El Ingreso Mínimo Vital, como las rentas de inserción de las comunidades autónomas, sirve para proteger a las familias más vulnerables que, sin ingresos o con ingresos muy bajos, están en riesgo de pobreza severa, de no poder pagar su vivienda o sus alimentos. Pero para miles de familias, al menos 85.000, se está convirtiendo en un Ingreso Mínimo fatal, para su economía doméstica y para su salud mental, cuando, como un bumerán, les llega una carta pidiéndoles que devuelvan una parte de lo cobrado, un buen puñado de miles de euros porque la administración hizo mal los cálculos al concederles las ayudas. 

Es poco probable que, por mucho que les haya mejorado después la vida a estas familias o por mucho que se equivocara la administración en los cálculos al concederles la prestación, estas familias hayan dejado de ser vulnerables cuando les llegue la notificación. Son, en su inmensa mayoría, personas que han gastado esa ayuda en comida, en alquiler, en los libros de sus hijos, arreglarse la muela o un peluquero, y que no tienen ahorros. 

Por eso, porque son coros para cubrir necesidades básicas, y porque el error es de la administración y no de las familias, la Seguridad Social debería de condonar o suspender estas deudas generadas por los cobros indebidos, tal y como apunta una sentencia reciente de Pamplona y como también pidió el Defensor del Pueblo en agosto.

El Defensor del Pueblo, que es una institución nombrada por el Gobierno y ahora encabezada por el socialista Ángel Gabilondo, ministro de Educación entre 2009 y 2011 y ex-candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, no responde obviamente a intereses partidistas de la oposición. Proponía el Defensor del Pueblo entonces "limitar, a través de una modificación legal, la obligación de devolver el Ingreso Mínimo Vital a hogares vulnerables cuando quede acreditada la buena fe de los beneficiarios o cuando el error sea atribuible a la Administración". (Y la mayoría de veces, si no todas, el cobro indebido se debe a un error de la administración)

Lo más grave es que el Ministerio lleva tiempo diciendo que trabaja "en una respuesta" al Defensor del Pueblo, pero esta no llega y sigue escurriendo el bulto y cargando con todo el peso de la gestión a las familias, que son las que si no pueden pagar, deben iniciar una reclamación administrativa, como si no tuvieran ya bastantes preocupaciones en llegar a final de mes y con la deuda generada.

¿Para qué sirve el Defensor del Pueblo si emite una reclamación clara y fundada a un Ministerio y este tarda al menos dos meses en responder aunque el problema se arrastra desde hace meses? Son dos meses, por cierto, muy largos para estas familias, que me han contado en diversos reportajes para ON ECONOMIA como la deuda les genera problemas para dormir y como hubieran preferido no recibir esta prestación que se ha acabado convirtiendo en un préstamo sorpresa.  

¿Para qué sirve el Defensor del Pueblo si emite una opinión clara y fundada y el Ministerio tarda al menos dos meses en responder? 

Pese a que afecta a decenas de miles de personas de las más vulnerables de España, el problema de los cobros indebidos no ha tenido una gran repercusión mediática y ni tan siquiera hay muchas entidades comprometidas. Están viviendo las familias con cierta soledad y mucha angustia el paso de los meses en los que, en muchos casos, ya se les está descontando de la propia prestación el exceso de cobro de años anteriores, cuando se da, pues en ocasiones la administración también se equivoca en su revisión. 

Tan solo el humilde Movimiento ATD Cuarto Mundo insiste en denunciar este agravio para las familias, e incluso presentó una reclamación colectiva al Comité Europeo de Derechos Sociales denunciando las violaciones a la Carta Social Europea en que incurre el Ingreso Mínimo Vital, especialmente en lo que respecta a los cobros indebidos.

Por si fuera poco, esta misma plataforma hizo un taller on-line de casi tres horas para explicar cómo reclamar la devolución de los cobros indebidos que tiene ya más de 3.000 visualizaciones en Youtube. Una vez más, una humilde plataforma altruista cumpliendo el papel que correspondería al Estado: el del acompañamiento, también administrativo, a las familias vulnerables.

