Son numerosas las quejas en estos días (semanas y meses) sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) que se ha empezado a aplicar en España desde el 1 de enero del presente año 2023. Unos hablan de “disparates”, otros hablan de “burocracia” y los más hablan de ambas cosas a la vez. También se afirma que se estaría expulsando a los jubilados del campo.

El tema es que todas estas quejas tienen un parte importante de verdad, aunque se formulen a veces de una manera algo provocativa y me parece que merecen detenerse en ellas y reflexionar con serenidad.

El primer tema es el de los apuros de tiempo con el que se ha negociado la nueva PAC, a pesar de que debía entrar en vigor dos años antes, el 1 de enero del 2021, que se ha retrasado 2 años. A todas las administraciones, desde la europea hasta las Comunidades Autónomas, les ha pillado el toro. Las cosas de palacio (y de Bruselas) van despacio. Todo esto, a pesar de que España fue el primer cabeza de los Estados miembro que consiguió que la Comisión aprobará su Plan Estratégico, es decir su proyecto de aplicación de la PAC en nuestro país.

Un Plan nacional, forzosamente general, elaborado y negociado con premuras, puede convenir a una gran mayoría del territorio, pero su aplicación chirria en situaciones concretas. De aquí viene la expresión acuñada con gran éxito comunicativo de los “disparatas de la PAC”.

Un ejemplo vale mas que mil palabras. Todos hemos visto por la televisión, cuando hay lluvias torrenciales, riadas de agua de color marrón, que se llevan el suelo fértil tan importante para nuestra agricultura y ganadería. Este suelo tarda décadas en producirse y el preservarlo es la mejor manera de retener agua, evitar que se colmen los envases, limitar los daños en las viviendas y preservar nuestro potencial de alimentar a nuestra población.

La nueva PAC incentiva el mantenimiento de una cobertura vegetal en nuestros viñedos, olivares y otras explotaciones de frutales. Ahora bien, gente que dice saber del tema (yo no soy más que un economista agrario) dicen que, en determinadas situaciones, por pendiente o por pluviometría, esta no es la practica más eficaz para alcanzar este objetivo. Maestros tiene la ciencia y los actores locales.

A pesar de que ha habido una consulta pública en la que han podido participar todo aquel que tuviera algo que aportar, a pesar de que (con buen criterio) las distintas comunidades autónomas márgenes de flexibilidad para ajustar las nuevas normas a la realidad, a pesar de que muchas de ellas han hecho uso de esta facultad, sigue habiendo “disparates”. Desde la administración central, también se han hecho grandes esfuerzos de aclaración primero, y ajustes después, parece evidente que, en este primer año, están apareciendo tensiones en algunas de estas agriculturas tan variadas que conforman el Estado español.

La montaña burocrática

Nadie pone en duda la necesidad en la ganadería de seguir disminuyendo el consumo de antibióticos. Tampoco nadie pone en entredicho la necesidad de ajustar al máximo (o quizás debería escribir “al mínimo”) la utilización de pesticidas y fertilizantes al estrictamente necesario, por razones ecológicas y de rentabilidad de las explotaciones.

Para ello, hay dos soluciones. La más sencilla para la administración es el “chocolate para todos”. Se impone unas obligaciones, se manda la Guardia Civil a controlar y se imponen las correspondientes sanciones. Estas reglas impuestas serían decididas políticamente al nivel “conveniente” y , por lo tanto, no podrían tener en cuenta las múltiples realidades de nuestros campos. Los “disparates” no solo estarían asegurados, sino que se multiplicarían.

Hay una alternativa más razonable pero no más sencilla. Consiste en obligar a los agricultores a que pongan blanco sobre negro cuáles son sus prácticas actuales, en un cuaderno electrónico. La administración luego le facilita sus datos comparados con los datos armonizados de sus vecinos y, sobre todo, de aquellos que lo están haciendo mejor. Con ello se consiguen dos cosas.

La primera es animar y convencer a los agricultores y ganaderos que hay margen de mejora y que ello no solo es bueno para la salud pública (los antibióticos) o el medioambiente (pesticidas y fertilizantes) sino también para la rentabilidad de la explotación.  La segunda es que, si hace falta legislar en algún momento, se partiría de un conocimiento preciso de la realidad actual y se podría identificar aquellos productores que requieren más ayuda y acompañamiento y aquellas prácticas sobre las cuales hay que centrar la atención.

Obviamente, este salto tecnológico es un reto para muchos agricultores. Por esto, la “profesión”, los técnicos de las cooperativas y las organizaciones profesionales agrarias, los técnicos de las autonomías, el servicio de asesoramiento de las explotaciones…disponen de fondos nacionales y comunitarios para realizar esta labor tan importante de acompañamiento.

Pero, para mí sin duda, el resultado debería ser una agricultura más profesional, más respetuosa del medio ambiente y de la salud humana, más rentable … y una disminución, hasta esperemos su desaparición, de los “disparates”.

La transición agroecológica

Está claro que este primer año es un año de prueba. La presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el brazo armado del Ministerio para la gestión de las ayudas de la PAC, ya ha aclarado (con buen criterio) que el incumplimiento de las nuevas reglas este año no va a acarrear sanciones y no ha descartado cambios y adaptaciones para el año que viene.

No es ninguna novedad para aquellos que sabemos como funcionan las instituciones europeas ya que hay una célebre sentencia de la Corte de Justicia Europea al respecto. Aclara que el incumplimiento de aquellas normas que no estén en pleno conocimiento del beneficiario en el momento de planificar las siembras no puede ser sancionado.

No es ninguna novedad, pero convenía difundir y publicitar esta evidencia para que no cunda más inquietud, ante los cambios que se están produciendo, de la legitima e inevitable.

Hemos empleado adrede la palabra “inevitable”, y me gustaría terminar este articulo explicando el porque de su uso. La inquietud es tan inevitable como lo es el cambio de paradigma al que están sometidos todos los sectores económicos, los agrícola y ganaderos también. Refiriéndonos a todos los sectores económicos, hablamos de “transición ecológica”, refiriéndonos al sector agrario, hablamos de “transición agroecológica.”

El campo es causa y víctima del cambio climático. La adaptación al, y la mitigación del, cambio climático impone obligaciones, pero abre oportunidades también.  Sobre lo de “victima”, no cabe insistir, siendo las pruebas ya tan evidentes: la sequía en Catalunya; los incendios forestales en marzo en Castellón; las Diadas a repetición; la contaminación de los acuíferos por nitratos; el deterioro del delta del Ebro o el Guadalquivir; la degradación del Mar Menor o del entorno de Doñana…

Menos conocidas son las oportunidades. Desde el ámbito económico directo, ya hemos hablado de os ahorros de costes que una mejor gestión de los insumos puede generar. Pero podemos mencionar también el responder mejor a las demandas del consumidor del siglo XXI, el diferenciarse de los productos importados que no alcanzan idénticos niveles de calidad, el diferenciarse en los mercados de exportación de los productos competidores que no reconfortan tanto a los consumidores locales, como hemos visto en China en cuanto hubo la crisis de la leche adulterada...Desde el ámbito medioambiental (y también económico indirectamente), la agricultura fijadora de carbono en sus suelos y bosques, la ganadería como brigada de prevención de incendios (los rebaños bomberos”) , son ya hoy una realidad palpable que conviene potenciar.