Durante el primer semestre de este año, la presidencia rotatoria del Consejo de la UE recae en Polonia, después del paréntesis para olvidar de Hungría. Ha anunciado siete prioridades entra las que se encuentra avanzar hacia “una agricultura comunitaria competitiva y resiliente y que proporcione seguridad alimentaria a los europeos”.

Es un loable (y genérico) propósito. Para conseguirlo, considera que todas las acciones de la UE deben tener en cuenta a los sectores agrícolas vulnerables y garantizar que los productores no pertenecientes a la UE cumplan las normas de calidad, seguridad y sostenibilidad de los alimentos de la UE.

Pero es un propósito imposible de alcanzar en 6 meses, durante los cuales el papel de la presidencia es de motor y árbitro. Puede impulsar, proponer, estimular, pero en ningún caso decidir.

Prioridades de la presidencia polaca

En cuanto a la agricultura, del programa de la presidencia podemos destacar una orientación política y dos anuncios.

La orientación política es que “la política debería alentar, en lugar de obligar, a los agricultores a tomar medidas para proteger el medio ambiente y mostrar los beneficios de combatir y prevenir los efectos del cambio climático, como las inundaciones y las sequías”. Estamos aquí en la misma línea que las conclusiones del diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura, publicadas por la Comisión Europea el miércoles 4 de septiembre. Ya tuvimos la ocasión de detallar estas conclusiones en un artículo anterior, destacando que no son un documento comunitario oficial, sino el resultado del grupo de expertos nombrado por la Comisión para que reflexione sobre el futuro de la agricultura europea.

El primero de los anuncios está directamente relacionado con este tema. La comisión ha anunciado que aprobará en el primer trimestre su “Visión para la agricultura y la alimentación”. El programa de trabajo interno de esta institución tiene previsto que sea el 16 de febrero, pero un retraso es siempre posible. Aunque se trate de un documento de intenciones, esta visión marcará la propuesta que se espera para el verano de nuevas perspectivas financieras de la Unión para el periodo 2028-2035 y las de política agraria previstas a estas alturas para final de año.

La presidencia ha anunciado que se celebrará un debate político sobre dicho documento. Los Ministros de Agricultura, y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, quieren apoderarse de este debate e intervenir pronto para influir en las propuestas finales que se presentaran.

Ucrania en el horizonte

El segundo de los anuncios se refiere a “los desafíos que la futura ampliación de la Unión Europea traerá al sector agrario”. Detrás de esta bonita formulación se esconde la preparación y negociación de la adhesión de Ucrania. Para el futuro de la agricultura polaca, Ucrania es percibida como el principal problema de manera paralela a la percepción que se tiene en Francia sobre la agricultura del Mercosur.

Ucrania tiene una extensión de 603.550 km² y es el segundo país más grande de Europa después de la Federación Rusa, por delante de Francia (551.695 km²) y España (506.030 km²) y casi el doble que Alemania (357.592 km²), por solo comparar con los 3 Estados miembros que más dinero reciben de la Política Agraria Común (PAC): Francia, unos 9.300 millones de euros; España, unos 6.800 y Alemania, unos 6.100 millones.

La presidencia polaca considera que todas las acciones de la UE deben tener en cuenta a los sectores agrícolas vulnerables

Ucrania es un campeón mundial en producción de cereales, girasol y azúcar, con unas de las mejores tierras agrícolas del mundo y una estructura de grandes (y muy grandes) explotaciones heredadas de la época soviética. Si hablamos de concentrar las ayudas agrarias en los que más lo necesitan, este no es el caso de gran parte de la agricultura ucraniana.

Según ha calculado el think tank europeo Bruegel, el coste agrario de la adhesión de Ucrania, si mantuviéramos la PAC tal y como la conocemos hoy en día, podría superar los 12.100 millones de euros. El coste anual total podría alcanzar los 20.000 millones, incorporando principalmente la política de cohesión (4.600 millones).

Es potencialmente un coste anual que los actuales Estados miembros no parecen dispuestos a asumir, casi el 0,13% del producto interior bruto (PIB) europeo, cifra a comparar con el tamaño del presupuesto total actual de la Unión Europea, algo inferior al 1% del PIB.