Hace unos días, la portavoz de esta plataforma, Hontanares Arranz, insistió con el tema de los cobros indebidos en un acto sobre pobreza organizado por la European Anti Poverty Network, con la presencia del Ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy. Se preguntaba Arranz por qué en estos actos no se da voz a las personas en situación de pobreza y por qué el Gobierno y los medios no están afrontando de cara la problemática de los cobros indebidos y se sorprendió de que precisamente personas "sensibles" al tema de la pobreza están dando la espalda a esta situación dramática. Las respuestas de los ponentes fueron vagas y nadie se atrevió a ahondar en este tema. 

Pero que se trata de un problema grave e injusto no es algo que tan solo hayan percibido desde la plataforma y los afectados. Son varios los funcionarios de la Seguridad Social con quien he podido hablar sobre los cobros indebidos y el Ingreso Mínimo en las noticias y reportajes que hemos publicado en ON ECONOMIA y me confirman que la elaboración y ejecución de la ley es un sinsentido. Comprobar los ingresos a partir de la Declaración de la Renta (que muestra los ingresos del año anterior) y después revisarlos al año siguiente no puede tener otro final que reclamaciones de miles de euros a personas que no van precisamente sobradas. 

El Ingreso Mínimo ha sido gestionado por interinos que en breve pueden ser despedidos y dejar a la administración más falta de recursos para que esta subvención sea eficaz

Pero es que, además, se le suma al problema un conflicto laboral: el Ingreso Mínimo Vital ha sido gestionado mayormente por interinos desde su nacimiento en plena pandemia y estos interinos han denunciado recientemente que han sido despedidos, publicó recientemente La Razón, con lo cual cabrá ver quién se hace cargo de esta situación ante las carencias de un cuerpo funcionarial exprimido por todos los cambios recientes en pensiones y prestaciones y que hace tiempo que pide más recursos. 

La pasada semana, por otra parte, Catalunya Ràdio desveló que la pesadilla en forma de carta de las devoluciones por cobros indebidos había llegado también a los beneficiarios de la Renda Garantida, lo que sería el Ingreso Mínimo autonómico aunque existe desde antes, y más concretamente a 8.500 familias a quienes pedían de media 7.500 euros de devolución. La diferencia significativa fue la reacción del Govern, que enseguida reconoció esta realidad como un problema y prometió trabajar "con celeridad" para "aliviar", eso sí, no eliminar, la carga que supone esta deuda. La nueva consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, solicitó comparecer en el Parlament para dar explicaciones. 

A la espera de que ofrezcan una solución, hubiera sido deseable que el Ministerio se hubiera tomado igual de en serio que el Govern la problemática, sobre todo porque siempre que puede saca pecho del Ingreso Mínimo Vital, no sin parte de la razón que le da haber ayudado a salir de la pobreza a centenares de miles de personas, pero obviando el sufrimiento que está generando a decenas de miles de ellos 

Desde que se lanzó en plena pandemia, el entonces ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá y su sucesora después Elma Saiz se han dedicado más a presumir de esta prestación que a dar explicaciones por sus graves problemas burocráticos o a solucionarlos. Además de los cobros indebidos, han generado muchísima confusión en miles de usuarios por el laberinto de papeleo y los errores administrativos, tal y como constatan los propios usuarios, trabajadores sociales y entidades de barrios.

En septiembre de este año, el Ingreso Mínimo Vital acumulaba ya 900.856 prestaciones aprobadas que alcanzaban a 2,6 millones de personas. En octubre de 2023, fecha en la que contabilizó Airef para su última opinión al respecto, eran 342.856 prestaciones, con revisiones de importes al 65% de ellos y exigencia de devolución de una parte al 25%, 85.000. No sabemos cuántas devoluciones han solicitado a día de hoy porque el Gobierno no informa de este dato. 

La lógica del ministerio cuando se le pregunta por el cobro indebido es clara: si han cobrado una prestación que no les correspondía, deben devolverla. Pero la lógica de la reciente sentencia de La Rioja, a su vez inspirada en el caso Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que resolvió en 2018 a favor de una ciudadana croata que había cobrado por error el desempleo, es aún más contundente: "el error en el reconocimiento indebido de la prestación de ingreso mínimo vital es imputable únicamente a la entidad gestora, de manera que ésta evitó cualquier consecuencia de su propio error y toda la carga recayó únicamente en el interesado". 

"No parece razonable que toda la carga del error recaiga únicamente sobre el afectado", añade la sentencia que apunta también a que la prestación "satisface necesidades básicas de contundencia". El ministerio debería hacer suya esa lógica y no delegar en la justicia el alivio del sufrimiento de decenas de miles de familias.