La actualidad económica y política en España sigue estando protagonizada por múltiples frentes que se arrastran desde lejos, y que nada lleva a pensar que vayan a aligerar, sino al contrario. La pérdida de poder adquisitivo de los asalariados ha sufrido una acelerada degradación debido a las presiones inflacionarias de los últimos dos años, con las honrosas excepciones de los pensionistas —que han visto actualizadas sus pensiones con el IPC— y los salarios públicos, que han crecido a un ritmo mayor que los privados. Esta pérdida de poder adquisitivo, junto con la creatividad regulatoria y la nula voluntad política de aumentar el parque público de vivienda, ha desembocado en una crisis sin precedentes de disponibilidad y capacidad de acceso a los pisos de alquiler. Todo ello ha creado un riesgo real de sufrir problemáticas sociales severas, especialmente en el estrato de la población que se movía peligrosamente cerca del umbral de la pobreza y que, con estas presiones inflacionarias, queda dentro de un equilibrio entre renta y gastos peligrosamente vulnerable.

Conseguir un enriquecimiento colectivo no es tarea fácil. Lograr que los conciudadanos tengan salarios reales más elevados, o hacer que el coste de vivir sea más asequible, son objetivos tan sencillos conceptualmente como complicados de alcanzar. El Gobierno ha optado por ignorar la complejidad de estas cuestiones, evitando tirar del hilo de sus causas hasta llegar a la raíz de los problemas, y ha propuesto soluciones superficiales, que son puro maquillaje y que no han hecho más que agravar las circunstancias.

El Gobierno propone soluciones superficiales a la pérdida de poder adquisitivo, que son puro maquillaje y agravan el problema

La primera solución mágica que ha sugerido el Gobierno para aliviar la crisis de poder adquisitivo ha sido el tope por ley del precio de los alquileres. Como el empobrecimiento colectivo, sumado a las barreras para construir nueva vivienda, crea una tormenta perfecta que impulsa los precios de la vivienda existente hacia arriba, ningún problema: fijamos un tope por ley. Como era evidente, la economía no entiende de atajos, y este planteamiento estrambótico solo ha servido para destruir la oferta existente, que ya era escasa: en la ciudad de Girona, uno de cada cuatro pisos de alquiler desapareció durante las cuatro semanas posteriores a la aprobación del tope de precios. El mercado ha evolucionado hacia la compraventa, donde no resulta tan sencillo fijar precios máximos por decreto.

La segunda de las soluciones mágicas ha sido el aumento del SMI. El planteamiento es similar al descrito en el caso de los alquileres: como la evolución orgánica, natural, no va hacia donde querrían los líderes políticos de nuestro país, se sobreescribe la dinámica de oferta, demanda y precios y se fuerza el equilibrio que nos interesa. Forzar un SMI relativamente elevado por decreto genera dos efectos: por una parte, puede situarse por encima de la productividad de los trabajos en la parte baja del espectro laboral, lo cual provocará la destrucción de esas posiciones porque entrarían en zona de pérdida directa (el coste supera el ingreso).

Por otra parte, y antes de que eso suceda, la parte baja del mercado laboral probablemente intenta trasvasar algunas de las retribuciones hacia la economía sumergida para esquivar estas limitaciones. Así es como un país como España llega a tener prácticamente un 16% del PIB vinculado a actividades en economía sumergida, o dicho de otra manera, uno de cada seis euros que se mueven en nuestro país está sin declarar.

El número de horas no trabajadas debido al absentismo laboral ha aumentado un 63% desde 2019

El planteamiento de las revisiones del SMI ha provocado presiones de costes en las empresas españolas, ya ahogadas por un buenismo desmesurado en torno al absentismo laboral. Para solucionar este problema, agravado por las propias políticas mencionadas, se coloca ahora el parche de la flexibilidad de las bajas laborales. Pero esta solución reactiva no hará desaparecer el problema de fondo, que tiene un enorme alcance: por término medio, 1,5 millones de trabajadores faltan diariamente a su puesto de trabajo en España, lo cual cuesta 37.000 millones anuales a las empresas, según datos de Foment del Treball. En poco más de un año, el número de horas no trabajadas debido al absentismo laboral ha aumentado en un 12%, y ya llevamos un 63% de crecimiento acumulado del absentismo desde 2019. La tendencia es lineal, y no parece que nada ni nadie pueda detenerla. En un país donde ya se pierden 400 millones de jornadas laborales al año por bajas médicas, y donde esta tendencia crece de manera desenfrenada, la productividad no puede tener buenos registros ni una evolución positiva.

Todos estos parches atacan de forma independiente algunas cuestiones que son, en realidad, consecuencias de una misma causa: la baja productividad. Los salarios españoles son muy bajos en comparación con los vecinos europeos, porque la productividad es extraordinariamente escasa. Las escandalosas cifras de absentismo empeoran la situación, y la flexibilización de las bajas laborales es tan solo un reconocimiento del problema sin la valentía de atacarlo de verdad. Los problemas de acceso a la vivienda y a los bienes básicos, como los alimentos, son tan solo una derivada de los salarios bajos.

Haríamos bien en dejar de hacernos trampas al solitario y no empezar la casa por el tejado: si se soluciona el déficit de productividad de las empresas españolas, aumentaremos el nivel salarial unos cuantos peldaños y será innecesario volver a plantear fuertes aumentos del salario mínimo, o aplicar un tope de los precios de alquiler por ley, así como flexibilizar las bajas laborales o sacar adelante el proyecto del observatorio de los márgenes empresariales. ¿Creéis que se conseguirá reunir la valentía necesaria para dar este paso?