Cada año, los agricultores y ganaderos europeos que quieran recibir las ayudas previstas por la Política Agraria Común deben presentar una solicitud única. Estamos hablando de la distribución para la campaña 2024 de 4.882 millones de euros.

A finales del mes de julio, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los primeros datos sobre las solicitudes presentadas este año en España.  Son 598.151 las solicitudes presentadas, un descenso del 3,9% en relación con las del 2023. Las mayores bajadas se han registrado en Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón. Como referencia, podemos comparar estos datos con los de Francia: 315.000 solicitudes, con una disminución interanual del 6,7 %.

Sigue por lo tanto el proceso de disminución del número de solicitudes presentadas. Desde el año 2013, primer año en el que se institucionalizó el sistema actual de ayudas al campo, el número de beneficiarios ha disminuido en 317.000; de mas de 900.00 demandantes a menos de 600.000. Al mismo tiempo, la superficie para la que se han pedido las ayudas se ha mantenido estable en cerca de 22,2 millones.

Esto nos lleva a dos primeras conclusiones obvias: la primera es que, al ser más o menos estable el presupuesto reservado a estas ayudas, menos beneficiarios significa mayor ayuda media para los que quedan. La segunda es que al mantenerse más o menos constante la superficie declarada, el tamaño medio de las explotaciones declaradas está aumentando.

Algunas reacciones

Mi buen amigo Juan Pedro Medina, hasta hace bien poco Viceconsejero de agricultura de la Junta de Castilla y León y prestigioso experto en esto de las ayudas PAC, concluía en su comentario en AGROPOPULAR que «habría que pensar si tiene sentido los pagos para reducir ayudas a las explotaciones más grandes para dárselas a las más chicas».

En un sentido contrario se ha expresado en las redes sociales David Martín-Audije Durán, en una demostración que se puede discutir incluso por Twitter con educación, sentido común, respeto y educación. Sostiene David que “Y los que quedan, muchos de ellos, se reparten inmensas cantidades de €… Menos solicitantes, ergo más ayudas a los que van aglutinando las superficies de los que las dejan. Poco a poco, van despareciendo la agricultura y la ganadería… Ahí tiene los resultados, de cada vez menos agricultores y ganaderos y más fondos de inversiones comiéndose el presupuesto europeo… Todo menos estar orgullosos de esas políticas, al menos desde mi punto de vista claro”.

Es evidente que la estructura de la agricultura europea y española está cambiando. Ya nos lo decía el último censo agrario. En el del 2020, el número de explotaciones se sitúa en 914.871, con un descenso de un 7,6% respecto al censo del 2009. Ya lo explicábamos en nuestro artículo (con Almudena Gómez Ramos) en el Anuario de la UPA 2014: el análisis de los datos de la Red Contable Agraria Nacional (RCAN) demuestra una mejora constante en las rentas generadas en las explotaciones de mayor dimensión económica (entendidas como aquellas con un margen bruto mínimo de 600.000 €), y un creciente distanciamiento de la evolución registradas en las explotaciones agrarias medianas y pequeñas.

¿Una evolución positiva?

Parece claro que estamos yendo hacia una agricultura más profesionalizada. Como demuestran los datos franceses, y demostrarían los datos europeos si los analizáramos, esta misma evolución se produce en toda la Unión Europea.  Esto es una buena noticia ya que la revolución tecnológica que estamos viviendo, también en el campo, está disparando las economías de escala.  Al mismo tiempo, las crecientes exigencias en temas como el bienestar animal, la protección del medio ambiente, la gestión del agua y la calidad intrínseca e higiénica de los alimentos, requiere de una fineza tecnológica cada vez más difícilmente al alcance de productores no profesionalizados.

Pero, por otro, existe la convicción de que “el modelo de la agricultura familiar debe prevalecer”. En este sentido recomiendo la lectura del apasionante libro de François Purseigne y Bertrand Hervieu, recientemente publicado en español por Cajamar, con un epilogo del siempre interesante Eduardo Moyano, cuyo título es revelador “¿Una agricultura sin agricultores?”. 

Si las autoridades no intervienen voluntaristamente, la respuesta a la pregunta anterior no puede ser otra que positiva. Se trata de un dilema político, en el que se puede intervenir por acción o por omisión. Si queremos mantener una agricultura familiar, de talla humana, que vertebre el territorio y contribuya a mantener vivos nuestros pueblos (tal y como dicen querer la gran mayoría de nuestros responsables políticos y sindicales) no cabe otra, a mi juicio, que coger la sartén por el mango y concentrar las ayudas en aquellas explotaciones que más las necesitan.

A la pregunta de Juan Pedro Medina, mi respuesta es que, por supuesto, hoy más que nunca es necesario discriminar a favor de la “clase media” del campo, de los agricultores familiares profesionales. Los demás, tanto os agricultores a tiempo parcial como las grandes corporaciones tienen pleno derecho a existir, pero no deben ser beneficiarios prioritarios de una política agraria que debe acompañar a nuestros agricultores en la complicada adaptación al, y mitigación del, cambio climático, en su transición agroecológica.

Limitaciones presupuestarias

España ya ha dado unos primeros pasos en esta dirección. Somos el Estado miembro con la limitación más drástica en Europa de las ayudas que puede recibir una explotación, aunque los topes impuestos (100.000 por explotación, más otros posibles 100.000 si se justifican costes laborales correspondientes) puedan parecer todavía muy altos. 

El actual gobierno ha anunciado para esta legislatura una ley de la agricultura familiar que podría ir en esta dirección pero de cuyo posible contenido ¡al menos en que escribe este artículo) se sabe poco. 

Estamos entrando en un nuevo ciclo presupuestario, tanto a nivel europeo como nacional, de mayor rigor. No va a haber dinero para todo, pero sobre todo no va a haber dinero para todos.  

El 15 de enero de 1977, el secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer (1922-1984), pronunció en el Teatro Eliseo de Roma un discurso que casi nadie entendió en aquel momento. Habló sobre la austeridad, utilizando ciertamente el vocabulario comunista característico de la época. La lectura de este discurso, ya en la época, me perturbó y me hizo reflexionar mucho, rompiendo buen número de esquemas y prejuicios que poblaban mi juvenil mente.

Utilizando palabras de hoy, la austeridad obliga a los políticos a elegir. No cabe mirar para otro lado. Tienen que poner los hechos en concordancia con sus palabras a riesgo de agudizar una crisis económica, social y moral. Discriminar a unos frente a otros es algo que a nuestros políticos no les suele gustar. Pero, en mi opinión, no les va a quedar otra.

Esperemos, trabajemos para que sea a favor de una agricultura con agricultores, con explotaciones profesionales de talla humana, con un tejido asociativo y cooperativo fuerte. Es, al menos, mi apuesta personal.