Después de salirse de los acuerdos internacionales sobre el clima durante su primer mandato, Donald Trump ha anunciado en varias ocasiones que derogará el Green New Deal que marca las directrices a seguir para reducir las emisiones de carbono en Estados Unidos, que es el segundo país que más emite del mundo. 

El más ambicioso proyecto económico asociado a este Green Deal es la Inflation Reduction Act, un proyecto de Joe Biden de 2022 envidiado por Europa (que planea sobre los informes Draghi y Letta) que inyecta 500.000 millones de euros entre subvenciones y exenciones fiscales a las empresas para fomentar la transición energética y la eficiencia. 

Enseguida, saltan las alarmas sobre lo que podría costarle a Estados Unidos derogar esta ley en términos económicos, pues poco parece importarle en términos ambientales. El 60% de estas inversiones se deben llevar a cargo durante el próximo mandato. 

Un estudio de la Universidad John Hopkins de Maryland ha previsto que si esto sucede se podrían generar 80.000 millones de dólares de oportunidades fuera de Estados Unidos y que la potencia podría perder 50.000 millones de dólares en ingresos perdidos. Yo daría por descartadas estas dos posibilidades y ahora explicaré por qué.

Politico publicaba este jueves que los demócratas intentan convencer a Trump para que no eche atrás esta iniciativa, ya que debe generar 160.000 puestos de empleo. Y Reuters informaba que empresas como TotalEnergies (una petrolera que como la gran mayoría también inviertee en renovables) dan por hecho que la IRA seguirá adelante. 

Energéticas españolas como Iberdrola o Repsol, pero también empresas como la catalana de cargadores de coches eléctricos Wallbox, tienen parte de sus inversiones en el país incentivadas por esta ley. 

Sin conocer yo a Donald Trump ni a nadie de su equipo ni ser amigo de los pronósticos aventurados (al menos por escrito), veo muy poco probable que un hombre de negocios como Donald Trump, con su gusto por el proteccionismo que ha vuelto a ponerse de moda, eche atrás esta norma. No solo porque la mayoría de inversiones están previstas en estados republicanos, sino sobre todo porque esta ley no va solo sobre clima. Va, sobre todo, sobre business. Y el business es business. 

¿Son eso buenas noticias para las energías renovables y las inversiones en baterías y otras transiciones en Estados Unidos? Sin duda. ¿Son buenas noticias para el cambio climático? En absoluto. 

Las mayores petroleras del mundo, incluidas las norteamericanas Exxon (que ocultó durante décadas el cambio climático) o TotalEnergies, la saudí Aramco y también las europeas, combinan en su estrategia las inversiones milmillonarias en energías renovables con llamamientos a ralentizar la eliminación de los combustibles fósiles, cuya "paulatina" desaparición fue acordada en la COP28 de Emiratos Árabes Unidos el pasado año. Si el jeque de un país que ha hecho ingentes fortunas gracias a los petrodólares, el sultán Ahmed Jaber, puede ser el firmante de este acuerdo, Donald Trump puede seguir adelante con inversiones milmillonarias en renovables. Porque business is business.

Y, por cierto, un buen amigo de Trump como Elon Musk tiene 9 fábricas de coches eléctricos Tesla en Estados Unidos y proyecta tres más, que se benefician o beneficiarán de exenciones de la IRA, si bien el magnate ha asegurado que la retirada de la IRA perjudicaría tanto a sus competidores menores que acabaría beneficiándole a largo plazo. 

Ahora bien, si la transición de la electricidad hacia las energías renovables (dejando atrás el gas y el carbón) y la electrificación de la demanda ya no hay quien la pare, el ritmo al que se descarbonicen sectores más complejos como la industria o el transporte pesado marcarán la capacidad de los países y del mundo de emitir menos CO2. Dicho de otro modo: se puede invertir muchísimo en renovables y seguir contaminando más y más si el consumo o la exportación de los fósiles también crece. Según una investigación del Grupo Rodhium, Estados Unidos redujo en 2023 un 2% sus emisiones de carbono, pero a un ritmo muy inferior a lo necesario para cumplir los objetivos de 2030.  

