Una de las principales novedades es este año es la vuelta de la disciplina fiscal en la Unión Europea con la aprobación de nuevas reglas después del periodo de suspensión de las obligaciones aplicado para afrontar la pandemia y posteriormente las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia. Los países miembros, por tanto, deben retomar la senda de saneamiento de sus cuentas públicas para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública.

La posición española de partida no es fácil. El déficit esperado por la AIReF para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2023 se sitúa en torno al 4% del PIB con una deuda pública cercana al 110% del PIB. Se supera, por tanto, el nivel de déficit excesivo marcado por la Unión Europea (3% del PIB) y queda más lejos aún cumplir con los objetivos de estabilidad (1,5% de déficit y 60% del PIB de deuda), si bien se cuenta con un periodo de tiempo más amplio para conseguirlos (de cuatro a siete años).

Cuando se analiza la estructura del gasto público español se observa el muy importante papel que ocupan las pensiones, al absorber casi el 30% del total. Es más, cuando se analiza la evolución del gasto público por funciones en el largo periodo delimitado por 1995 y 2022 (de 44,1% a 47,4% del PIB), el crecimiento se localiza en protección social (+4,5 puntos de PIB) y dentro de este, la mayor parte se dirige a pensiones con un incremento igual al registrado para el total del gasto público (+3,3 puntos de PIB). Salvo el gasto en salud (+1,7 puntos de PIB), el resto de las políticas han disminuido su presencia en relación con la renta nacional, en especial, la inversión (-1,6 puntos de PIB) con la más que posible incidencia negativa sobre la productividad del país.

Cuando se analiza la estructura del gasto público español se observa el muy importante papel que ocupan las pensiones, al absorber casi el 30% del total

Recientemente, han aparecido en los medios de comunicación dos noticias, una de ellas sobre el ascenso de la deuda de la Seguridad Social hasta alcanzar los 116.000 millones de euros (Banco de España), la segunda tiene su origen en la ministra de Inclusión y Seguridad Social sobre un significativo aumento del Fondo de Reserva para pagar las pensiones futuras.

La deuda acumulada hasta la fecha es sin duda una cifra importante, pero imagino que la perspectiva que debe utilizar el Ministerio de Hacienda es la posición global del sistema de pensiones, porque como quiero demostrar en estas líneas, la realidad es bastante más compleja a la que obtiene después de conocer esa abultada cifra. Para comenzar y evitar análisis parcelados a menudo interesados, hay que recordar que el sistema público de pensiones tiene dos componentes, la Seguridad Social donde estamos encuadrados la mayoría de los trabajadores, y el Régimen de Clases Pasivas que incluye a una parte de los funcionarios públicos, y aunque tiene cerrada la entrada a nuevos partícipes desde 2011 mantiene obligaciones de pago de pensiones hasta más allá de 2060.

Un repaso a la evolución del sistema de pensiones español desde 2018, el último año en el que se presentó el Ageing Report en la Unión Europea con una metodología igual para realizar comparaciones de los países miembros, nos permite observar que sus cuentas anuales se han saldado con un déficit aunque dentro de una tendencia a la baja (de -17.500 a -12.000 millones en 2023). Los saldos negativos han necesitado un préstamo anual del Estado (que obliga a emitir deuda) por un valor acumulado en torno a 90.000 millones de euros.

Los saldos negativos han necesitado un préstamo anual del Estado por un valor acumulado en torno a 90.000 millones de euros, pero la necesidad de recursos ha sido bastante superior

La necesidad de recursos del Estado por parte del sistema público de pensiones, sin embargo, ha sido bastante superior. El componente de pensiones de la Seguridad Social ha recibido anualmente una nueva transferencia denominada para “gastos impropios” sin establecer criterios objetivos de definición del concepto (cerca de 20.000 millones de euros en 2023) y el de Clases Pasivas ha ido aumentando la necesidad de complementar sus ingresos con una transferencia del Estado cada vez más elevada ante la insuficiencia de la recaudación de las cuotas sociales (supera los 14.000 millones de euros en 2023), de manera que en 2023 la suma de ambas transferencias superará los 34.000 millones.

