Las medidas económicas presentadas por el presidente del Gobierno en el debate de investidura para la legislatura se pueden dividir en dos grupos, las que tienen incidencia presupuestaria inmediata y las que inciden en el marco regulatorio y/o dependen de la colaboración de otros niveles de gobierno. Entre las primeras, se incluyen: prórroga de seis meses de la rebaja del IVA de algunos alimentos, gratuidad del transporte para jóvenes, adultos mayores y desempleados, aumento a 20 semanas de los permisos de maternidad y paternidad, ampliación de la progresividad del IRPF (sin definir cómo), aplicación del tipo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y asunción de una parte de la deuda pública de las comunidades autónomas.

Dentro de las que tienen impacto regulatorio destacan la reducción de la jornada laboral (de 40 a 37 horas y media) y el aumento del SMI hasta el 60% del salario medio. En el ámbito de actuación de las comunidades autónomas: habilitación de 183.000 viviendas públicas con alquiler asequible, aumento del bono joven para menores de 35 años, fijación de un máximo de días para la percepción de la ayuda a la dependencia y en algunas prestaciones sanitarias.

De la lectura de las medidas surge una primera pregunta que versa sobre si son las que necesita la economía española para superar una larga etapa de estancamiento, como demuestra un PIB por habitante en relación con la media de la UE igual al de 1995 (79,1%). Si se identifica la menor productividad y tasa de ocupación como principales causas del retraso con los socios comunitarios, la respuesta no es favorable. Es difícil identificar medidas con una mejora directa de la productividad y, más bien, aparecen señales que algunas de ellas pueden contribuir a lo contrario si no cuentan con el consenso de todos los agentes sociales (una opción posible como ha expuesto la Patronal empresarial al conocer la mayoría de ellas). Es muy deseable contar con mejores salarios y con jornadas de trabajo menores, pero lo que cuenta la experiencia es que son el resultado de la mejora de la productividad y, sin embargo, hay serias dudas que funcione la correlación cuando se aplica el orden inverso.

¿Son las que necesita la economía española para superar una larga etapa de estancamiento? Es difícil identificar medidas con una mejora directa de la productividad

La mayor parte de las medidas parecen adoptarse anteponiendo el objetivo de redistribución de la renta, una opción legítima y deseable a la vista de la cada vez mayor dualización del mercado laboral, pero que puede no conseguir sus objetivos si a la vez no se consigue un impulso en la renta agregada generada por la economía española.

Es indudable que la vivienda es uno de los principales problemas que asola a una parte de la sociedad española, en especial a los jóvenes y, por tanto, son muy necesarias medidas que puedan reducir la dimensión del problema. Por este motivo, al igual que en otros ámbitos, se debería contar con un amplio consenso entre los agentes implicados para identificar las fórmulas que permitan combinar un aumento de la oferta y precios razonables de acceso, algo que no está consiguiendo la última Ley de vivienda.

Las medidas anunciadas tienen un impacto modesto en el gasto público corriente, y en otro orden de cosas merece mencionar también que muy posiblemente algunas de ellas no favorezcan la mejora de la equidad al no tener en cuenta la renta de los beneficiarios (gratuidad del transporte público para colectivos enteros). Está por ver, sin embargo, el impacto de la condonación de una parte de la deuda autonómica, ¿en cuánto se convertirá la extensión a todas las CC. AA. de los 20.000 millones pactados con Cataluña?, que implica un trasvase de los intereses pagados hacia el Estado, y la valoración de los inversores en términos reputacionales.

Para valorar el impacto de las medidas presupuestarias, conviene recordar que las cuentas públicas españolas cuentan con un importante desequilibrio de partida: déficit estructural en torno al 3,5% del PIB y una deuda pública en circulación cercana al 110% del PIB (AIReF). Esta delicada posición se enmarca en un retorno de reglas fiscales en la Unión Europea, que aun sin conocer su contenido final, significan el fin de la excepción aplicada desde el inicio de la pandemia en la que se ha movido cómodamente el anterior Gobierno.

La aplicación de nuevas políticas de gasto cuenta con la esperanza de disponer de un aumento de los ingresos. Esta opción es posible, de hecho hay todavía margen cuando se compara con la media ponderada de los países de la Zona Euro, pero. La opción elegida contiene riesgos no pequeños. La elevación del IRPF a los tramos altos de renta es una medida bien recibida por una gran parte del electorado, pero su capacidad real de aumentar los ingresos, ¿800 millones?, es muy limitada en un presupuesto de gasto que supera los 650.000 millones de euros. La fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades en un mundo con libertad de movimientos del capital contiene el riesgo de conseguir la no repatriación de beneficios por las empresas afectadas o, aún peor, la deslocalización territorial de empresas, limitando el incremento de ingresos previsto. De cumplirse estos temores, la evolución de los ingresos sería peor de la esperada por los autores del plan, con el correspondiente impacto negativo sobre el déficit público.

Las nuevas medidas de gasto cuentan, además, con un competidor implacable, la reforma de las pensiones (que mantienen la tasa de reposición más alta de la UE y su actualización con el IPC sin tener en cuenta situaciones excepcionales) obliga a desembolsos cada vez superiores que absorben los márgenes presupuestarios. En 2024, el gasto en pensiones aumentará en torno a 11.580 millones de euros, más de una quinta parte del gasto anual en educación.  

En caso de situar en el 3% como límite de déficit excesivo de la UE, la elaboración de los presupuestos de 2024 se complicaría aún más, comenzando por la distribución de los objetivos de déficits entre niveles de gobierno. Su aprobación en un panorama político tan convulso como el español va a suponer un puzzle de muy difícil composición para satisfacer los intereses internos y las obligaciones de la UE.

En caso de situar en el 3% como límite de déficit excesivo de la UE, la elaboración de los presupuestos de 2024 se complicaría aún más

La nueva legislatura comienza su andadura en un contexto internacional negativo con muchas incertidumbres sobre su próxima evolución. Sin casi haber superado la pandemia provocada por el Covid 19, la invasión de Ucrania por Rusia ha tenido severas consecuencias en los mercados energéticos (y otros) concretados en un rebrote de inflación todavía no superado. La fuerte subida de tipos de interés decidida por los Bancos Centrales no va a finalizar en el corto plazo, siendo muy previsible asistir a como mínimo, una desaceleración de la actividad económica a nivel mundial y una disminución de la renta neta de los agentes al tener que pagar más en concepto de intereses. Las actuales tensiones en Oriente Medio tampoco ayudan a mejorar el panorama inyectando incertidumbre al diagnóstico.

El panorama nacional no mejora la fotografía. La extrema polarización inicialmente localizada en el ámbito de la política está calando en la sociedad, creando un escenario de inestabilidad que no ayuda a crear un clima que favorezca el consenso social y económico. España es un país muy descentralizado donde los niveles territoriales de gobierno cuentan con una amplia relación de competencias, por ello es muy necesario contar con la necesaria coordinación y lealtad institucional de todos. La actual fractura no marca el mejor espacio para conseguirlos, sobre todo, cuando se defienden diferentes modelos de estado con efectos diferentes para la población de los distintos territorios.

Con independencia del habitual olvido para solucionar deficiencias en campos determinantes para mejorar la productividad como la educación, I+D+i, organización y gestión del sector público para mejorar su eficacia, los factores enunciados de fuerte incertidumbre internacional y gran polarización interna no permiten desplegar el optimismo. Por otra parte, ya conocen el dicho: (en determinadas circunstancias) un pesimista no es más que un optimista bien informado.