desde enero de este año, ritmo muy superior al que tuvieron las golden visa. No sabemos las nacionalidades. Falta transparencia. 

El fin de la golden visa coincide con el inicio del visado de nómada digital, sobre el cual el Gobierno tampoco está publicando datos. ON ECONOMIA supo que se han dado 7.300 entre enero y noviembre de 2023

Y si los visados dorados propiciaban la especulación inmobiliaria, la llegada de nómadas digitales o expats facilita a los propietarios de pisos poner pisos en alquiler de temporada, que dispara los precios por encima de la ley, o incluso cobrar más a ciudadanos que no conocen el índice de referencia y que llegan con un poder adquisitivo mayor que los locales. Para ser justo, eso sí, cabe recordar que los ciudadanos europeos no necesitan ninguno de estos visados y que, por tanto, el problema existiría también sin estos nuevos extracomunitarios teletrabajadores. 

Todo lo que he podido aprender de estos permisos y visados premium concedidos por la Unidad de Grandes Empresas, creada en 2007 para enfocarse y agilizar la atracción de talento e inversiones internacionales, me hubiera gustado hablarlo con Luis Esteban-Manzanares Fernández-Roldán, el responsable de esta oficina según su LinkedIn y las conferencias que ofrece, aunque su nombre no figura en niguna web del Ministerio o de la UGE al frente de esta importante unidad. Pero, no os lo imagináis, el Ministerio tampoco ha respondido a mis reiteradas peticiones de entrevista. Que yo sepa, tampoco es una oficina que se haya prodigado en dar ruedas de prensa ni son accesibles sus estadísticas en su página web. Desde Transparencia Internacional, tampoco les han concedido un encuentro con alguien del ministerio pese a las insistentes peticiones. 

Uno podría pensar que el trabajo estadístico que requiere contabilizar, por meses, por cuantías y por nacionalidades todos los trámites de la Unidad de Grandes Empresas es demasiado y tal vez innecesario. Uno podría pensar eso si no existieran los detallados informes anuales sobre solicitudes de asilo, con todo lujo de detalle sobre comunidades autónomas, países de procedencia y tipologías.

El resto de migrantes, mejor rastreados

Estos informes se hacen públicos cada año, seguramente gracias a la presión de entidades como CEAR, que acompaña los procesos de los solicitantes de asilo, En 2023, España concedió 11.163 peticiones de asilo o protección internacional, un 12% sobre el total de 88.042 personas que lo solicitaron. O sea, que concedió 11 veces menos derechos de asilo que permisos premium ante una demanda un 10% mayor. 

Pero hay más. El Ministerio de Inclusión cuenta con un Observatorio Permanente de la Inmigración que ofrece un amplísimo catálogo de datos donde consultar los extranjeros que tienen permiso de residencia en vigor en España (3,6 millones a finales del año pasado), los ciudadanos ucranianos en España con residencia en vigor, los que tienen permiso de estudios y hasta los menores no acompañados y jóvenes extutelados con autorización de residencia.

¿Saben qué estadística no aparece en este catálogo? La de los permisos golden y los nuevos permisos a nómadas digitales. Tampoco los profesionales altamente cualificados e investigadores. 

Existen motivos para creer que avanzamos en algún sentido en contra de los privilegios del "tanto tienes, tanto vales", tan diferente a la carta de los Derechos Humanos: la misma semana que se anunciaba el fin de la golden visa, el Congreso aprobaba también la regularización masiva de casi 400.000 de inmigrantes. 

El final de las golden visa es una buena noticia, además de por las posibles entradas de mafias o dinero corrupto y por la especulación, porque estos inversores inmobilarios aportan menos al país que un trabajador y el programa fomenta una desigualdad legal basada en lo económico. Pero la -intolerable- falta de transparencia sobre los inmigrantes premium y la -necesaria y obligada- transparencia hacia el resto de migrantes da un mensaje preocupante: que el rastro de los ricos es mucho más difícil de seguir que el de los pobres.