Señalé en mi primer artículo en ON ECONOMIA algunos de los cambios más importantes que la nueva política agraria común (PAC) 2023-2027 ha traído. Vamos a continuación a presentar de forma sucinta sus principales novedades, insistiendo en los aspectos que han levantado más polémica, en la versión que España mandó a la Comisión Europea. Espero que este esfuerzo de traducción al castellano del horrible jergón técnico que utilizamos los "PAC-eros" pueda ser de utilidad para el lector

Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Es la ayuda por hectárea que se da a los beneficiarios si respetan la reglamentación vigente (en particular, en temas medioambientales, de bienestar animal y, a partir del año 2024, también las leyes laborales) y las buenas prácticas agrícolas y ganaderas.

Umbral mínimo para la ayuda básica. Ningún beneficiario cobraría una ayuda básica inferior a 300 €. Se trata de evitar que los costes de gestión de la ayuda sean mayores que su cuantía.

Beneficiarios. Tendrán que ser “agricultores activos”. Para ello, se abren las siguientes alternativas: los agricultores “profesionales”, definidos como aquellos que al menos el 25% de sus ingresos proceden de la actividad agraria; los que estén dados de alta en la seguridad social agraria o los que reciban menos de 5.000 € de ayuda básica.

Esta definición compleja busca conseguir la cuadratura del círculo. Como política agraria, intenta privilegiar a los agricultores profesionales; como política medioambiental, intenta ser inclusiva para abarcar al mayor territorio posible y, como política rural, intenta privilegiar a aquellos que viven en los pueblos. 

Debe recordarse que ya se ha producido en estos últimos 8 años una disminución significativa del número de beneficiarios de la PAC, saliendo del sistema muchos que no tenían una relación significativa con la actividad agraria. Eran 915.296 solicitantes en el año 2013 y 678.548 del 2020, es decir una disminución de 236.748 solicitantes, un 26%.

Reserva nacional. Se trata de un presupuesto apartado para atender principalmente a los agricultores jóvenes (menos de 40 años) que se instalen y a los “nuevos” agricultores.

Degresividad. Por razones de equidad social, se intenta evitar que el 80% de las ayudas vaya al 20% de los agricultores. Se disminuirían en un 25% las ayudas básicas entre 60.000 y 75.000; en un 50% hasta 90.000 €; un 85% hasta 100.000 y un 100% por encima de 100.000. Estas cuantías se incrementarían con los salarios y cargas sociales pagados hasta un importe máximo de 200.000 €. En caso de cultivo en común, el umbral se multiplicaría por el número de agricultores afectados.

Por lo tanto, ningún titular de explotación podrá cobrar más de 200.000€ de ayuda básica. Puede parecer mucho, pero representa un recorte muy significativo para los (ciertamente no muchos) beneficiarios que recibían mucho más. En algunos casos (pocos), hablábamos de varios millones de euros anuales.

Ayuda redistributiva. Es un nuevo mecanismo que aumenta la cuantía (hasta la media “regional”) de la ayuda básica para las primeras hectáreas de los agricultores profesionales. Con ello se trata de darles el apoyo prioritario que no se les ha podido dar al tener que ampliar considerablemente a lo largo de las negociaciones hispano-españolas la definición de “agricultor activo”. En este caso también, en caso de cultivo en común, el umbral se multiplicará por el número de agricultores afectados. Se ha previsto un suplemento del 5% en el caso de que el beneficiario sea una mujer.

Pago complementario para jóvenes. Su objetivo es intentar favorecer el relevo generacional, con el valor medio “regional” como tope y un límite máximo de 100 hectáreas.

Los eco-regímenes. Dotados con 1.100 M €, su propósito es promover prácticas existentes y ya aplicadas por los mejores agricultores facilitando su generalización. Las siete prácticas que recibirán una ayuda a tanto alzado son las siguientes: P1. Aumento de capacidad de sumidero de carbono de los pastos mediante el impulso del pastoreo extensivo. P2. Mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y el mantenimiento de márgenes sin segar en las superficies de pastos. P3. Rotaciones en tierras de cultivo. P4. Agricultura de conservación: siembra directa. P5. Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo herbáceos y cultivos permanentes. P6. Cubiertas vegetales, espontáneas o sembradas en cultivos leñosos. P7. Cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos. A ello hay que sumarle la agricultura capturadora de carbono y la agroecología.

La “convergencia interna”

Hemos reservado para el final el tema quizás más sensible políticamente, el de la “convergencia interna”, para utilizar el horrible lenguaje tecnocrático al uso. Merece una pequeña explicación.

En la implementación de las anteriores PAC, los distintos gobiernos del Estado decidieron el limitar en toda la medida de lo posible las distorsiones externas que las nuevas reglamentaciones podían introducir tanto en la agricultura española como en la distribución de las ayudas directas entre beneficiarios y, como consecuencia, entre regiones.

Por un lado, se implantó una “regionalización” muy fina, con 50 “regiones”. Hemos puesto la palabra “región” entre comillas porque no se trata de una entidad territorial sino del reagrupamiento de distintos trozos de comarcas agrarias, tras dividir estas entre secano y regadío, por un lado, y cultivos herbáceos y leñosos, por otro.  Ello permitió minimizar los cambios en las ayudas recibidas individualmente por los agricultores y ganaderos.

El mundo de hoy, la agricultura actual y sus necesidades, ya no son los de los años 2000 y, menos aún, los de 1990, cuando empezaron las ayudas directas a los agricultores. Europa se ha ido alejando de este pasado para abrazar nuevas necesidades y prioridades. Ya en el acuerdo del 2013 (gobernando en España el PP), se insistía en que los estados miembros que todavía mantenían referencias históricas para sus ayudas debían evolucionar.

Las nuevas ayudas ya no son simplemente “ayudas a la renta”, son “ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad”. España debe ser capaz de justificar en qué medida las diferencias que se mantengan están relacionadas con la “sostenibilidad".

Para avanzar en este camino, la importancia relativa de las “ayudas básicas” disminuye; las ayudas medioambientales (eco-regímenes) son a tanto alzado y, por lo tanto, ya no dependen de la ayuda básica; pasamos de 50 a 20 "regiones" y, dentro de cada “región”, ninguna ayuda básica debería estar por debajo del 73% de la media "regional" en 2022 y del 85% en 2026.