PAC nueva: 2023 será un año de transición, pero no puede ser un año perdido
- Tomás García Azcárate
- Madrid. Viernes, 2 de diciembre de 2022. 05:30
- Actualizado: Martes, 31 de enero de 2023. 20:43
- Tiempo de lectura: 3 minutos
En 2023 entra en aplicación en todos los estados miembros de la Unión Europea justamente una nueva política agraria común (PAC). Tendremos la ocasión de comentar muchas de sus novedades, pero en lo que me quiero concentrar hoy es en su nuevo modelo de gestión. Me explico. La nueva PAC representa un cambio importante de paradigma, un paso de gigante para pasar de una política de obligación de medios a una política de cumplimiento de objetivos.
¿Qué quiere decir esta frase, que puede parecer obtusa e incomprensible? Antes los controladores nacionales y comunitarios tenían como misión verificar que se respetaban las reglas, por ejemplo, que el seto para el cual se recibía una subvención tenía la longitud y el espesor adecuado. El objetivo perseguido por este seto era el fomento de la biodiversidad. Pero el agricultor podía ser sancionado, incluso si el seto cumplía plenamente su función, si faltaba algún centímetro en algún lado. Con una obligación de resultado, el énfasis se pone mucho menos en los medios y mucho más en los resultados.
Antes el instrumento jurídico esencial eran los reglamentos comunitarios. Como se tenían que aplicar a todas las agriculturas de la Unión, llegaban a ser o extremadamente detallistas o muy generales, para que cada estado miembro los pudiera adaptar a sus realidades. Pero las administraciones nacionales estaban sometidas, hasta llegar a veces al acoso, a los servicios de control de la Comisión. Estos inspeccionaban, después de varios años, lo que los gobiernos nacionales habían hecho. Cargados con la experiencia y los conocimientos acumulados en estos años entre la implementación de las políticas, llegaron muchas veces a imponer correcciones financieras millonarias con efecto retroactivo. La espada de Damocles de dichas correcciones aterrorizaba a las administraciones nacionales, que, para intentar evitar problemas futuros, multiplicaban la complejidad de la reglamentación, sus controles y obligaciones, hasta muchas veces descorazonar a los posibles beneficiarios.
Ahora, cada estado miembro elabora su plan estratégico para el siguiente periodo, en nuestro caso de ahora, 2023-2027. Plan que es aprobado por la Comisión, lo que aumenta la seguridad jurídica y abre la puerta a eliminar buena parte de las complejidades anteriormente mencionadas.
El problema es que los reglamentos comunitarios se aprobaron el año pasado y que todavía hoy, a la hora de escribir estas líneas, quedan zonas de sombra. El diablo está en los detalles y muchos agricultores tienen lógicas dudas sobre cuáles son exactamente las obligaciones que tienen que respetar para cumplir la ley y/o beneficiarse de diferentes ayudas.
La nueva PAC refuerza también su componente medioambiental. La agricultura es, al mismo tiempo, una de las causas y una de las víctimas del cambio climático. Como todos los demás sectores de la economía, no solo se tiene que adaptar a dicho cambio, sino que tiene que mitigar y, en la medida de lo posible, incluso contribuir a revertirlo. Esta transformación requiere la adhesión activa de los operadores económicos. Por lo tanto, la nueva PAC pretende acompañar a los agricultores y los actores del medio rural, en el camino de la transición agroecológica.
Una transformación importante del modelo productivo no se consigue de un día para otro. Tendremos ocasión de hablar de los distintos instrumentos que se pretenden movilizar al respecto. Pero el principal obstáculo no es tecnológico sino psicológico, y los cambios de mentalidad son mucho más difíciles de conseguir que los cambios simplemente operativos. Ya no se trata de producir más, ni siquiera solo de producir más con menos, sino de producir mejor incorporando cada vez más los bienes (y males) públicos producidos por los agricultores en la ecuación e internalizando sus costes (y beneficios) medioambientales.
Esta nueva PAC ha sido aprobada por unanimidad por todos los gobiernos europeos y ha recibido un amplio apoyo en el Parlamento Europeo, desde los populares (que tienen la presidencia de la Comisión) a los socialistas pasando por ecologistas y liberales (que tienen la presidencia del Consejo). Sin embargo, en este, como en otros muchos aspectos, el amplio acuerdo que fue posible en Europa no se reproduce en el estado español.
La situación es compleja. Por un lado, está la legítima inquietud que genera unos cambios de la magnitud que estamos señalando. Por otro, estamos atravesando una situación muy compleja (iba a escribir una coyuntura, pero no sé si el término es adecuado) con la guerra en Ucrania, el coste de la energía y la subida de los costes de producción en la agricultura (un 40% de media el año pasado).
Además, como ya hemos señalado, siguen existiendo zonas de sombra y de incertidumbre reglamentaria. Todo ello es aprovechado por jinetes del Apocalipsis para pedir un nuevo retraso en la aplicación de las nuevas reglas, cuando no, simplemente, que España se salte a la torera el ordenamiento jurídico comunitario.
En realidad, las cosas son mucho más sencillas. La dirección marcada por la nueva PAC es clara: el apoyo a la transición agroecológica. Los primeros pasos que se proponen en estos cuatro primeros años solo se pueden calificar cuanto menos de “prudentes". Es verdad que existen zonas de sombra, como hemos señalado, pero también lo es, y esto lo saben (o lo deberían saber todos los jinetes antes mencionados), que la Corte de Justicia Europea ha repetidamente sentenciado (lo que, sea dicho de paso, solo es el sentido común) que no se puede sancionar a un agricultor por incumplir reglas de las que no tiene conocimiento en el momento en que planifica sus siembras.
Por lo tanto, el año 2023 que empieza va a ser un año de transición, pero no puede ser un año perdido ni para responder a los desafíos medioambientales con los que estamos confrontados cada vez con más fuerza, ni para iniciar los cambios en la manera de planificar, organizar y gestionar la explotación agraria y ganadera. Todo tiene un periodo de aprendizaje. No se diversifican las rotaciones de cultivo, no se limitan el laboreo de las tierras, no se intenta la siembra directa, o se implantan con éxito coberturas vegetales en los cultivos leñosos, no se aprende a utilizar eficazmente el abonado orgánico, por solo poner unos pocos ejemplos, de un día para otro.