En El malestar en la cultura, Sigmund Freud viene a contar que nuestra sociedad ha pagado por el progreso el elevado precio de sacrificar la vida instintiva y reprimir la espontaneidad. No eran tiempos para el optimismo cuando Freud escribió el ensayo. Entregó el manuscrito una semana después del 29 de octubre de 1929, el “Martes negro” en el que se hundió la Bolsa de Nueva York, y en plena efervescencia de la extrema derecha en Europa y la desesperanza de la izquierda. Tres años después Hitler se alzaría con el poder.

Me he acordado de este título de Freud al percibir ciertos malestares, incomodidades y quejas entre la sociedad económica catalana. No ha sentado muy bien, por ejemplo, a varios miembros del Col·legi d’Economistes de Catalunya la distinción del expresident José Montilla como colegiado de honor de 2024. Hubo trabajo en la junta de gobierno y en la votación pertinente, según varias fuentes. Los díscolos cuestionan dos cosas: las aportaciones de Montilla a la disciplina económica y su marcado perfil político. Según el Col·legi, Montilla, que actualmente es consejero independiente de Enagás, ha sido distinguido por “su larga trayectoria institucional en la que siempre ha mostrado una gran sensibilidad por el mundo de la economía y la empresa, realizando importantes contribuciones en todas las tareas que ha desarrollado” (como president de la Generalitat, ministro de Industria, presidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de Cornellà). Los últimos premiados con esta distinción son Josep Sánchez Llibre, Aurora Catá, Olga Pané y Juan Ignacio Cirac. Artur Mas fue distinguido en 2020 como colegiado de mérito, categoría reservada para los economistas colegiados.

El Sabadell declina la invitación

El Banco Sabadell no está cómodo compartiendo los mismos foros de debate y opinión que el BBVA, máxime cuando quien paga es el banco que quiere oparlo. Una opción es declinar amablemente la invitación “por motivos de agenda”. Y es lo que ha hecho el banco que preside Josep Oliu en el tradicional seminario de economía que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, y que en las últimas ediciones -lleva ya 41- patrocina el BBVA. Se celebra esta semana y se debate el rol de las empresas en la nueva economía. En el programa de la sesión sobre el sector bancario, titulada “La banca se rearma”, aparecía hace un mes la participación del consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, en una mesa redonda junto a la presidenta de la patronal bancaria (AEB), Alejandra Kindelán, y al responsable de sostenibilidad y banca de inversión del BBVA, Javier Rodríguez. Hoy el CEO del Sabadell no está y para llenar el hueco se ha programado una conferencia de la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, sobre el control de las cuentas. 

Sin catalanes en el Banco de España

Seguramente la cúpula del Sabadell y toda la clase política y empresarial catalana crítica con la opa estarían más tranquilos teniendo influencia en las instituciones que debe manifestarse sobre la operación del BBVA, en este caso el Banco de España, huérfano de gobernador desde esta semana. Pero si no hay influjo catalán es por incomparecencia o incapacidad de los responsables de proponerlo. A finales de abril se cumplió un año sin cuota catalana en el Banco de España porque la Generalitat y el Gobierno no han pactado el sustituto de Núria Mas, que dejó la plaza vacante en 2023 porque expiró el mandato. Quien nombra al gobernador y a los consejeros es el consejo de ministros, pero hay una tradición no escrita de reparto entre los dos principales partidos españoles, PP y PSOE, para asegurar una representación equitativa en el banco. Según esta misma tradición, un consejero sale a propuesta de la Generalitat para garantizar que el gobierno de la comunidad con más peso económico esté representado. Núria Mas sustituyó a Guillem López-Casasnovas y éste a Joaquim Muns, quien reemplazó a su vez a Alfred Pastor. Parece ser que cuando el Govern se decidió por un candidato, la propuesta pilló con el paso cambiado a la Moncloa, al coincidir con el relevo de Nadia Calviño por Carlos Cuerpo al frente del Ministerio de Economía. 

Quienes más echan de menos la presencia catalana en la institución financiera ven con buenos ojos el perfil de la economista Montserrat Martínez Parera, actual vicepresidenta de la CNMV, con experiencia pretérita en el Banco de España como jefa de gabinete, en CaixaBank y en el BBVA. Aparece en alguna quiniela.

Un apunte histórico: a muchos les sorprende que entre los 70 gobernadores que ha tenido el Banco de España a lo largo de su historia (desde 1856), solo dos hayan nacido en Catalunya, a pesar de haber sido el motor económico de España. El ministro de Economía republicano Luis Nicolau d’Olwer lo fue entre 1936 y 1938. Y no sin dificultades, puesto que Franco lo cesó en mayo de 1937, con carácter retroactivo al 18 de julio de 1936, pero no tuvo efectos ya que Nicolau estaba bajo la autoridad del Gobierno de la República. En el Banco de España organizado como central de la zona nacional en la sucursal de Burgos no hubo gobernador hasta abril de 1938, fecha en la que se nombró al abogado falangista Antonio Goicoechea (nacido en Barcelona en 1876). Estuvo en el cargo hasta 1950.

Cellnex llora la marcha de Criteria

En Cellnex una mezcla de incomprensión y nostalgia se respira desde hace unos días a propósito de la decisión de CriteriaCaixa de abandonar el accionariado. Según varias fuentes, les apena que el brazo inversor de La Caixa se repliegue ahora de una empresa que ha anunciado el pago de 3.000 millones de euros en dividendos entre 2026 y 2030, y que pertenece a uno de los sectores que en las torres negras consideran estratégico, como el de las telecomunicaciones. “La ayudamos a nacer y también hemos ido inyectando capital pero las cosas tienen su momento”, atemperan en Criteria. El accionariado de Cellnex está muy atomizado desde que Edizione, uno de los holdings de la familia Benetton, fuera reduciendo su participación (aún mayoritaria), y se queda sin arraigo en caso de una probable operación de consolidación transfronteriza en el futuro.