La licitación desierta de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) es un reflejo directo de lo que está pasando en muchas empresas españolas. Me explico:

El concurso para la prestación de servicios sanitarios que salió a licitación para los ejercicios 2025 y 2026 ha quedado desierto, ya que ninguna de las aseguradoras que en años anteriores han estado ofreciendo cobertura sanitaria a este colectivo —Adeslas, Asisa y DKV— se presentó. El tema es grave, pues hablamos de la cobertura sanitaria, la mutua, de un millón y medio de funcionarios y todos sus familiares directos.

¿Por qué quedó desierto un concurso de miles de millones de euros, probablemente una de las licitaciones públicas más grandes de España?

Pues porque las tres consideraron insuficiente la propuesta económica del Gobierno. Los argumentos son puramente económicos. La cantidad ofrecida por el Gobierno, a pesar de suponer muchos millones de euros y haberse incrementado, arrojarían pérdidas seguras a la aseguradora privada que se asumiese la responsabilidad sanitaria de todos los funcionarios del Estado. Concretamente, adujeron que no podían cubrir los gastos operativos.

Aumentan un 17% la aportación económica de Muface y a las principales aseguradoras no les salen los números: sus costes subirán un 38%

Los costes sanitarios han aumentado más de un 20%; la inflación generalizada, así como los aumentos del precio de la energía, son también insumos relevantes de este sector; el envejecimiento de los funcionarios (que es el mismo que el de la totalidad de la población española) hace que haya cada vez más prestaciones y éstas sean de más larga duración; y, por último, las subidas de salarios mínimos y de costes sociales que han de asumir las empresas privadas conduce a que un aumento del 17% en la cuantía que el Gobierno ofreció sea insuficiente.

Sí, leamos bien. Se aumenta un 17% la aportación económica y a las principales aseguradoras de España no les salen los números. Estiman que sus costes operativos aumentarán alrededor de un 38%, con lo que ganar este concurso supondría pérdidas de doscientos millones de euros.

La economía como disciplina, y ya no digamos las ciencias empresariales, son áreas de conocimiento que se caracterizan más por un conjunto de interrelaciones que por un conjunto de leyes fijas o parametrizables sobre dichas relaciones. Hay muy pocas leyes universales. Vemos que la inflación puede traer más paro, pero hemos llegado a ver lo contrario. Vemos que aumentos de demanda normalmente traen aumentos de precio, pero en según qué situaciones, pueden hacer bajar los precios.

Entre las pocas leyes universales que tenemos, hay una que dicta: “El ser humano, como agente económico, se mueve por incentivos”. Es decir, si existe la posibilidad de obtener un beneficio con su esfuerzo, recursos, tiempo y dinero, tarde o temprano (y más bien temprano que tarde), acudirá alguien a realizar ese beneficio, pues el ser humano tiende (segunda ley) a siempre querer estar mejor.

El incentivo para que los agentes económicos tomen decisiones en una determinada dirección ha de ser elevado, claro y estable

Lo que ha sucedido con Muface es un serio aviso al Gobierno. A las empresas y a los empresarios empieza a no interesarles emprender y asumir riesgos. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la regulación económica y empresarial de los últimos años, ha ido encaminada a reducir incentivos: se fijó topes a los precios, pero no a los costes (pensando que así se controlaría la inflación); se han realizado aumentos de salario mínimo y de costes sociales del trabajador y, al mismo tiempo, se ha encarecido el despido, eliminando incentivos a la contratación; se han aumentado impuestos empresariales y también incrementado la presión inspectora, ahogando a la pyme mientras la gran empresa ha llevado sus beneficios fuera de España, tributando en sociedades un promedio del 7%.

Los últimos datos del INE arrojan una significante y progresiva disminución del número de empresas grandes y medianas, así como del empleo en dichas empresas. La regulación y exigencias normativas de las empresas son asfixiantes y dificultan cada vez más la flexibilidad de las empresas para hacer negocios y, sobre todo, consumen muchos recursos de lo que llamo unidades de atención: mientras te ocupas de una cosa, no puedes ocuparte de otra. Y el empresariado dedica un porcentaje elevadísimo de su tiempo a tener todo en regla y a que no le sancionen.

El incentivo para que los agentes económicos tomen decisiones en una determinada dirección ha de ser: elevado, claro y estable. En estos momentos, no es ninguna de las tres cosas. Un concurso de mil trescientos millones de euros desierto. No hace falta decir mucho más.

Andemos con ojo. Las empresas, siempre lo he dicho, sostienen en última instancia todo el PIB de un país.