La PAC2023-2027 incluye un aspectos que queremos subrayar hoy: la posibilidad de limitar las ayudas por explotación (conocido en buen castellano como capping) para intentar favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones.

España es el estado miembro que más lejos ha ido en la aplicación del capping con la fijación de un tope de 100.000 euros por explotación en la “ayuda básica a la renta”, vestida ahora de “ayuda para la sostenibilidad. También se establece una reducción del 25% para los perceptores que cobrasen entre 60.000 y 75.000 euros por la ayuda básica, el 50% para el tramo comprendido entre 75.000 y 90.000 euros; el 85% para el tramo entre 90.000 y 100.000 euros y el 100% para los importes que superasen los 100.000 euros. Estos topes con otros 100.000 euros si se justifican costes salariales y/o de contratación de empresas de servicios agrícolas.

Disponemos ahora de los primeros datos del impacto de esta medida. El primer análisis realizado por el Fondo de Garantía Agraria (FEGA) indica que el tope máximo de 200.000 euros ha afectado en la primera campaña de aplicación (2022-2023) a un total de 56 beneficiarios, que dejarán de recibir 6,4 millones de euros. Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma con más beneficiarios afectados (32) que han dejado de percibir 4,5 millones de euros, seguida de Extremadura (10), con una minoración de 782.000 euros, y Castilla-Mancha, 8 perceptores con una reducción de 776.000 euros. Estas tres regiones aglutinan el 89,2% de los perceptores afectados y el 95% de los fondos reducidos.

Las grandes explotaciones están sabiendo sacar partido a la revolución tecnológica, que está disparando las economías de escala

El periódico Agro-El Economista ha entrevistado a distintos representantes de los sindicatos agrarios para conocer su valoración de estos resultados. Sin sorpresas, Ignacio López (ASAJA) califica la medida de “ideológica y que puede afectar a la viabilidad de las explotaciones” y José Luis de Miguel (COAG) la apoya y explica el escaso número de afectados porque “ha habido subdivisiones en muchos casos”.

No hay ninguna duda que la medida ha sido poco efectiva. La pregunta es si este tipo de medida es necesaria o útil o si es un obstáculo burocrático mas al desarrollo de una agricultura competitiva y empresarial.

En un reciente artículo, analizábamos, junto a Almudena Gómez Ramos (2024), la evolución en estos años de la renta neta por explotación, en función del tamaño, como se recoge en el gráfico siguiente.

Concluíamos que “la revolución tecnológica que estamos viviendo está disparando las economías de escala. La revisión realizada de los datos de la Red Contable Agraria Nacional muestra como desde el año 2018 hasta 2021 demuestra una mejora constante en las rentas generadas en las explotaciones de mayor dimensión económica (mayores de 500 UDEs*), y un creciente distanciamiento de la evolución registradas en las explotaciones agrarias medianas y pequeñas”.

Esta evolución es simultánea con que el número de explotaciones agrarias ha disminuido en un 7,6% en los diez años que median desde el anterior censo agrario. Las explotaciones que se mantienen son las de mayor tamaño medio, tanto en términos de Superficie Agraria Útil (SAU) como de Unidades Ganaderas (UGs).

En un contexto de rigor presupuestario, tiene sentido concentrar fondos y ayudas públicas en los agricultores activos, profesionales y familiares

En otras palabras, las grandes explotaciones están sabiendo sacar partido a la revolución tecnológica que estamos viviendo y las explotaciones profesionales familiares, la clase media del campo, está atravesando momentos difíciles.

En un contexto como el actual por un lado de rigor presupuestario y, por otro, de grandes necesidades de inversión para financiar una transición ecológica inclusive, parece tener sentido el concentrar los fondos y ayudas públicas en aquellos que mas lo necesitan, los agricultores activos, profesionales y familiares.

La conclusión lógica de este razonamiento es que la respuesta que se debería dar al escaso efecto práctico del capping es, en la próxima PAC anunciada para después de 2027, rebajar significativamente el tope impuesto.

En un próximo artículo, abordaremos el otro mecanismo previsto en la actual reglamentación europea para favorecer a las explotaciones pequeñas y medianas, el llamado “pago redistributivo”, que también merece un análisis, una reflexión y mejoras en el futuro.

*Una UDE es la unidad de medida comunitaria de la dimensión económica de las explotaciones agrarias. Se define en función de la producción total estándar de la explotación, expresada en Euros. Una buena aproximación es considerar que 1.200 euros margen bruto. Estaríamos hablando por lo tanto de un margen bruto mínimo de 600.000 euros.