A base de años de sufrirlo, hemos normalizado convivir con una dinámica en la que cada semana aparece alguna nueva regulación catalana, española o europea que limita un poco más nuestras vidas. Esta semana hemos conocido que la Unión Europea prohibirá el uso de condimentos y salsas en formato monodosis, como el aceite, sal o la mayonesa, en un intento comprensible y loable de reducir los residuos plásticos de un solo uso y apostar por formatos que tengan una vida del envase mucho más elevada. El principal problema es que hace menos de una década a los restaurantes y bares de toda Europa se les pidió que tiraran las vinagreras a la basura, porque en un también loable intento de incrementar la seguridad alimentaria, se prohibían los formatos rellenables de los condimentos alimentarios dado que estos generaban una cierta opacidad sobre el origen del producto y abrían la puerta a que quizás no cumpliera con todas las regulaciones pertinentes para el consumo humano.

La limitación de no utilizar recipientes que se puedan rellenar seguirá vigente, en teoría, por lo cual los europeos tendremos que utilizar botellas suficientemente grandes como para no ser consideradas monodosis pero que al mismo tiempo tenga un diseño del tapón que no permita rellenarlas, en la característica complejidad que nos ocupa. Digo en teoría porque la propia ley introducía una rendija absurda para no cumplirla: los aceites y salsas infusionados artesanalmente, lo cual de facto ha implicado que poner una hoja de laurel dentro de la aceitera automáticamente queda legalizada. También en teoría porque cuando los bares y restaurantes han constatado que evidentemente en nuestra casa hay una cantidad de regulaciones que desborda cualquier expectativa de que haya inspectores para velar por el cumplimiento de todas ellas, han pasado de todo eso y han dejado de poner la hoja de laurel sin que pase absolutamente nada. Quien ha sufrido las mayores consecuencias seguramente han sido los fabricantes que invirtieron en cambios en la maquinaria de envasado para cumplir estas nuevas exigencias sin que finalmente hayan tenido el alcance previsto.

También en el ámbito de la alimentación y bebidas ha entrado en vigor este año la obligación que las botellas de plástico de la Unión Europea tengan que tener el tapón enganchado a la botella, para facilitar la reciclabilidad al evitar la dispersión de los materiales de la botella por un lado y el tapón por el otro. En un orden de cosas menos mundano y más sofisticado, se han puesto en marcha las limitaciones a la inteligencia artificial, que hacen que, en teoría, en todos los países del mundo menos en Europa se pueda interaccionar con la voz con asistentes como ChatGPT, mientras que aquí hace falta que las consultas sigan siendo escritas porque la regulación impide al procesado de voz humana por razones de protección de datos e identidad.

Hemos normalizado que cada semana aparezca una nueva regulación catalana, española o europea que limita un poco más nuestras vidas

De nuevo, digo en teoría porque las limitaciones de acceso a servicios web limitados geográficamente son sencillísimas de romper mediante la conexión a un VPN que permite simular que nuestra conexión proviene de otro país donde no hay estas restricciones, una solución gratuita y legal. Estas mismas limitaciones a la inteligencia artificial son lo que ha hecho que, por primera vez, Apple haya lanzado dos versiones diferenciadas de su popular iPhone: el iPhone para la Unión Europea y el iPhone para el resto del mundo. El de la UE básicamente es el mismo que el otro pero con todas las funcionalidades de inteligencia artificial –que la marca ha bautizado con el concepto 'Apple Intelligence'- desactivadas. En este caso no se trata de una situación fácilmente reversible porque el propio smartphone tiene un número de modelo diferente, está bloqueado de fábrica, lo cual ha ocasionado la crítica pública de los burócratas europeos que consideran que la marca no se esfuerza suficiente para cumplir con sus exigencias y quiere hacerlo pagar a los consumidores europeos.

En otro terreno, el de los artículos forestales, hay una auténtica batalla campal abierta en estos momentos dentro de los fabricantes europeos de productos de madera, papel y cartón, derivados del cacao y productos de café para intentar entender e implementar la nueva EUDR – European Union Deforestation Regulation. Esta directiva introduce elementos de regulación creativa como se tengan que introducir las coordenadas GPS de los árboles y plantaciones forestales en un portal web del en UE, a partir de los cuales se generará un código que se tendrá que arrastrar durante toda la cadena de valor en cada producto y subproducto. A cada transformación, la empresa involucrada tendrá que generar un nuevo código de salida a partir de todos los códigos de entrada (por ejemplo, los diferentes lotes de cacao utilizados para hacer una tableta de chocolate) y adjuntar la documentación pertinente para acreditarlo, informando también de si la tableta de chocolate es para el consumo nacional o exportación, y en este caso, en qué país. Las empresas involucradas, que en Catalunya no serán pocas, tendrán que hacer contratación de personal para dedicarse a jornada completa a tramitar toda esta documentación y llevar los códigos arriba y abajo.

Gobernar a golpe de ocurrencia nos desgasta a todos, particularmente a las empresas que tienen que destinarle recursos económicos

Si fuéramos unos años atrás encontraríamos decensas de otros ejemplos de todo, con cuestiones tan surrealistas como la directiva que ocasionó que los europeos tengamos que aceptar el uso de cookies de manera mecánica a cada página web que entramos, una cuestión que nadie de nosotros lee y que tampoco parece que haya contribuido a gestionar la privacidad con mayor cuidado. El coste de adaptación de cualquier pyme a la última ley europea de protección de datos, incluyendo las nuevas obligaciones sobre cookies, fue de unos 10.000 euros como mínimo.

Mirándolo al fin y al cabo con perspectiva aparecen dos reflexiones. La primera, que algunas de estas regulaciones ya desde el principio tendrían que haber levantado más de una sospecha que quizás se trataba de ocurrencias que tendrían una eficacia limitada, por no decir nula, a resolver ningún problema relevante para nuestras vidas. La segunda, que en los casos donde realmente había una expectativa razonable de que la regulación tuviera un gran impacto en positivo, no está claro que nadie haya hecho ningún tipo de análisis posterior de los efectos de la política pública –de ser así, las absurdidades como la hoja de laurel dentro de la aceitera o el botón de aceptar las cookies se habrían retirado hace tiempo. Gobernar a golpe de ocurrencia nos desgasta a todos, particularmente a las empresas que tienen que destinar recursos económicos y una cantidad creciente de personal al 'compliance' ante estas constantes idas y venidas, pero también provoca desafección respecto de los gobiernos e inseguridad jurídica ante la incapacidad material de que nadie revise que todas estas normas se cumplan. Es un problema grave.