Hay mucho análisis y teoría filosófica y económica sobre el comportamiento humano ante la justicia, desde Rawls a Schotter, incluso Premios Nobel como North y Coase. Tanto desde la manera como los incentivos influyen en el comportamiento humano como desde la perspectiva institucional del rol que la justicia ejerce, desde lo económico, en un sistema de factores productivos o en un territorio. No puede decirse que el impacto y el rol de la justicia en la economía sea un tema ni menor ni olvidado.

Entender la justicia ayuda a entender y a debatir sobre la igualdad de oportunidades, que es uno de los pilares de cualquier debate económico —a gusto del consumidor en el orden de prioridad, pero muy arriba siempre—. Y a pesar de ello, la inversión en justicia apenas forma parte del debate de la política económica, al menos en España. Las explicaciones institucionales suelen dar buena cobertura a la hora de interpretar la realidad. Incentivos e instituciones.

La justicia es una de las grandes instituciones para una sociedad democrática, para garantizar igualdad, libertad y cohesión social, todos valores fundamentales para una economía sana. Hay debates políticos sobre el modelo de gobierno de la justicia, e incluso, justo en estos momentos, debates sobre condiciones laborales, pero se habla poco del impacto económico del funcionamiento de la justicia.

La justicia debe ser eficaz y eficiente por motivos cívicos, humanos y sociales, pero también por motivos económicos. La justicia debe aportar predictibilidad, igualdad, no generar barreras en costes, seguridad a los actores, y marcos temporales cortos. La lentitud probablemente sea, de todos los inconvenientes de la justicia en España, el más grave. Los costes de anticipar una resolución lenta, y por ende costosa, de cualquier futuro conflicto generan interferencias en los acuerdos, en los contratos, en la seguridad de los mismos, y condicionan los marcos de relación. Los costes temporales de la justicia configuran las decisiones de inversión —desde compraventa o inversión en activos o empresas a relaciones comerciales o alquileres de vivienda.

Para resolver la lentitud de la justicia seguro que hay medidas de carácter procesal, de técnica jurídica, medidas normativas -cómo legislamos y cómo regulamos-, e incluso medidas de naturaleza política, como recurrimos o renovamos afecta al ritmo de la justicia… pero también las hay de carácter puramente económico, invertir en capacidad de ejecución, en infraestructura, en dotaciones de recursos materiales y humanos. Los presupuestos públicos en Justicia raramente son los que más crecen o los que más inversión reciben, ni en el Estado ni en los Gobiernos autonómicos (vean los crecimientos en Presupuestos 2022, sin ir más lejos, un meritorio 7,9% para Justicia, pero por debajo del global y de las áreas estrella).

Ciertamente el porcentaje de crecimiento en un entorno de recursos escasos e infinitas necesidades sociales puede no ser un gran medidor si al lado tenemos Sanidad o Defensa – lo digo sin ironía, el momento lo reclama, por supuesto-. Pero también es cierto que no recuerdo debate público sobre inversiones que impactan en la economía donde se hable de justicia. Tenemos claro el impacto de las infraestructuras, de la educación o de la sanidad en el tejido económico más allá de su impacto en la vida social, pero no solemos incluir la inversión en Justicia como un elemento más de las inversiones de gran impacto económico.

El economista del Banco de España, Juan S. Mora-Sanguinetti tiene unos cuantos artículos, de recomendable lectura, sobre el impacto de la justicia en la economía donde llega a cuantificar el efecto pernicioso de infrainversiones, o el virtuoso de dotarla en aumento, y el impacto de una justicia más lenta e ineficiente. Si los campos en los que impacta son muchos ¿por qué, entonces, no forma parte del debate económico habitual? Me atrevo a apuntar un motivo muy banal, pero efectivo. Los jueces no hacen política (algunos se reirán). Bueno, no hacen política de la relevante a efectos de la opinión que traslado en esta reflexión: no tienen quien les escriba, quien reclame por ellos ante el relator político y el decisor público. No hay huelgas de jueces (ahora la hay de letrados judiciales), ni manifestaciones como las hay de maestros y médicos. Y aunque las hubiera, el impacto diario en el ciudadano de a pie queda más indirecto y la independencia judicial, ser un poder separado del Estado, les aleja más que a médicos, maestros o bomberos, del debate político. Añadiría además que defender la inversión en justicia por motivos económicos es un poco sacrílego. En la Justicia, como en la Salud, se invierte por principios, no por impacto económico.

Los economistas le vemos impacto económico importante a todo, cierto. Pues invito a que le demos alguna vuelta pública a qué pasaría si los juicios fueran rápidos, si las reclamaciones de daños, las sentencias sobre culpas y sanciones económicas acabaran siempre con el culpable pagando rápidamente, si las ejecuciones fueran eficaces, su hubiera celeridad en la resolución de conflictos mercantiles, pero también familiares, administrativos… Si invirtiéramos más en digitalización, en recursos humanos y materiales, incluso en infraestructura, por supuesto también en pagar dignamente a los profesionales, en atraer talento… Si los contratos fueran seguros por rápidos; si los tramposos supieran que pagan pronto, si la picaresca se castigara, de verdad… puede parecer un verso de Sabina o de Serrat, pero es más un entorno de mayor productividad y por tanto competitividad.

En muchos ránkings de competitividad global España suele pinchar en el terreno institucional, ciertamente muchas veces por problemas de naturaleza política, pero la congestión en la justicia suele lastrarnos. Competitividad y cohesión social van de la mano y seguridad e igualdad, libertad económica auténtica se dan más en entornos donde el honesto sabe que cuenta con un sistema judicial eficaz para protegerle. Socialmente esta eficacia puede implicar muchas cosas y creo que la Justicia en España funciona, pero padece de congestión y hay que poner entre las prioridades de una buena política económica que la justicia sea más eficiente.