La posibilidad de desaparición de la opción de prestación privada de la asistencia sanitaria para las personas y familiares a su cargo encuadradas en Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ha aparecido en el horizonte. Las entidades privadas actualmente suministradoras del servicio consideran insuficiente el pago propuesto por la Administración General del Estado y han rechazado continuar con el contrato, y de ser así dejarían de atender a los beneficiarios. No se trata de una cantidad menor de personas, el número de afectados asciende a 1.537.701, el 3,28% de la población española, con una distribución territorial muy desigual.

Las comunidades de Andalucía y Madrid concentran el mayor número de personas (21% y 15,3% del total respectivamente), seguidas de la Comunitat Valenciana y Catalunya (10,7% y 10,6% respectivamente). El impacto analizando el peso de los beneficiarios sobre la población de cada comunidad autónoma señala a Ceuta, Melilla (5,4% del total) y Castilla y León como las más perjudicadas (4,6% del total), seguidas de Extremadura (4,2% del total) y Andalucía y Asturias (3,7% del total). Por el contrario, Catalunya sería la menos afectada bajo ese prisma de análisis (2,1% del total).


Muface permite a los funcionarios elegir a principio de cada año entre la asistencia sanitaria de los servicios regionales de salud donde residan, es decir, de producción pública, o la facilitada por las compañías privadas. En ambos casos, la financiación es pública y se paga íntegramente con impuestos estatales.

La mayoría de los españoles tenemos una asistencia sanitaria de carácter público que funciona bajo el criterio de seguro social, donde la asistencia primaria es el canal de entrada que, en caso de necesidad, permite acceder a la asistencia hospitalaria. Los beneficiarios no pueden elegir el médico que les trata y deben seguir las decisiones trazadas por el médico de familia asignado por el centro de salud. Una primera cuestión que aparece en este asunto es porque los funcionarios de Muface tienen una asistencia sanitaria diferente a la mayoría de la población. También cabría plantearse la cuestión al revés y preguntarnos por qué la mayoría no tiene un modelo de asistencia sanitaria de esas características que, entre otras derivaciones, evidentemente implicaría desmontar el actual sistema sanitario público.

Parece una decisión temeraria incorporar a un millón y medio de personas de golpe en los sistemas regionales de salud

En términos de equidad, la lógica llevaría a igualar el trato de todos los ciudadanos bajo un sistema sanitario único, porque las personas encuadradas en Muface gozan de un privilegio al poder elegir entre las dos opciones posibles. La elección de uno de los modelos no es sencilla ni fácil, el sistema público tiene deficiencias, pero en líneas generales mantiene un nivel bastante alto de atención, sobre todo, cuando aparecen enfermedades graves. El sistema de libre elección de profesionales, vigente, por ejemplo, en Francia, parece ser más caro también para los usuarios al incluir copago de muchas de sus actuaciones, y menos eficiente, entre otras cuestiones, al presentar fuertes incentivos a multiplicar las pruebas médicas. En última instancia, para adoptar una decisión se debería disponer de una evaluación fiable de ambos, con las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos que no se limita al coste por persona. No obstante, conviene recordar que en el hipotético caso de elegir el de producción privada, el coste de transición sería muy elevado y difícil de ejecutar y por ello, se debería dar prioridad al público, pero con cada vez más colaboración con el componente privado.

A la espera de una evaluación en profundidad de estas características, que con sinceridad no creo que se haga, lo que parece una decisión temeraria es incorporar a un millón y medio de personas de golpe en los sistemas regionales de salud de las comunidades autónomas, porque no disponen de la capacidad de absorción suficiente para hacerlo con la mínima garantía. De generarse esta contingencia, se produciría un grave quebranto a las personas afectadas y también a los gestores de los servicios regionales de salud. Algún malintencionado podría pensar que eso es lo que se pretende al estar gobernadas en su mayoría por un partido distinto a los que componen la coalición de gobierno a nivel estatal que han realizado el pliego de condiciones para la renovación del contrato de Muface.

Por estos motivos, en caso de querer incorporar a los beneficiarios de Muface en el sistema de producción público, es imprescindible aplicar un periodo transitorio suficientemente largo para evitar estos trastornos no deseados. A la vez, se debería acompañar de una renegociación del coste efectivo de la transferencia de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas, que recoja en nuevo número de personas a cubrir. Una cantidad que se debería añadir a los recursos recibidos por estas últimas en el sistema de financiación.