¿Legislar y después pensar, o pensar y después legislar?
- Pau Vila
- Barcelona. Miércoles, 25 de diciembre de 2024. 05:30
- Tiempo de lectura: 3 minutos
En medio de la cascada de correos electrónicos de felicitación de las festividades navideñas y buenos deseos para el año 2025, hay uno que me llama la atención: es de un cliente de Dinamarca, con el cual llevamos ya un poco más de tres años trabajando y con quien tengo una buena relación después de algunas visitas yo allí y ellos aquí. Como muchos otros mensajes, da un breve repaso en los hitos que han alcanzado este año y nos agradece la colaboración al haberlo hecho posible. Pero también pide disculpas por "la cada vez mayor cantidad de tiempo y esfuerzos que os hacemos perder para llenar documentación e informes, que son inevitables". Con este cliente, y con muchos otros, este año hemos dedicado aproximadamente la mitad del tiempo total de videollamadas, intercambios de e-mail y visitas a comentar el enfoque del cumplimiento de nuevas regulaciones que entran en vigor próximamente en Europa.
En la relación entre Catalunya y Dinamarca nos impactan dos durante estas fechas. La más significativa es la EUDR (European Union Deforestation Regulation, o normativa europea de prevención la deforestación), que nace a partir de las presiones de Greenpeace y las ocurrencias de algunos eurócratas al pensar que sería una buena idea que los derivados forestales europeos, desde una silla de madera hasta un rollo de papel de inodoro pasando por una caja de bombones de chocolate hechos con cacao, llevaran todos un DNI asociado que permitiera trazar toda la cadena de valor hasta las coordenadas GPS del árbol inicial. Subrayo el concepto de derivados forestales europeos, porque si el árbol se corta en nuestra casa, pero se exporta fuera de Europa, entonces esta normativa no aplica. Es decir, una vez más – y todos juntos hemos perdido la cuenta de cuántas llevamos– nos autoimponemos un grado de exigencia ridículo que no va acompañado de la misma pretensión en el comercio internacional, y que, por lo tanto, solo da como resultado un incentivo para deslocalizar todas las actividades hacia regiones donde el contexto sea un poco más razonable. Marruecos y Turquía han salido muy favorecidos últimamente.
Fui el primer proveedor a explicarle a nuestro cliente danés, en el mes de septiembre, que no disponíamos todavía de acceso al sistema informático europeo de cumplimiento de esta nueva normativa porque la solicitud consistía en enviar un correo a una tal Katerina, que resulta que era la misma persona para todas las industrias forestales europeas. Como no podía ser de otra manera, la pobre Katerina quedó absolutamente sepultada de mensajes de solicitud de acceso que no habría podido responder ni en trescientos años –de hecho, me comentan algunos colegas que en un momento determinado la dirección de correo ya devolvía errores que probablemente significaban que se había agotado el espacio de disco duro asignado al buzón. Desconozco si Katerina se cogió una baja por depresión, una excedencia, o está esperando la respuesta del equipo de soporte informático, el caso es que nunca más hemos sabido nada. La entrada en vigor de la nueva norma se ha pospuesto unos meses para "resolver los problemas operativos". El cliente danés alucinaba tanto que incluso diría que no se lo acababa de creer, pero cuando dos proveedores italianos le explicaron la misma versión de los hechos, asumió que esta situación era real. Me dijo: "¿Pero nadie ha pensado que eso pasaría?". No le supe responder a esta pregunta.
Añado una línea más a la carta de regalos que espero que me cague el tió: que en 2025 pensemos todos un poco más antes de actuar
Inmediatamente después de cerrar el correo de felicitación navideña de mi amigo danés, recibo otro. Es el típico 'resumen digestivo' semanal de un diario económico. El primer titular, en tamaño de letra mayor, dice lo siguiente: 'Qatar amenaza con cortar el gas en la UE para su normativa ambiental'. Según explica la noticia, los precios del gas natural en Europa vuelven a subir fuertemente porque Qatar probablemente tendrá que pagar una multa que puede llegar hasta el 5% de sus ingresos totales anuales por esta actividad, debida al incumplimiento de la nueva normativa de diligencia debida ambiental. Qatar no tiene ninguna necesidad de pagar multas para vender a Europa, pudiendo vender este mismo gas a otras geografías sin ninguna discusión –por eso es creíble la amenaza de que cortará el suministro. Me invade otra vez la misma pregunta que me hacía el cliente danés: ¿pero cómo puede ser que nadie haya pensado que eso pasaría?
Así las cosas, añado una línea más a la carta de regalos que espero que me cague el tió: que en 2025 pensemos todos un poco más antes de actuar. Porque si actuamos y después pensamos, en lugar de pensar y después actuar –especialmente desde la política, pero no solo– las consecuencias impactan y preocupan a terceros que probablemente no tienen ninguna culpa. ¡Felices fiestas!