La negociación colectiva es un instrumento esencial en todos los sistemas democráticos. En España, desde su reconocimiento como derecho constitucional (art. 37.1. CE) y su regulación en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, debería ser una pieza clave y esencial para equilibrar los intereses y las posiciones entre la propiedad de la empresa y las personas que en ella trabajan. Toda la elaboración doctrinal subraya que la negociación colectiva tiene por objetivo generar dinámicas económico-empresariales eficientes y productivas, y a la vez contribuir al avance del estado social y democrático de derecho. Podemos afirmar que un buen sistema de negociación colectiva, y más en concreto de convenios colectivos, es aquel que, a la vez que incrementa y ajusta los salarios y favorece la homogeneización de los costes laborales en empresas del mismo sector evitando situaciones de dumping social, es capaz de ofrecer herramientas eficaces para establecer un marco normativo seguro que responda a la realidad económica, productiva, organizativa y competitiva de cada empresa y sector.

La pregunta que nos podemos hacer es si el sistema de negociación colectiva, y, con él, la actual estructura de convenios colectivos en España, es el ideal, si es útil para conseguir los objetivos arriba apuntados y para acompañar la transformación productiva que viven las empresas, la economía y el sistema productivo de nuestro país. La respuesta, considero, es que precisa una profunda reforma, como desde los años ochenta, de forma periódica y recurrente, tanto la patronal como los sindicatos han venido proclamando, manifestando la necesidad de superar la estructura atomizada y dividida en centenares de pequeños convenios colectivos provinciales, con inercias del pasado y contenidos desfasados, con débiles estructuras patronales y sindicales.  Centenares de convenios cuyos contenidos y estructura explican en gran parte los índices medios tan bajos de incremento salarial y la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios en nuestro país en un año de fuerte incremento de la inflación. Y es también lo que explica el empeño sindical en renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para contribuir a mover estos cientos de convenios colectivos bloqueados y sin negociación que afectan a centenares de miles de trabajadores y trabajadoras.

Porque, por otra parte, como han afirmado los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, en aquellos convenios colectivos donde hay afiliación y organización sindical se ha superado la resistencia empresarial, cuando la ha habido, a incrementar los salarios en niveles razonables de acuerdo con la inflación y la situación de las empresas, y se han incluido fórmulas de revisión o compensaciones salariales muy similares a las habidas en el resto de los países europeos. Como señaló Juan Ferrari en ON ECONOMIA el pasado 31 de diciembre: “Algo más de cuatro millones tienen ya garantizado que recuperarán el poder adquisitivo que puedan perder el año 2023”.

Pero hay un agujero negro en la negociación colectiva en España que afecta a aquellos millones de trabajadores y trabajadoras que no están cubiertos por los grandes convenios colectivos de sector estatal o provinciales y de empresa potentes por su dimensión y/o fuerza sindical. En una realidad en la que 80% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores, cuando los convenios colectivos predominantes siguen siendo los provinciales y los de sector de ámbito estatal son una rara avis en comparación con otros países europeos que son los más comunes.

Un agujero negro, provocado por la atomización de convenios, que no se resolverá del todo solo con los AENC fijando un criterio de incremento salarial, como también reclama el Gobierno, ya que no deja de ser solo una recomendación a los negociadores de los convenios colectivos. Sigue pendiente una profunda reforma de la negociación colectiva que agrupe convenios, que los relacione con las particularidades de productividad, competitividad, beneficios… de cada empresa, como están promoviendo las federaciones sindicales de servicios de CCOO y UGT en el sector del comercio de alimentación con el objetivo de crear un marco común estatal que articule los casi 50 convenios colectivos provinciales, 2 autonómicos  y unos 10 convenios de Empresa actuales de este sector. Como también su propuesta de crear un Convenio o Acuerdo Marco Estatal del sector del comercio textil que consiga agrupar las decenas de convenios colectivos actuales de este sector. Y de paso ayude a racionalizar las centenas de convenios de comercio existentes, pues hay provincias, como León, con nueve convenios de comercio diferentes.

Una reforma de la negociación colectiva que en los años 2001 y 2011 ya intentaron CEOE, CCOO y UGT, pero que no llegó a buen puerto, porque son muchas las resistencias y no pocos los inconfesables intereses de chiringuitos legales con miedo a perder protagonismo. Conscientes de todas las dificultades, pero también de sus posibilidades, sigue teniendo sentido que las organizaciones sindicales y patronales intenten aprobar esta vieja asignatura pendiente que nos dote de una estructura de negociación colectiva renovada, con convenios eficaces que promuevan las nuevas relaciones industriales y laborales imprescindibles para afrontar la modernización de nuestra economía y el cambio de modelo productivo que tanto se anuncia y necesitamos.