Los servicios de sanidad, educación, transporte público, suministro de agua o el derecho a una vivienda digna (recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución)... se erigen, entre otros, como servicios esenciales para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad y que nuestro marco legal acredita de titularidad pública.

Para ello, la administración pública, a la hora de ofrecer y garantizar la prestación de estos servicios, puede optar por la colaboración público-privada como un modelo eficiente y eficaz que beneficie, en definitiva, a la ciudadanía y al tejido económico y social. Un ámbito en que todavía hay mucho camino por avanzar, pero que debe permitir, además, abordar positivamente los retos tan complejos que nos aguardan como sociedad.

En este sentido, la colaboración público-privada resulta ser una decisión acertada, siempre que se base en un proceso transparente, reflexivo y ordenado, que permita adjudicar la prestación del servicio a la mejor oferta. Sin embargo, la palabra oferta induce con demasiada frecuencia a la palabra precio y ahí es donde podemos caer en la trampa. Por ejemplo, en un servicio de recogida de residuos en una ciudad de más de 500.000 habitantes, una rebaja del 10% (según datos del Observatorio 17.17 del Instituto Cerdà) puede representar entre 8 y 25 millones de euros de decremento anual. Esta rebaja de coste para la administración pública puede repercutir, sin embargo, en la calidad y formación del personal asignado al servicio, en precariedad laboral, en la calidad tecnológica y medioambiental de los vehículos o en un mayor número de incidentes o accidentes.

Hay que primar el buen servicio y la satisfacción del interés general, por encima de una adjudicación sencilla, en base al mejor precio por parte de la administración

La Unión Europea nos pide velar por las reglas de la competencia, pero esta no debería depender única o excesivamente del factor económico, sino de las “competencias” que las empresas disponen para prestar un servicio. Ya sea su experiencia, la disponibilidad y gestión de la tecnología, su capacidad de innovación o su vocación de servicio público, primando el buen fin de servicio y la satisfacción del interés general, por encima de una adjudicación sencilla, en base al mejor precio por parte de la administración o en una ganancia a corto plazo por parte de la empresa, que no haga otra cosa que convertirse en una penosa carga para usuarios y contribuyentes a medio y largo plazo.

En este contexto, el marco regulatorio no puede convertirse en una barrera o freno a la hora de prestar el mejor servicio público al ciudadano. En la actualidad, la prestación de servicios públicos ha de ser capaz, más que nunca, de acometer y gestionar unos retos económicos, sociales y medioambientales cada vez más interrelacionados entre sí, en cuanto a necesidades de inversión, de conocimiento, de personal o de medios y recursos.

Sin lugar a duda, la realidad que vivimos no lo pone fácil; para que salgan adelante desafíos tan complejos como la descarbonización de la economía, la digitalización, la igualdad social… es imprescindible una colaboración público-privada basada en la confianza y compromiso de todos: administración, empresa y ciudadanía.

La administración, como responsable del servicio al ciudadano, debe establecer cuáles han de ser las mejores condiciones de la prestación del servicio, donde el precio debe ser un factor más a tener en cuenta, como lo puedan ser la flexibilidad y capacidad de respuesta ante imprevistos, la actualización constante de la tecnología, la formación y capacitación del personal o la vocación y compromiso de servicio público.

Dicho de otra forma, se necesita el know how de las empresas al servicio de los objetivos públicos, con propuestas y soluciones innovadoras que garanticen una capacidad de respuesta en un entorno cada vez más volátil y exigente y, a su vez, una administración con el personal más cualificado posible, desde el momento mismo que se planifica y diseña un nuevo servicio hasta su posterior gestión y control. La colaboración público-privada debe basarse en la confianza, pero también y, quizás más importante, en la exigencia entre las partes. Pues solo desde la confianza y la exigencia mutua se puede prestar un buen servicio público.

Huyamos de la sencillez y tentación de adjudicar por precio y pongámonos a trabajar para dar el mejor servicio posible a la ciudadanía. La buena noticia es que ya hay administraciones que están trabajando en esta dirección, ahora hace falta que no se trate de una buena práctica a destacar sino de una buena práctica habitual.