La inteligencia artificial (IA) generativa parece estar en todas partes y promete cambiarlo todo. ¿En todas partes? Bueno, no exactamente. Hay un ámbito irreductible al cambio, donde los embates de la historia parecen no tener efecto: la administración pública.

Es cierto que grandes empresas como La Caixa, con más de 100 personas trabajando en IA generativa desde hace más de un año, están liderando este cambio tecnológico. Han anunciado la contratación de 3.000 profesionales en este ámbito. El BBVA sigue una línea similar, con la previsión de contratar 6.000 personas, mientras que otras empresas, como el Banco Sabadell, ya cuentan con equipos dedicados. En el ámbito legal, Cuatrecasas utiliza con éxito Harvey, un sistema basado en IA, desde hace más de un año, y McKinsey opera desde hace dos años con Lilli, su chatbot corporativo. La lista es extensa, y no falta nadie.

¿O quizá sí? La administración pública claramente queda al margen.

Este hecho resulta paradójico. La IA generativa es especialmente útil en contextos donde el trabajo se basa principalmente en información y donde las acciones pueden ejecutarse digitalmente. Por eso, sectores como la banca, las finanzas, la educación, la abogacía, la consultoría o la ingeniería de software son los primeros grandes beneficiarios. Es aquí donde hay un mayor potencial transformador.

Además, la IA generativa es particularmente efectiva cuando trabaja con información no estructurada, dispersa y, a menudo, contradictoria, como son los reglamentos y normativas. Estos, tarde o temprano, acabarán siendo interpretados y gestionados, al menos inicialmente, por software basado en IA generativa.

Aterrizando esta idea, podemos imaginar sistemas de agentes de IA generativa capaces de proporcionar atención personalizada, adaptándose al lenguaje del usuario (incluyendo la voz) y ofreciendo servicios a través de un chat. Este cambio podría ser copernicano: eliminaría niveles de burocracia, simplificaría lenguajes ininteligibles y menús complicados, y permitiría una atención 24/7, reduciendo procesos a una simple conversación que recuerde el estado de cada consulta.

Un sistema así no solo mejoraría drásticamente la calidad del servicio, sino que rompería la brecha burocrática que hoy en día solo unos pocos “iniciados” pueden superar. Además, abordaría la falta de personal provocada por la jubilación masiva de los boomers, haciendo la administración más eficiente y accesible.

Puede parecer un objetivo lejano a corto plazo, pero si queremos diseñar el futuro de la administración, este debe ser necesariamente tecnológico. La vía no es otra que transformar tanto la regulación como su ejecución en código y agentes inteligentes.

Además, esta ambición nos ofrece dos grandes oportunidades:

  1. Sintetizar y concretar la normativa existente.
    Este primer paso ya es factible gracias a sistemas avanzados como o3 de OpenAI. Con técnicas de "fine-tuning", podemos abordar problemas complejos y crear respuestas más precisas. Esta evolución siempre se ha considerado necesaria para modernizar y racionalizar la normativa, y ahora es técnicamente posible gracias a los modelos de lenguaje.

 

  1. Impulsar el desarrollo de modelos de agentes europeos.
    Europa necesita un liderazgo propio en IA generativa, basado en sus valores y procedimientos. Un impulso público en este ámbito podría abordar uno de los grandes problemas de nuestra sociedad: la burocracia. Parece evidente que se requiere una intervención pública, y qué mejor que destinarla a resolver uno de los problemas más importantes y limitantes de nuestra sociedad: la burocracia.

Europa debe pasar de las discusiones sobre IA generativa a realidades propias que se conviertan en un referente no solo para Europa, sino más allá. Estas iniciativas pueden ser una semilla que ayude a crear un sector privado tecnológicamente sofisticado y próspero, y a trasladar la investigación y el talento europeos hacia la innovación y la prosperidad.

Europa necesita retos y retos con ambición. ¡Este es uno de ellos!