Si a estas transferencias (donde no se incluye la dirigida al pago de complemento por mínimos por valor de 7.000 millones de euros) añadimos los más de 10.000 millones de préstamo consignado en los Presupuestos Generales del Estado para el último ejercicio, encontramos que los dos epígrafes necesarios para financiar las pensiones contributivas en 2023 superan los 46.000 millones de euros, el equivalente al 3,3% del PIB español, bastante superior al saldo presentado oficialmente (-0,5% del PIB). La suma de las transferencias del Estado y el préstamo es casi igual a todo el déficit estructural del conjunto de las administraciones públicas (en torno a 3,5% del PIB). Este es el esfuerzo real adicional que realiza la sociedad para sostener el actual sistema público de pensiones que añade a los ingresos vías cotizaciones. En esta situación de desequilibrio financiero, es muy incoherente realizar una aportación a un Fondo de Reserva para el pago de futuras pensiones.

Las transferencias del Estado (sin contar como se ha mencionado la ya existente para pagar el complemento por mínimos) dirigidas a financiar las pensiones contributivas en el periodo 2018-2023 superan los 116.000 millones de euros, una cantidad superior a los préstamos que ha tenido que utilizar la Seguridad Social (98.000 millones de euros). Como se puede apreciar en la tabla, la suma de ambas partidas en este corto periodo de tiempo ha ascendido a casi 215.000 millones de euros, es decir, más que duplica el saldo contable presentado como posición financiera del sistema público de pensiones.

 

La última reforma de las pensiones aprobada en dos tramos en 2022 y 2023 ha apostado por reforzar la suficiencia de las pensiones manteniendo la tasa de reposición (pensión respecto al último salario), la más alta de la Unión Europea (77% vs. 46,2%), y su posterior actualización anual con el IPC para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en cualquier circunstancia, aunque sea tan extraordinaria como la fuerte subida de precios derivada de la guerra en Ucrania (8,5% en 2023).

La reforma también ha incrementado el tipo de cotización de la principal cuota social (contingencias comunes) para mejorar los ingresos (aunque aumente el coste laboral y pueda incidir negativamente en el empleo.), pero como se aprecia en la exposición realizada en los párrafos anteriores, la mayor recaudación a través de esta subida no ha sido suficiente para abordar el gasto, necesitando de cada vez mayores transferencias del Estado. Un apunte adicional no menor, la distancia entre los ingresos y gastos va a crecer en el futuro con la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación (mayor gasto en torno a 3 puntos de PIB en 2050).

Esta forma de financiación de las pensiones mediante crecientes transferencias del Estado es legítima, si bien contradictoria con un sistema contributivo

Esta forma de financiación de las pensiones mediante crecientes transferencias del Estado es legítima, si bien contradictoria con un sistema contributivo que genera las prestaciones a partir del pago de cuotas sociales por sus beneficiarios, pero es bastante opaca para la mayoría de la población, y puede confundir a la hora de valorar la situación del sistema cuando lee y escucha que el déficit de la Seguridad Social es relativamente reducido (“solo” 0,5% de PIB).

El Gobierno se enfrenta a la ardua tarea de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2024 en unas condiciones más exigentes marcadas por el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas, que le obliga a reducir el actual déficit en un punto del PIB (hasta el 3%). Es cierto que tiene un cierto margen si decaen todas las ayudas dirigidas a paliar el efecto de la subida de la inflación (no están de acuerdo todos los socios de gobierno), pero aun así, el mayor gasto en pensiones (en torno a 11.500 millones de euros hasta superar los 200.000 millones de euros; 13,5% del PIB) va a monopolizar el poco espacio disponible en el capítulo gasto. Para darse cuenta del protagonismo de las pensiones basta comparar ese mayor gasto previsto para 2024 (añadido a 18.500 millones de euros en 2023) con los 500 millones de euros prometidos por el presidente de Gobierno para reforzar el conocimiento en matemáticas y comprensión lectora, una cuestión central a solucionar para mejorar la productividad de la economía española y la igualdad de oportunidades de las personas.

Disponer de una pensión suficiente cuando has finalizado la vida profesional es un objetivo loable y deseable, pero también lo es conocer las obligaciones necesarias para su sostenimiento, de forma que se pueda evaluar el coste de oportunidad del uso de los recursos públicos en otros apartados alternativos para el bienestar común. La necesidad de la sociedad de disponer de información detallada sobre los temas complejos es más necesaria que nunca con el propósito de reducir sesgos populistas, más si cabe cuando el interés electoral por contentar a un grupo cada vez más amplio como son los pensionistas, crece día a día.