“¡Queremos precios justos!” Esta fue la exigencia inicial de los agricultores y ganaderos que se manifestaban antes de la epidemia de la covid. Esta es, con razón, su exigencia primera todavía hoy, muy por delante de otras reivindicaciones como las relativas a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Para responder a estas demandas, distintos gobiernos españoles promovieron una ley de la cadena alimentaria. En su primera versión fue con el Partido Popular pero pudo contar con el apoyo unánime de todos los grupos políticos presentes en las Cortes Generales; en su segunda etapa, ya con el actual gobierno socialista, no se pudo alcanzar el mismo nivel de acuerdo.

Uno de los elementos centrales de la ley actual es la obligación para el comprador de pagar un precio que cubra los “costes de producción” del vendedor. Tendremos ocasión de volver en otro artículo sobre este concepto de “coste de producción” y la practicabilidad del respeto de esta exigencia. Nos bastará hoy con constatar la voluntad del legislador de proteger en toda la medida de lo posible, con el peso de la ley, a los actores más frágiles de la cadena alimentaria, en primer lugar los productores agrarios, aunque también sea a veces el caso de muchas pequeñas y medianas empresas agroindustriales.

Esto es lo que queremos decir cuando escribimos “un producto digno ha de tener un precio digno”. Si queremos que los actores de la cadena alimentaria paguen salarios dignos a sus trabajadores; si queremos promover el relevo generacional y la innovación; si queremos generalizar modos de producción y comercio sostenibles, respetuosos del medio ambiente y del bienestar animal, todos los actores tienen que ver reconocidos sus esfuerzos a la hora de vender sus productos. No hay agricultura verde, no hay industria alimentaria verde, no hay cadena alimentaria verde en números rojos. La dignidad de los precios percibidos es condición necesaria, aunque no suficiente, de la indispensable, e inevitable, transición ecológica y agroecológica.

Una inflación de costes

Se suele olvidar, pero la inflación alimentaria actual es el reflejo tanto del aumento de los costes de producción inducidos directa o indirectamente por el auge del coste de la energía y los problemas logísticos que han afectado al comercio mundial, como de la acumulación de accidentes (¿podemos todavía llamarles “accidentes”?) climáticos que se han acumulado esta campaña, en Europa, América y Asia.

Por solo poner un ejemplo muy próximo a nosotros, una campaña española corta de aceite de oliva debe situarse en los 1,5 millones de toneladas, 1 millón para la exportación a terceros países y la expedición a Europa (principalmente Italia) y 500.000 toneladas para el consumo interno. Este año, nos situamos más o menos en la mitad, con las consiguientes consecuencias tanto en los costes de producción como en los precios de mercado.

Estamos hablando de una inflación de costes: los precios pagados por el productor agrario han subido un 41%, los precios percibidos por los agricultores un 22% y los precios alimentarios un 15%. Los bancos centrales están poco preparados y armados para hacer frente a esta situación. Están acostumbrados a una inflación de demanda, desinflando esta demanda con subidas de los tipos de interés. Pero en el caso de una inflación de costes como esta, si los productores no son capaces de transmitir el incremento de sus costes a lo largo de la cadena, estaríamos destruyendo un tejido económico esencial desde el punto de vista estratégico, como hemos visto durante la pandemia.

Cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando al mismo tiempo de una parte significativa del gasto de las familias, cuanto más modesta sea su renta, más importante. En el Estado español, son muchas las familias golpeadas por las consecuencias de las crisis a repetición que hemos vivido estos últimos años, desde la del 2008 hasta la crisis inflacionario actual pasando, entre otros, por las crisis de la covid y las visibles consecuencias del calentamiento climático. Son las primeras y principales víctimas de la inflación alimentaria de hoy y de una transición agroecológica hoy y mañana.

Unas medidas acertadas

Ya en el mes de octubre, en un video titulado “¡OJO! Esta es una inflación de costes” sugería (¡felizmente no era el único ni el primero!) distintas medidas que se corresponden bastante a las que ha adoptado el Consejo de Ministros a finales del año pasado; ayudas directas a las familias más afectadas; rebaja del IVA de los alimentos y ayudas directas a los productores para rebajar en particular los costes de los fertilizantes.

El cheque de 200 € se enfoca a familias con ingresos inferiores a 27.000 euros y cuyo patrimonio no supere los 75.000 euros, es decir, unos 4,2 millones de hogares. En cuanto a la rebaja del IVA, todos los alimentos de primera necesidad (pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) pasan del 4% al 0% y el aceite y la pasta del 10% al 5%.

Se podrá discutir la cuantía del cheque y el ámbito de las familias afectadas; se podrá criticar el retardo en la adopción de estas medidas y por qué no se han adoptado antes. Maestros tiene la política, la macroeconomía y la economía presupuestaria, que son mucho más capaces que un servidor para ello. Yo, consciente de mis limitaciones, me limitaré a decir que a mi juicio van en la buena dirección, que son acertadas y desearía que su aprobación pueda beneficiarse del más amplio apoyo y consenso político y social posible.