Y del mismo modo que es poco probable que Trump frene la IRA, también es muy probable que no ponga freno a los combustibles fósiles y les facilite una vida más larga y expansiva. Con el potencial que tiene Estados Unidos para exportar Gas Natural Licuado y petróleo, acompañar la barra libre de fósiles con precios domésticos de la luz bajos y mayor cobertura de renovables en la energía doméstica es una combinación ganadora incluso para un negacionista del cambio climático.

La Inteligencia Artificial y los centros de datos requieren además un plus energético que, si no va pautado con las renovables, puede disparar las emisiones quemando gas o petróleo. 

Cualquier escenario con el gas y el petróleo alargando su sombra perjudican además a nivel competitivo en relación con otros territorios a la Unión Europea, con pocos combustibles fósiles y que ha hecho de las renovables su esperanza de autonomía energética y competitividad industrial. 

La electrificación del sector doméstico y del transporte público parece ya un camino sin retorno en la mayoría de economías avanzadas. Pero el coche eléctrico avanza a trancas y barrancas en Europa (lo hace más rápido en Estados Unidos, pero con un enorme parque aun a gasolina), los barcos y aviones aún están muy lejos de su descarbonización y la industria no acaba de encontrar su camino mientras afina la escalabilidad y los costes de los gases renovables y retrasa la implementación del hidrógeno verde, cuyo papel en esta transición todavía está por definir. 

Existen, así pues, destinos de sobra para que Estados Unidos siga produciendo y exportando petróleo y gas natural si no existe un regulador legal y a pesar de los acuerdos logrados por la COP28. A la COP29 que empieza este lunes todavía asistirá la administración Biden, representada por John Podesta, el máximo consejero de política climática. Lo importante será ver qué papel juega el ejecutivo de Trump en la próxima, la COP30, que tendrá lugar en Belem, Brasil, el año que viene. 

Pero más allá de las implicaciones cuantitativas a nivel de emisiones que pueda tener para Estados Unidos tumbar o ignorar sus compromisos climáticos, existen otros riesgos. El primero, hasta qué punto velará la administración Trump en el cumplimiento de objetivos climáticos o el respeto a los derechos humanos de la cadena de valor de las industrias verdes. Es decir: ¿cuánto CO2 se emite para fabricar la tecnología que debe ayudar a descarbonizar? ¿Se obtienen los minerales necesarios respetando los derechos de los trabajadores? ¿Se garantiza el reciclaje de los materiales? Si estas preguntas ya eran difíciles de responder con Biden, lo será aún más con Trump. 

El segundo riesgo es el efecto de contagio que pueda tener hacia otros países que firmaron la COP28 (como China, India o los países del Golfo), que pueden pensar que no van a descarbonizar si Estados Unidos no lo hace, y también hacia inversores y consumidores. 

Dicen los convencidos en la transición energética desde el punto de vista empresarial que serán los consumidores e inversores quienes, dejando de comprar o invertir en combustibles fósiles, forzarán a las empresas a completarla. Pero los inversores y consumidores no son un ente homogéneo y compacto y si existen liderazgos mundiales negacionistas o amantes del carbón y el petróleo, seguirá habiendo quienes pongan su dinero en este modelo de negocio. 

Desde que la lucha contra el cambio climático salió de la academia y el activismo y la abrazaron los despachos de las grandes multinacionales del mundo para hacer dinero, este combate opera ya en gran parte con las lógicas del mercado. La parte de la transición que ya garantiza retorno a las inversiones seguirá adelante. La otra parte, la que está en el aire, necesita liderazgos convencidos. Y Trump puede ser una muy mala noticia para esta transición aún por afinar, para la reducción del uso de los combustibles y para los objetivos climáticos mundiales, por mucho que mantenga los incentivos a una parte importante de la transición.

Puede que la ira de Trump no tumbe la IRA de Biden, pero seguirá siendo una amenaza para un planeta que se expresa con fenómenos extremos y mortales como el huracán Helene en Estados Unidos o la DANA en Valencia.