Pasan los días y el Congreso de EE. UU. sigue sin llegar a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda que evite el cierre de la administración gubernamental y, en última instancia, provoque la insolvencia del país.

El techo de la deuda, también conocido como el límite de endeudamiento, fue legislado por primera vez por el Congreso en 1917 (Second Liberty Bond Act). Su objetivo era determinar el monto máximo que el Gobierno podía pedir prestado para financiar su déficit público. Este límite de la deuda cubre tanto la deuda pública como las deudas que EE. UU. tiene consigo mismo. Si los niveles de deuda pública llegan a este límite, se le prohíbe utilizar más financiación hasta que el Congreso pacte y autorice un aumento en el techo de la deuda. Desde 1960, el Congreso siempre aceptó la ampliación que se ha producido en 78 ocasiones. Entre tanto, el endeudamiento se ha triplicado en los últimos 15 años.

Para algunos expertos económicos se trata de una medida necesaria para garantizar la solvencia y estabilidad financiera de EE. UU. Negociar el límite de endeudamiento se convierte en una buena oportunidad para revisar las finanzas de la nación y protegerlas ante futuras crisis económicas. Para otros, la medida es ineficiente al limitar la capacidad del Gobierno para tomar sus propias decisiones. Así mismo, acercarse al techo de la deuda genera incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, así como una puesta en escena de una confrontación acalorada y partidista entre demócratas y republicanos.

Actualmente, este límite de deuda nacional es de $31,4 billones de dólares y técnicamente esta cantidad fue alcanzada a finales del mes de enero. A partir de este momento, el Departamento del Tesoro ha empezado a tomar una serie de medidas extraordinarias para evitar que el país entre en un escenario en donde no pueda hacer frente a sus gastos, se cierre la administración gubernamental y finalmente se produzca el impago de sus deudas. Se trata de soluciones temporales destinadas simplemente a ganar algo de tiempo. De momento, el 18 de abril el gobierno federal llenó sus arcas con dinero en efectivo debido al cobro de impuestos trimestrales recaudados de empresas y particulares. 

Esto servirá como colchón de liquidez momentáneo para evitar cualquier impago durante esta primavera. Sin embargo, es esta mayor o menor recaudación tributaria la que marcará la fecha aproximada del incumplimiento. La denominada fecha X. 

Aunque el cronograma es incierto, ya que depende de las fluctuaciones de entradas y salidas de efectivo del Gobierno federal, las primeras aproximaciones sitúan este momento entre los meses de agosto y septiembre. 

Pero, ¿cuáles serían las consecuencias si se llegara a ese vencimiento sin un acuerdo para aumentar el límite máximo de la deuda?. No resolver este problema significaría en última instancia no poder pagar su deuda vencida, lo que llevaría a EE. UU. a la suspensión de pagos (Default).

En este contexto tan negativo, se producirían efectos colaterales de consecuencias económicas y financieras catastróficas, tanto en el plano nacional como en el internacional. Entre los riesgos más importantes cabe mencionar los siguientes:

  1. La degradación de las calificaciones crediticias por parte de las agencias de rating frente al riesgo de insolvencia. Esto implicaría unos mayores costes de financiación que afectaría a las futuras emisiones de deuda del Gobierno y como efecto colateral a la deuda de las empresas, hipotecas, créditos al consumo, tarjetas de crédito etc.
    De momento, los primeros síntomas empiezan a aparecer. El Departamento del Tesoro estadounidense vendió la semana pasada 57.000 millones de dólares en letras del tesoro a tres meses con un rendimiento del 5,1%, el interés más alto desde 2001. Esta deuda vence en torno a la fecha prevista en que se espera que EE. UU. se quede sin dinero. Por otra parte, el precio de los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años se situó en 46 puntos básicos, el más alto en 10 años.

  2. Volatilidad en los mercados financieros mundiales, lo que podría afectar negativamente a las inversiones y los ahorros de las personas. Un aumento en las tasas de interés significaría una caída en el valor de la renta fija, las acciones y bienes raíces.  Además, ello provocaría una pérdida de confianza en la economía estadounidense y en su capacidad para cumplir sus compromisos financieros. Hay que recordar que los bonos del Tesoro son, literalmente, un valor considerado como “libre de riesgo”, lo que significa que no hay riesgo de que el inversor pierda el principal invertido. Un impago de la deuda plantearía dudas al respecto. Esto podría disuadir a los inversores extranjeros de invertir en el país.

  3. Pérdida de valor del dólar como resultado de la desconfianza hacia la divisa.  En este contexto es importante destacar que el dólar, además de ser uno de los símbolos del poder económico de los Estados Unidos es también una moneda segura y de baja volatilidad cuya extensa circulación está en el centro de la actividad comercial mundial. Ahora la nación se arriesga a ofrecer a los inversores globales un incentivo para diversificar sus tenencias de monedas más allá del dólar. Eso, a su vez, pondría en riesgo tasas de interés más altas en el país, lo que socavaría el crecimiento económico de Estados Unidos.

  4. Impacto en la economía real, que podría perder hasta tres millones de empleos. El origen sería el decrecimiento del PIB, con una caída anualizada en torno al 3%-5%, por el impacto en el bajo consumo y la debilidad del gasto público.

Se trata de un escenario cuya tendencia solo puede ser modificada a través de la negociación entre republicanos y demócratas. Los primeros están decididos a aumentar el techo de la deuda solo si llegan a un acuerdo con la Casa Blanca sobre un amplio conjunto de demandas dirigidas principalmente a la rebaja de gastos. Los demócratas creen que estas peticiones tendrían un impacto negativo en la economía y en los beneficios sociales de muchos estadounidenses. También argumentan que, si la economía entra en recesión, los recortes propuestos podrían hacer que esta sea mucho más profunda, más larga y difícil de resolver.

Para terminar, dos reflexiones en forma de preguntas:

  1. Desde 2001, el Gobierno norteamericano ha tenido un déficit promedio anual de casi 1 billón de dólares. Si sigue con esta tendencia, acumulará una deuda de más de 50 billones de dólares en 2033 (Congressional Budget Office): Entonces lo que está sucediendo ¿es un problema de “techo de deuda” o más bien de “volumen insostenible de deuda”?

  2. Hace unos meses la Secretaría del Tesoro de EE. UU. Janet Yellen dijo que lo que se necesitaba ahora era que el Congreso demostrara que el mundo puede confiar en la capacidad de Estados Unidos de pagar sus deudas. ¿Tiene sentido, entonces, dejarse seducir por una recesión autoinfligida que podría arrastrar la economía mundial cuando tenemos las soluciones para evitar que eso suceda?