El gobierno español ha anunciado el envío a la Comisión Europea del Plan fiscal y estructural de medio plazo para cumplir con una de las obligaciones recogidas en las nuevas reglas fiscales comunitarias. Este plan para los próximos siete años marca el camino para reducir la elevada ratio de deuda pública, situada ahora en un 105% del PIB, planteando una muy agresiva disminución del déficit anual desde el -3,5% del PIB en 2023 al -0,8% en 2031. Un esfuerzo considerable, su reducción en 2,7 puntos, en un periodo no demasiado largo que sería más sencillo de conseguir si se consigue aumentar la riqueza creada, incrementando la reducida tasa de crecimiento potencial del PIB español (entre 1,3 y 1,6% anual real según diferentes fuentes). No es posible analizar en profundidad el contenido del Plan porque sólo se conocen las líneas más gruesas, pero sí es factible realizar algunas reflexiones sobre la complejidad y posibles implicaciones del reto.

Como elemento previo es necesario conocer la posición actual de las cuentas públicas. Con la información oficial sobre su ejecución hasta julio parecería complicado alcanzar el objetivo marcado por el Gobierno de finalizar 2024 con un déficit equivalente al 3% del PIB; no obstante, la AIReF avala su consecución (no así el Banco de España que prevé un 3,3%) posiblemente debido al aumento de los ingresos vía impuestos y cotizaciones y la desaparición de una parte de las medidas de apoyo a las familias para hacer frente al fenómeno inflacionista provocado por la invasión de Ucrania por Rusia. De ser así, este año se volvería al mismo saldo negativo de antes de iniciarse la pandemia (2019) pero con unos ingresos y gastos públicos engrosados en 3,4 puntos del PIB, hasta alcanzar el 42,3% y el 45,4% respectivamente. Desde luego, con esas ratios no se puede tildar precisamente de neoliberal el actual modelo social y económico; otra cosa distinta son las opiniones que puedan surgir de analizar la estructura presupuestaria.

El esfuerzo de disminución del déficit en medio punto el próximo año depende bastante del denominador, es decir, de la evolución del PIB, que el Gobierno parece situar en el 5,1% nominal (2,4% real, con un deflactor del 2,7%). Si suponemos que, a falta de nuevas medidas tributarias, los ingresos podrían aumentar ligeramente por encima de la actividad, el gasto lo podría hacer en torno al 3,7% nominal: un máximo de 30.000 millones de euros. Y el lector se preguntará ¿eso es mucho o es poco? La respuesta un poco gallega es, depende de qué se quiera hacer y priorizar y, sobre todo, de las obligaciones que se deban asumir de forma ineludible.

La estructura de las cuentas

Realizando un repaso de la estructura de las cuentas públicas nos encontramos con tres partidas que absorben casi el 60 por ciento del gasto de
todas las administraciones públicas: pensiones, sueldos y salarios e intereses de la deuda pública. Comenzando por la primera, la normativa recientemente modificada y la demografía, fijan un aumento de su gasto en 2025 de casi 12.000 millones de euros en 2025, es decir, es el 40 por ciento del margen de crecimiento del gasto de todas a las administraciones públicas. Un crecimiento del 5,7% anual hasta superar los 217.000 millones de euros (13,1% del PIB; 1,1 puntos superior al de 2018) derivado de la actualización anual de las pensiones en vigor (en torno al 3% siguiendo la tasa anual del IPC), el mayor número en el que ya inicia su impacto la generación del baby boom (en torno a 1,2%), el efecto sustitución provocado por la mayor cuantía de las nuevas pensiones respecto a la que salen del sistema (en torno a 1,3%) y la mejora de las pensiones mínimas (un tramo de los especificados para alcanzar la cuantía establecida como umbral de pobreza relativa). El incremento de gasto en pensiones, casi 12.000 millones de euros sólo en 2025 (añadidos a los 18.000 millones de 2023, los 7.200 de 2022 o los 8.600 de 2021), empalidece, más bien deja en ridículo, las dotaciones dirigidas a jóvenes (la más reciente anunciada 200 millones como ayuda al alquiler).

La segunda partida en magnitud dentro de las cuentas públicas es la dirigida al pago de los sueldos y salarios de los empleados públicos. Un aumento de la dotación similar a la de este año absorbería algo más de 9.000 millones de euros, casi el 32 por ciento del margen de crecimiento de todo el gasto público en 2025, hasta superar los 182.000 millones de euros. La tercera partida es la necesaria para pagar los intereses de la deuda en circulación que podría superar los 45.000 millones de euros, absorbiendo algo más del 15% del margen presupuestario; si bien es cierto que esta política está fuera del gasto primario neto que computa la Comisión Europea para calcular la evolución anual.

En definitiva, de acertar en los cálculos, estas tres políticas absorben casi el 90 por ciento del margen de crecimiento del gasto público en 2025. Por tanto, ¿qué va a suceder con el resto de las políticas públicas incluida la sanidad?, ¿qué sucederá con la inversión que no tenga su origen en los fondos Next Generation?, ¿cómo se va a mejorar el potencial de crecimiento de la economía?, ¿cómo se van a abordar los problemas de vivienda? Es cierto que la presión fiscal en España es inferior en torno a 3,2 puntos al promedio de los países de la zona euro, pero también lo es que la principal diferencia se localiza en la cuota social del trabajador (-2,7 puntos de PIB) mientras que la cuota del empleador con efectos en el coste laboral es superior en 1,8 puntos del PIB ¿se atreverá el gobierno a subir la cotización de los trabajadores reduciendo los salarios netos en un diez por ciento? Me atrevo a decir que no.

Muchas preguntas de difícil respuesta, pero al hablar de este asunto conviene recordar que esta es la estructura de gasto e ingresos de la que se ha dotado la sociedad española para afrontar el futuro, en un mundo con serios cambios estructurales que no favorecen precisamente a la Unión Europea y menos aún, a nuestro país.