Catalunya es, ha sido y será siempre una tierra de acogida. Tenemos la grandísima suerte de ser un país de adhesión, una tierra de oportunidades y de convivencia. Y las cifras así lo constatan. El 65,8% de la población catalana es inmigrante o descendiente de inmigrante, ya sea fruto de la emigración de otras partes de España, ya sea de la emigración internacional. En conclusión, la migración del siglo XXI ha traído a 1,5 millones de personas a Catalunya, enfrente de las 200.000 procedentes del crecimiento natural.

Estos días ha aflorado de nuevo la polémica en torno al reparto de menores migrantes. Y lo ha hecho con tanta virulencia que incluso ha provocado la rotura de algunos gobiernos autonómicos por desavenencias en esta materia. Porque este es un debate que hay que abordar más allá de este momento en cuestión. No se trata de un asunto político ni territorial, sino de un drama humanitario en el cual Europa en su globalidad tiene que dar respuesta, sean cuales sean las ideologías o los colores. Hace falta sí o sí una profunda reforma legislativa que responda de forma conjunta a un hecho que, mal que nos pese, lejos de detenerse, se prolongará en el tiempo.

El reparto de menores no acompañados propuesto por el Gobierno no tiene en consideración el esfuerzo real de Catalunya, que acoge a 2.369

Es de vital importancia que la cuestión de la llegada de los menores extranjeros no acompañados a la Unión Europea se trate con regularidad y naturalidad, sin temor a pronunciarse y con la voluntad de plantear soluciones reales y palpables, precisamente porque estos jóvenes inmigrantes son, a menudo, el origen de muchos conflictos sociales, de convivencia y de orden público por todo el territorio europeo. Menores que, dicho sea de paso, en la inmensa mayoría de los casos no encuentran una vida digna en nuestra casa, entre nosotros, sin apenas oportunidades de tener el futuro que habían soñado porque son víctimas de mafias que controlan todo el sistema de flujos migratorios desde el origen hasta la llegada a territorio europeo. Por lo tanto, hay que abordar no solo el coste de su mantenimiento, sino cuáles son las medidas adecuadas en términos de prevención, protección y apoyo al retorno a sus países de origen.

Hoy, y eso es una realidad, Catalunya se encuentra inmersa en una de las peores crisis migratorias vividas en décadas. El Govern ya ha manifestado públicamente su inquietud por el envío de más menores no acompañados al territorio, al amparo del actual acuerdo bilateral entre los gobiernos canario y español por el reparto de inmigrantes entre las diferentes comunidades autónomas. Y no es para menos. Según fuentes del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, encabezado por el conseller Carles Campuzano, el año 2023 Catalunya recibió poco más de 2.000 menores extranjeros no acompañados (también conocidos como "menas"), una cifra sustancialmente superior a los 33 que se habían previsto de inicio. Y el drama de todo esto es que para poder atenderlos o acogerlos, el Govern catalán recibe aproximadamente unos dos millones de euros del Estado, si bien, según cálculos del ejecutivo catalán, el coste real que Catalunya destina a la atención de estos menores supera los 100 millones de euros. El reparto propuesto por el gobierno central no tiene en consideración el esfuerzo real catalán, que acoge a 2.369 jóvenes migrantes solos menores de edad, cuando el Ministerio solo contabiliza 1.417.

Catalunya tiene que poder decidir los flujos migratorios y poner fin al descontrol en la gestión de los menores migrantes

No se trata en ningún caso de atizar el discurso de la insolidaridad. Catalunya tiene que poder decidir los flujos migratorios y poner fin al descontrol en la gestión de los menores migrantes. La situación de saturación de las infraestructuras de Canarias tiene lugar de igual manera en nuestra casa. En datos, hasta el 30 de junio de este 2024, la DGAIA contabilizó a 2.369 menores extranjeros tutelados en nuestro país, frente a los 1.474 reconocidos por el gobierno de Madrid. En definitiva, la DGAIA está tensionada. Y eso tiene múltiples explicaciones, entre ellas que muchos jóvenes que de inicio son registrados en otras comunidades, acaban desplazándose a Catalunya, ya sea porque tienen algún vínculo familiar o algún conocido, ya sea porque se encuentra camino de Francia, ya sea porque saben que tendrán más apoyo que en otras regiones, empezando por el seguimiento hasta que alcanzan los 23 años de edad. Pero la distribución de los adolescentes que llegan a las Islas Canarias es una ínfima parte del total de expedientes de acogida que se abren año tras año desde Catalunya, de aquí la necesidad imperativa de reformar el sistema en su integridad y plantear seriamente una mejor financiación del Estado.

Sin embargo, algo está claro. ¿Si realmente a todos nos preocupa tanto la llegada de menores migrantes no acompañados, no sería hora de pensar en un reparto más equitativo de los recursos que permita a estos jóvenes seguir su vida en su país de origen, al lado de sus familias y con un proyecto de futuro viable?