El presupuesto público es el principal instrumento de planificación de la actuación del sector público a través de las políticas de gasto, los ingresos exigidos a la sociedad y el correspondiente saldo entre ambos que incide en el nivel de deuda pública y los correspondientes intereses derivados de su financiación por los inversores nacionales e internacionales. Se trata, por tanto, de una herramienta fundamental en la vida social y política de un país ahora y en el futuro.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública cumpliendo la norma vigente (art. 30 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) ha presentado recientemente el límite de gasto no financiero del Estado para 2024, lo que coloquialmente se denomina “techo de gasto”, que recoge el gasto previsto excluidas las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales. Lo ha cuantificado en 199.120 millones de euros, de los que 9.905 millones de euros corresponden a fondos de la Unión Europea. La cantidad sin este último capítulo implica un importante crecimiento del 9,3% sobre el año previo.

Como información adicional, aunque presentada de forma inconexa, el Ministerio ha comunicado que las CC. AA. recibirán 154.467 millones de euros en 2024 en el sistema de financiación de Régimen Común, un 14,9% superior a la del año anterior. Este aumento es consecuencia del récord de recaudación tributaria del último año y la muy positiva liquidación del sistema de financiación de 2022. Una cuantía, por otra parte, con posibilidades de reducirse en los años posteriores en el probable caso de no mantenerse en el futuro el intenso ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios comunes (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) observado en los dos últimos ejercicios.

Para el Ministerio, la previsión de ingresos y gastos de todas las administraciones públicas y un determinado crecimiento de PIB (información no presentada públicamente) permitiría reducir el déficit en nueve décimas de PIB hasta alcanzar el 3% del PIB. El objetivo de déficit se concentra en la Administración General del Estado (2,9% de PIB) como consecuencia de la última reforma de las pensiones que, para mantener la tasa de reposición más alta de la Unión Europea y su posterior actualización con el IPC, genera un déficit contributivo cubierto en su mayor parte con transferencias del Estado (2% de PIB a la Seguridad Social y 1% al Régimen de Clases Pasivas).

De cumplirse las previsiones del Ministerio de Hacienda, España podría cumplir con dos de las condiciones que parece que se van a aprobar como reglas fiscales de la Unión Europea

La evolución a la baja del saldo anual negativo permitirá reducir la deuda pública en un porcentaje idéntico hasta el 105,4% del PIB. De cumplirse estas previsiones, España podría cumplir con dos de las condiciones que parece que se van a aprobar como reglas fiscales en la Unión Europea.

Con tan limitada información no es posible realizar una valoración mínima fiable de los presupuestos de las administraciones públicas en el próximo ejercicio y de la posición fiscal española. Explico a continuación las razones de esta aseveración. El gasto total en 2022 de las administraciones públicas ascendió a 637.831 millones de euros, es decir, el nuevo techo de gasto de 2024 supone el 31,2% del gasto ejecutado hace dos años, dado que incluye tan solo una parte de las funciones de la Administración General del Estado dar cobertura a tareas comunes (seguridad y defensa, justicia, intereses deuda pública, aportación UE, empleados de la administración general del Estado…) y una parte de la nivelación funcional (básicamente la Seguridad Social). El gasto de la Seguridad Social fue de 214.445 millones de euros, es decir, superó con creces la previsión de techo de gasto de la AGE para 2024, si bien para alcanzar esta cantidad contó con una transferencia de esta última de 37.570 millones de euros. La perspectiva para el próximo ejercicio es un fuerte crecimiento adicional (en torno al 6,5% nominal) debido a la actualización del stock de pensiones (3,8%), el mayor número de pensiones (1,2%) y el efecto sustitución (en torno al 1,5%). Por último, el gasto de las administraciones territoriales en 2022 estuvo en torno a 171.500 millones de euros (excluidas las transferencias de la AGE), casi tanto como el techo de gasto presentado para la AGE en 2024.

A la vista de estas cifras, el techo de gasto de la AGE (que hay que recordar no necesita aprobación en el Parlamento) no permite realizar un análisis demasiado profundo sobre el contenido de las cuentas públicas del año próximo, momento en el que se recuperará la disciplina fiscal en el Unión Europea. A la espera de conocer toda la información presupuestaria para realizar una valoración mínimamente fiable, el debate público se localizará muy posiblemente en una confrontación partidista en las Cortes Generales sobre la distribución territorial del objetivo de déficit con poca explicación de los argumentos que fundamenten las diferentes posiciones.

En este momento procesal de espera la publicación de los proyectos de presupuestos, la AIReF ha publicado el Informe sobre el Plan de Reequilibrio presentado por el Gobierno (12 diciembre 2023) ante la situación excepcional creada, primero el covid-19 y, después, la guerra en Ucrania, que justificaron la suspensión de las reglas fiscales durante tres años. La institución encargada de velar por la estabilidad fiscal a medio y largo plazo considera que el Plan no cumple con las obligaciones legales marcadas que "incluye las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, la descripción y calendario de las medidas a adoptar para cumplir con los objetivos y las previsiones de las variables económicas y fiscales, los supuestos en los que se basan y un análisis de sensibilidad. Además, se añade información adicional en materia de objetivos de estabilidad y deuda", y que el Gobierno se ha limitado a incorporar documentos utilizados para otros menesteres comunitarios (Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 y Plan presupuestario) que, por otra parte, no han sido avalados por la Comisión Europea, al recordar que el propio Gobierno argumentaba la no-actualización del contenido al estar en funciones en el momento de su elaboración.

La AIReF es bastante dura: considera que el Plan de Reequilibrio del Gobierno no contiene los detalles de las medidas fiscales para alcanzar la senda de la consolidación (déficit del 2,5% PIB en 2026)

El informe de la AIReF es bastante duro con el Informe, considera que el Plan no contiene los detalles de las medidas fiscales para alcanzar la senda de consolidación propuesta (déficit del 2,5% PIB en 2026), presenta incoherencias entre los presupuestos de las distintas administraciones públicas y tampoco recoge el cuadro macro que subyace a la senda fiscal utilizada. Para este organismo, con las políticas propuestas por el Gobierno, el déficit se quedaría anclado en el 3,2% del PIB, lejos del objetivo recogido en el Informe de Reequilibrio Fiscal.

Un elemento clave para cumplir con el objetivo de déficit es la desaparición de las medidas de (reducción) de ingresos y (mayor) gasto aprobadas para proteger a la población del proceso inflacionario. Como se puede apreciar en las declaraciones públicas de los distintos partidos que forman parte de la coalición de gobierno, no hay consenso en la materia.

Después del intenso esfuerzo realizado por las finanzas públicas para proteger a la población en unos años muy complicados, es hora de adoptar las decisiones necesarias para recuperar la senda de consolidación fiscal que evite incurrir en un endeudamiento que perjudique el crecimiento de la actividad económica y la renta neta de las generaciones futuras. La información facilitada con el techo de gasto de la AGE no es suficiente para realizar una valoración sobre las posibilidades de éxito, habrá que esperar a la presentación de los presupuestos generales del Estado y los de las administraciones territoriales.