Quizás no diré nada nuevo, o quizás sí, porque estos días son muchos los opinadores y medios del país que han dicho la suya y que todavía hoy lo hacen. Pero tampoco yo quería perder la oportunidad de hablar de la Casa Orsola y de esta manera de hacer en que nos tienen tan acostumbrados, nuestros políticos. Grandes titulares cara a la galería, parches para ganar tiempo, pero que no resuelven nada. Y, por supuesto, a golpe de talonario y con el dinero de todos.

Cuando se examina esta operación emergen preguntas sobre los criterios, la gestión de los recursos públicos y las consecuencias de haber convertido un caso puntual en el epicentro del debate habitacional

La compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona se ha presentado como un hito en la defensa del derecho a la vivienda. El edificio, situado en el Eixample, se ha convertido en un símbolo gracias a la movilización de sus residentes, que denunciaban presiones inmobiliarias e incrementos de alquiler. Sin embargo, cuando se examina detalladamente esta operación, es cuando emergen las preguntas incómodas sobre los criterios, la gestión de los recursos públicos y las consecuencias de haber convertido un caso puntual en el epicentro del debate habitacional en la ciudad.

Un punto relevante de este caso es la heterogeneidad de los perfiles de los inquilinos de este inmueble. Conviven familias con situaciones económicas complejas, personas mayores con escasas opciones de cambio y, también, arrendatarios de clase media con capacidad suficiente para asumir los precios del mercado, pero que rechazan el incremento de la renta exigido por el propietario. Esta realidad plantea dudas sobre la necesidad de una intervención pública: ¿hasta qué punto era prioritario asignar recursos a un edificio con residentes que, en muchos casos, no se encuentran en situación de vulnerabilidad?

La Casa Orsola no es un caso paradigmático de injusticia social, sino un ejemplo de las tensiones habituales en un mercado desregulado

Barcelona tiene miles de familias que sí viven en emergencia habitacional, en barrios con elevados índices de desahucios y graves dificultades de acceso a la vivienda. La Casa Orsola, sin embargo, no es un caso paradigmático de injusticia social, sino un ejemplo de las tensiones habituales en un mercado desregulado. La decisión de intervenir genera una percepción de arbitrariedad: ¿por qué este edificio y no ninguno de los otros 4.000 que existen en la ciudad y que probablemente se encuentran en un contexto bastante más crítico?

La carencia de pautas claras es una de las principales críticas a esta operación. La Casa Orsola ha recibido una atención especial gracias a la movilización y la visibilidad mediática de sus residentes, pero esto de ninguna de las maneras justifica que el Ayuntamiento destine millones de euros. No ha habido explicaciones sobre cómo se priorizan las intervenciones municipales en el parque inmobiliario de la ciudad ni sobre qué objetivos cumple exactamente esa compra en la coyuntura global de la crisis residencial.

Barcelona no puede gestionar una crisis tan compleja con medidas aisladas que apenas benefician a casos concretos

Esta actuación puntual no forma parte de una política de vivienda coherente y estructural: responde a una lógica reactiva que actúa a golpe de titulares. Barcelona no puede gestionar una crisis tan compleja con medidas aisladas que apenas benefician a casos concretos. Urge una estrategia integral que abarque desde la ampliación del parque de vivienda pública hasta la regulación efectiva de los alquileres, pasando por acciones contra los grandes fondos especulativos que acaparan inmuebles.

Y hay que decirlo: no todo vale. No compro en absoluto el acoso público que ha recibido Albert Ollé, propietario de la empresa Lioness Inversiones, que compró el edificio en el año 2021. Desde ciertos espacios políticos y sociales, se le ha convertido en el símbolo de la especulación inmobiliaria, responsabilizándole, de forma desproporcionada, de una crisis que viene de lejos y que en caso ha provocado él.

El señor Ollé, como cualquier pequeño propietario, tiene todo el derecho del mundo a gestionar sus inmuebles dentro del marco legal, y exigir el aumento de alquiler si este se enmarca dentro de la normativa vigente. Culpabilizarlo públicamente no solo es inmoral y una irresponsabilidad sino que desvía la atención de los verdaderos responsables de la crisis: un mercado desbocado, la inexistencia de políticas públicas ambiciosas y la presencia de grandes operadores financieros que actúan sin restricciones.

Señalar a un propietario particular como si fuera el culpable único de la enfermedad contribuye a simplificar un problema complejo e imposibilita poner sobre la mesa las soluciones reales que Barcelona necesita

Este tipo de discursos banalizan la responsabilidad de la administración pública. Señalar a un propietario particular como si fuera el culpable único de la enfermedad contribuye a simplificar un problema complejo e imposibilita poner sobre la mesa las soluciones reales que Barcelona necesita.

Se nos dice que uno de los argumentos centrales que justifican la compra de la Casa Orsola es la necesidad de combatir la gentrificación. Pero, paradójicamente, esta intervención podría acabar alimentando el mismo fenómeno que pretende frenar. Cuando el Ayuntamiento adquiere edificios emblemáticos sin una estrategia clara, a menudo contribuye a revalorizar la zona, haciéndola más atractiva para inversores y nuevos residentes con mayor capacidad económica.

En el Eixample, un barrio que ya sufre una fuerte presión especulativa desde la creación de “superislas” durante el controvertido mandato de Ada Colau, esta operación puede reforzar la percepción de que es un espacio exclusivo, engordando aún más los precios y el interés del mercado. Si no se acompaña de un plan global que regule los alquileres y proteja el tejido social, la adquisición de la Casa Orsola puede acabar convirtiéndose en un gol en propia portería.

La política de vivienda debe ser una política pública prioritaria, de amplio consenso y lejos de estrategias electoralistas

De hecho, la Casa Orsola es apenas uno de los muchos edificios de la capital catalana que se encuentran en situaciones similares. Mientras el gobierno municipal emplea recursos en un caso de notoria visibilidad, cientos de familias viven con la amenaza permanente del desahucio o ven cómo el precio del alquiler los expulsa de su barrio. Esta compra no responde a la pregunta fundamental: ¿qué hará el Ayuntamiento con el resto de la ciudad?

La política de vivienda debe ser una política pública prioritaria, de amplio consenso y lejos de estrategias electoralistas. No hay soluciones fáciles, cierto, pero casos como los de la Casa Orsola son solo eso, parches y mal cosidos.