La transformación en permanentes de los impuestos a las energéticas y los bancos ha pasado de ser un problema de las empresas afectadas a una cuestión política crítica para el Gobierno, porque de ello pueden depender los presupuestos de 2025 y su estabilidad parlamentaria, tanto por un lado –Sumar– como por el otro, el de los socios esporádicos a su derecha, como Junts y el PNV.

Si nos centramos en el gravamen a las energéticas, también hay un problema social. Y no solo para Catalunya, por los 1.100 millones de inversiones de Repsol que peligran, además de los puestos de trabajo que se dejarían de crear, ni por las inversiones que se podrían marchar de toda España. Hay otra cuestión, que trasciende incluso territorios: la transición energética. ¿Quién hará la transición energética en España y Catalunya si ponemos más carga fiscal en las empresas que tienen que hacerla?

El Estado tiene una buena posición en generación de energía eólica y fotovoltaica, aunque no se puede decir lo mismo de Catalunya. Pese a todo, tiene que seguir apostando por ella, especialmente en la eólica marina, la asignatura pendiente de España, teniendo en cuenta que tiene 7.900 kilómetros de costa, ya que si a partir de 2035 solo se pueden comprar coches eléctricos, la generación que se necesitará crecerá exponencialmente.

Las administraciones tienen que espolear la transición energética, pero quien la tiene que hacer, porque tienen el dinero y el talento, son las empresas

Además, España tiene otros retos, como el hidrógeno verde, el biogás –recordamos que la red de gas es vital para calentar el agua y hacer funcionar las calefacciones en las grandes ciudades, pero el gas es fósil y está fuera de las apuestas de la UE– y la investigación de fuentes alternativas de generación de electricidad a partir de residuos u otros materiales. En Catalunya es donde tenemos el mayor problema con los purines, que contaminan y su tratamiento es demasiado caro para la mayoría de explotaciones ganaderas. El biogás es una solución a priori óptima, porque da salida a los purines y genera gas, pero se tiene que invertir.

¿Quién tiene que hacer esta transformación? Las administraciones la pueden espolear, y lo están haciendo, con normativa y ayudas, como ha hecho Bruselas, y cuentan con fondos europeos. Este liderazgo es positivo y necesario, pero la transición energética no se hará si no hay grandes empresas con capacidad para invertir, tanto económica como de expertise. No solo tiene que tener dinero, sino también talento y experiencia, ingenieros con la capacidad y el know how para desarrollar los proyectos. Por suerte, en el Estado hay grandes empresas que apuestan por las renovables, como Iberdrola, uno de los referentes a nivel europeo, y otros que vienen del mundo de los combustibles fósiles, como Repsol y Naturgy, y están haciendo su propia transición.

En este punto, la pregunta es evidente: ¿a quién se le ocurre poner un impuesto extra a estas empresas, precisamente ahora, con los objetivos medioambientales cada vez más estrictos? Vayamos al origen. El impuesto a las energéticas, como el de la banca, se ideó en 2022, cuando después de la invasión rusa de Ucrania, en plena resaca de la pandemia, disparó los precios energéticos y, de rebote, de buena parte de los bienes básicos. La inflación se situó en niveles no vistos en décadas. Entonces, el Gobierno ideó este impuesto, extraordinario y temporal, para gravar las compañías que más dinero estaba ganando con esa inflación.

Hace dos años, en el impuesto a energéticas y bancos había un objetivo social. Ahora, la razón que los motivó ya no existe

Se estará de acuerdo o no con el impuesto, pero es cierto que los bancos, por las subidas de los tipos de interés y de las hipotecas variables, y las energéticas, por el encarecimiento del gas, la luz y el petróleo, dispararon facturación. Sin embargo, ir a los ingresos, que es el que hace este gravamen, y no a los beneficios, sin tener en cuenta el margen, es cuestionable, y de hecho las empresas lo recorrieron y está judicializado. A su vez, los ciudadanos sufríamos una inflación que los gobiernos combatieron con bajadas del IVA de la luz y de algunos alimentos. Por lo tanto, había un objetivo social: que los que ganaban más con la situación, ayudaran al conjunto de la población.

Ahora, sin embargo, la situación es muy diferente. Los precios de la energía han caído mucho, han vuelto a niveles previos a la crisis de la guerra de Ucrania, mientras que la inflación se ha relajado. Los tipos de interés han empezado a bajar y se tiene que empezar a reflejar en las hipotecas. Las razones que motivaron el impuesto ya no existen, como advirtió ya hace un año la Comisión Europea.

El propio Gobierno es consciente de que la situación ya no aprieta tanto el cinturón de la gente, como demuestra el hecho de que volviera a subir el IVA de los alimentos básicos o bajase las subvenciones al transporte público. O que para hacer permanentes los impuestos no utilicen ya el decreto de medidas extraordinarias sino que lo quieran colar en el de la fiscalidad mínima de las multinacionales, un mandato europeo que nada tiene que ver con sectores en concreto.

Por lo tanto, tenemos una serie de empresas, que son las que tienen que hacer la transición energética, y les pedimos que aporten más ya sin motivo, solo porque ganan mucho dinero. Puede ser legítimo, pero también lo es que las empresas, que son multinacionales, decidan invertir en otros países donde tengan una fiscalidad más favorable. Porque son cotizadas y si no apuestan por la transición energética, los inversores pondrán su dinero en otras empresas. Lo que tendría sentido sería que las administradores se lo pongan fácil para que hagan estas inversiones aquí.

Si se castiga a las empresas que tienen que hacer la transición energética, será más lenta y los ingresos del impuesto se tendrán que gastar en subsidios

No se me escapa que en la reforma del impuesto, para hacerlo permanente, se habla de que se tenga en cuenta lo que contaminan, su grado de generación renovable y las inversiones en transición energética, criterios que favorecen eléctricas como Iberdrola. ¿Sin embargo, qué pasa con Naturgy o Repsol, empresas que han tenido un papel primordial para la industria y el desarrollo económico durante décadas con sus infraestructuras de gas y carburantes respectivamente? ¿Se las tiene que castigar para venir de donde vienen?

En el caso concreto de Repsol, la compañía que más ha levantado la voz –el viernes se le sumó Cepsa–, está claro que su principal negocio todavía son los hidrocarburos. En algún momento lo dejarán de ser, pero no puede hacer la transición de un día para otro. Por muchos motivos, pero sobre todo porque todavía necesitamos combustibles para nuestros coches, camiones, aviones y barcos, y porque ninguna empresa puede cambiar de negocio de la noche a la mañana sin que peligre su estructura y, por lo tanto, el empleo.

Repsol tiene 17.000 empleados en España, 3.000 en Catalunya y 1.400 en el complejo petroquímico de Tarragona, donde también da trabajo a 6.700 personas más de forma indirecta. Y serán más si se hacen los dos proyectos de economía verde que tiene proyectados la compañía. Pero si se castiga a las empresas que tienen que llevar a cabo estos proyectos, la transición energética será más lenta y los ingresos del impuesto se tendrán que gastar en subsidios.