Todo el mundo habla de cambio de modelo productivo, pero difícilmente lo podremos decidir plenamente y mucho menos una comunidad autónoma sin poder legislativo relevante en ninguno de los grandes ámbitos que ayudan a determinarlo. Una potencia de segundo orden como España dentro de un bloque europeo en decadencia (cómo ha determinado el informe Draghi) será muy difícil que aspire de manera relevante a determinadas inversiones de máximo nivel tecnológico (caso de los microchips por ejemplo). Por otra parte, siempre seremos un país mediterráneo y atractivo para el turismo mientras el cambio climático lo permita. Por lo tanto, una actividad turística importante tendrá que tener. Otra cosa es cómo.

Pero al margen de estas consideraciones, la única posición que no tiene cabida en el debate sobre el modelo productivo es la inacción o el fatalismo. Si queremos preservar un mínimo estado del bienestar hace falta hacer más productiva la economía y empezar a superar este gap continuado de productividad con los países avanzados. Si no se consigue, difícilmente podremos hacer frente a las necesidades, cada vez más exigentes, del estado del bienestar en los años futuros. Se nos presentará un futuro negro donde las tensiones y la falta de cohesión irán disolviendo los vínculos sociales que hoy ya están sufriendo los efectos de los primeros embates de lo que nos espera en los futuros años.

A pesar del optimismo actual sobre las altas tasas de crecimiento del PIB total previstas para 2024, principalmente gracias a la buena marcha del turismo el año pasado y el actual, persisten hechos estructurales que tendrían que hacer reflexionar a los responsables políticos y económicos del Estado, y también en la parte aplicable, a la Generalitat con independencia de quien la ocupe.

Si queremos preservar un mínimo estado del bienestar hace falta hacer más productiva la economía y superar el gap de productividad con los países avanzados

Uno de ellos y muy determinante de cara a un crecimiento sano y sostenible a largo plazo es el de la inversión, particularmente la inversión productiva, excluyendo la residencial. Estaríamos hablando tanto de la inversión pública como, y, muy especialmente, la privada. La tasa de inversión del Estado español en relación con el PIB es, desde la crisis financiera de 2008, sistemáticamente inferior, no solo respecto de los países líderes del mundo, sino también de la UE, ella misma con una dinámica claramente cuestionable en el contexto mundial. Con respecto a Catalunya, el Idescat no proporciona datos suficientemente desagregados para hacer comparaciones homogéneas, pero atendiendo a la inversión total, contando la residencial, su evolución es similar a la estatal y no parece que dé pie a valoraciones más optimistas.

Esta situación no es compatible con un cambio de modelo hacia una economía más productiva que permita una recuperación gradual del gap de productividad. España tiene, desde 2015, por término medio una tasa de inversión productiva alrededor de dos puntos de PIB inferior a la de la UE y casi cuatro puntos con respecto a los EE.UU., sin entrar en comparaciones con países con altas tasas de ahorro como son Corea del Sur o Japón. Por lo tanto, se trata de una situación particular española que compartiríamos con otros países mediterráneos.


Hasta aquí los datos. Esperamos que en los próximos años se vea alguna mejora gracias a los fondos europeos, pero parece muy difícil que esta permita cubrir el gap, y en todo caso, sería temporal hasta el agotamiento de los fondos, en 2026. La pregunta que los políticos y los gestores empresariales se tendrían que hacer, pues, es: ¿por qué se invierte menos que en otros países comparables?

Las razones no parece que se tengan que buscar en circunstancias que quizás en el pasado podían aportar alguna justificación cómo podían ser las condiciones de financiación o el excesivo endeudamiento empresarial acumulado en los años de la burbuja crediticia. Eso fue así hasta hace unos años, pero actualmente la situación, en estos ámbitos, no se diferencia excesivamente del resto de países de la UE. En cambio, podríamos girar la vista hacia otros ámbitos igual o más determinantes de la inversión, como podrían ser la calidad institucional, el marco fiscal, la creación de talento humano o el fomento de la innovación empresarial, por citar algunos, y preguntarnos como ejercicio colectivo si en estos ámbitos estamos creando las condiciones o los entornos que favorecen las decisiones de inversión empresarial o, al contrario, estamos poniendo bastones en las ruedas que lastran estas decisiones.

La pregunta que los políticos y los gestores empresariales se tendrían que hacer, es: ¿por qué se invierte menos que en otros países comparables?

No es este el lugar para un estudio detallado de cada punto de los anteriores, pero a modo de apuntes breves valga tomar nota de algunos datos lo suficientemente comprensivos pero que ni mucho menos agotarían al debate:

  • El indicador de referencia en cuestión de calidad institucional del Banco Mundial (Worldwide Governance Indicators, 2023) indica un deterioro continuado y relevante desde el año 2000 en casi todos sus subindicadores (voz y rendición de cuentas, estabilidad política, eficacia gubernamental, calidad regulatoria, con respecto a la ley y control de la corrupción).
  • La presión fiscal, a pesar de ser todavía inferior a la europea, ha aumentado en 2,9 puntos entre 2018 y 2022 (5 puntos desde 2012 siendo el segundo estado que más lo ha incrementado). En cambio, el PIB por habitante en términos reales se ha estancado en el mismo periodo. Parecería razonable que el aumento de la presión fiscal acompañara el crecimiento de los ingresos por habitante, pero no es así.
  • La disponibilidad de mano de obra cualificada se ha convertido en el segundo factor más restrictivo de la actividad empresarial, por debajo de la incertidumbre de la política económica, según la encuesta de actividad empresarial del Banco de España del 3.º trimestre de 2024. En 2021 estaba situado en los últimos sitios. Y todo eso en uno de los países con una tasa de paro más alta.
  • España está en el lugar 14 de los 27 países de la UE en el European Innovation Scoreboard 2024, publicado por la Comisión Europea, al 89,9% de la media, manteniéndose en el tercer nivel de países de la UE y por detrás de países con menor renta per cápita como Estonia o Eslovenia. En este caso, hay que reconocer mejoras discretas desde el máximo histórico de la distancia con la UE el año 2021.

En el caso catalán podríamos encontrar algunos paliativos como, por ejemplo, el buen comportamiento de las exportaciones, especialmente en 2023, y ahora ya muy atenuado o la relativa recuperación del sector industrial. Pero son eso, paliativos.

En definitiva, convendría cambiar el eje de algunos de los debates que tienen lugar. Nos tienen entretenidos con muchas bagatelas mientras los problemas importantes se esconden al conjunto de los ciudadanos.