¿Como era aquello de "pan para hoy, hambre para mañana"? Pues eso, tapar agujeros con plastilina, y mañana será otro día. Esta parece la única receta que nuestros políticos ponen hoy sobre la mesa para resolver el actual problema de la vivienda. Tan solo hay que coger las flamantes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de las manifestaciones sobre la vivienda que se produjeron el domingo 13 de octubre en el centro de Madrid. Ni más ni menos que el anuncio del "reparto de doscientos millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler", y el impulso de un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada". Más o menos, exactamente lo mismo que prescribir un par de aspirinas para curar una infección de muela.

Hay que decir, si bien los jóvenes son probablemente uno de los colectivos más expuesto a la precariedad, cada vez son más las diversas generaciones de españoles y catalanes que se ven directamente impactados por la dificultad en acceder a una vivienda, y ya sin citar aquello de "digno" y "adecuado" a que hace referencia nuestra santísima Constitución.

Y es que realmente la teoría tiene buena pinta. "Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes con el fin de hacer efectivo este derecho, y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general con el fin de impedir la especulación".

La realidad nos estalla en la cara. Demasiados años sin hacer los deberes en vivienda y ahora somos los ciudadanos los que pagamos los platos rotos

La realidad, sin embargo, nos estalla en la cara. Demasiados años sin hacer los deberes y ahora somos los ciudadanos los que pagamos los platos rotos de una bola de nieve que las instituciones no han tenido la capacidad o la voluntad de frenar.

Si nos remitimos a los datos, según el barómetro del CIS publicado este pasado mes de junio de 2024, la preocupación por el acceso a la vivienda se ha disparado hasta el segundo lugar en la lista de preocupaciones de la ciudadanía y ha escalado cuatro posiciones en relación con el barómetro de mayo del mismo año. Este dato pone de manifiesto las dificultades crecientes de acceso a la vivienda, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, que sufren determinados colectivos y cada vez más zonas geográficas.

Por descontado, porque decir lo contrario sería una insensatez, cualquier iniciativa en temas de vivienda es bienvenida, solo faltaría. Pero haría falta dejar de hacernos trampas al solitario y hablar claro y sin ambages. ¿Alguien opina de verdad que esta ayuda de 250 euros mensuales a menores de 35 años resolverá el problema actual de la vivienda? La complicada ecuación entre una oferta limitada y una demanda sustancialmente superior, combinada con las dificultades para regular el mercado, tal como se constata en la ciudad de Barcelona a pesar del nuevo índice de precios de referencia, se acaba trasladando en un indicador clave, los precios.

Debemos dotarnos de un gran parque público de vivienda de alquiler, y eso pasa por rehabilitación y nueva construcción, y se tiene que movilizar vivienda vacía

Dicho esto, estos bonos de alquiler para jóvenes no dejan de ser sino una tirita con mercromina cuando lo que se necesita es una cirugía de alta complejidad. Es, en definitiva, una medida a corto plazo que, lejos de solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda, abre la puerta a que fondos públicos basculen a manos de rentistas especuladores, que en ningún caso dejarán de engordar los precios. Sin olvidar que nada es gratuito. Porque estas ayudas públicas, ya sea el Bono Cultural Joven, ya sea el Bono Alquiler Joven, están sometidas a tributación como ganancias patrimoniales. Por lo tanto, se trata de ayudas que el ciudadano tendrá que declarar en aquellos casos en que esté obligado a presentar la Declaración de la Renta.

Desdichadamente, no cabe solución mágica y todavía menos una solución que ponga luz en el corto plazo. Debemos dotarnos de un gran parque público de vivienda de alquiler, y eso pasa por la rehabilitación y por las nuevas construcciones, de la misma manera que hay que movilizar vivienda vacía o vivienda que ahora mismo está a precios desaforados, combinando la rentabilidad entre los propietarios de estos pisos con la seguridad del alquiler, pero también imponiendo precios sociales al alcance de la ciudadanía. Este tiene que ser el gran objetivo de nuestros dirigentes políticos y del sector privado.

El gran reto, sin embargo, es gestionar el mientras tanto, porque las calles empiezan a estar inflamadas y las promesas de nuestros representantes no tan solo son pocas e insuficientes, sino que llegan tarde y se reciben con escepticismo.

Levantemos la voz, sin miedo, y exijamos medidas que equilibren oferta y demanda, pero sin transgredir el legítimo derecho a la propiedad privada

Soy sobradamente consciente de la magnitud del problema y de la tensión social generalizada, no soy ajena y de hecho vivo este malestar en propia piel. Pero en ningún caso puedo compartir las declaraciones de Valeria Racu, portavoz del sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid, cuando afirma, y con estas mismas palabras, "si siguen subiendo los precios, dejaremos de pagar y no habrá policía, juzgados ni matones para desahuciarnos".

No todo vale. No podemos traspasar determinadas líneas a pesar de considerarnos poseedores de la razón. Responsabilizar a los propietarios de un problema estructural de país no es ni de justicia ni la solución a nada, sino al contrario, ensancha todavía más una brecha social que divide el territorio en términos de clase y situación socioeconómica. La dicotomía fácil "propietarios ricos e inquilinos pobres".

Soy firme defensora del derecho a la manifestación y a la protesta, siempre, pero perdemos toda legitimidad cuando nuestro clamor incentiva a vulnerar otro derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada.

Dicho esto, levantemos la voz, sin miedo, y exijamos medidas que equilibren la oferta y la demanda de vivienda, cumpliendo con el derecho constitucional de una vivienda digna y adecuada, sin transgredir, en ningún caso, el legítimo derecho a la propiedad privada.