Mi enhorabuena y reconocimiento a cántabros y asturianos. La confirmación de que podrán viajar gratis en tren durante al menos tres años por el retraso en la entrega de los nuevos convoyes que les han prometido, me genera cierta envidia, para qué negarlo. La sobreactuación del presidente cántabro para denunciar este “roto”, esa “chapuza gorda gorda”, “mayúscula”, lo “más grave” que se ha visto en política en cuarenta años, ese episodio “berlanguiano” digno del día de los Santos Inocentes, ha tenido por fin su recompensa y el Gobierno no ha tenido más remedio que taparle la boca con ese concepto que todo lo puede en España: gratis.

Bueno, relativamente gratis, porque la factura del estropicio en realidad la vamos a pagar entre todos los demás a tanto por uno San Bruno. Los presidentes agraviados, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, han cifrado en 15 y 24 millones de euros, respectivamente, el ahorro total para sus gobernados. Por no mencionar la ampliación del pedido inicial, que roza los 200 millones de euros, para pasar de 31 a 38 trenes de Cercanías que en total recibirán las dos comunidades. 

Los recursos saldrán de los Presupuestos Generales del Estado y se habilitarán en forma de transferencias anuales a estas dos comunidades para compensar la falta de ingresos. Ese coste sobrevenido tendrá que salir de recortar otras partidas, ante lo que solo cabe esperar que al final la broma no la paguen los de siempre, porque la lista de presidentes agraviados por retrasos, promesas incumplidas e inversiones por debajo de la media es infinita. De hecho, ni un día tardaron los gobiernos populares de Galicia y Castilla y León en levantar la mano para recordarle a la ministra Raquel Sánchez que ellos también esperan trenes nuevos y exigirle igualdad de trato. A Revilla y a Barbón hay que reconocerles, con todo, su habilidad para aprovechar la oportunidad del momento con un buen golpe de efecto a las puertas de la campaña electoral, con las cabezas de los presidentes de Renfe y Adif como su gran trofeo.

Me pregunto qué habría pasado si esta crisis no hubiera estallado a tres meses de las autonómicas del 28-M. Porque, si el argumento para justificar la compensación a cántabros y asturianos son los dos años de retraso en la entrega de sus nuevos trenes, los valencianos, catalanes, andaluces y murcianos tendríamos motivos de sobra para recibir una compensación similar por la vergonzante demora en la finalización del Corredor Mediterráneo de alta velocidad.

Salvando las distancias, en ambos casos hablamos de una anomalía en el desarrollo de infraestructuras básicas que día a día sufren sus usuarios. De acuerdo que en el caso del Corredor Mediterráneo no se da el componente cómico propio de unos trenes que no caben por los túneles, pero que las principales ciudades del arco mediterráneo aún vayan a tardar años en estar completamente interconectadas en alta velocidad sí reviste tintes dramáticos.

Porque mientras acabamos de conmemorar los quince años de entrada en servicio de ese flamante AVE que permite viajar entre Madrid y Barcelona en dos horas y media, las regiones que atraviesa el corredor mediterráneo aún no tienen certeza sobre cuándo llegará el momento de contar con una conexión ferroviaria acorde con su peso económico y poblacional en el conjunto del país.

Gracias a los chequeos que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) realiza semestralmente, sabemos que el plazo prometido de 2025 tampoco se va a cumplir y que, en el mejor de los casos, el tren de alta velocidad desde Almería hasta la frontera francesa no estará operativo al menos hasta 2026. Dicho de otra forma, Revilla y Barbón probablemente tendrán sus Cercanías antes de que el corredor mediterráneo esté completamente acabado. Mientras tanto, cántabros y asturianos habrán viajado gratis subvencionados por el resto de comunidades autónomas, pero a orillas del Mediterráneo seguiremos sufriendo un castigo en forma de infraestructura que no está a la altura de un área que concentra la mitad de la población del país y el 45% del PIB.

Es de sobra conocido que el diseño radial de las infraestructuras en España ha priorizado las inversiones para interconectar la capital en alta velocidad con todos los rincones de España a costa de relegar otras interconexiones transversales como el eje mediterráneo o el cantábrico. Todo lo que no fuera pasar por Madrid podía esperar y ello no ha hecho más que consolidar el papel concentrador de la capital como aspiradora de recursos a costa de descapitalizar de talento y riqueza a la periferia.

Teniendo eso en cuenta, por qué no se puede aspirar a alguna medida de compensación o reequilibrio. La resolución de la crisis de los túneles demuestra que si se quiere, se puede. Pero me temo que para los usuarios del Corredor Mediterráneo esto es poco menos que ciencia ficción. Porque, aunque estaría plenamente justificado, también lo está el fondo transitorio de nivelación que la Comunitat Valenciana, Andalucía o Murcia vienen reclamando para igualar su financiación por habitante a la de la media del resto de CCAA y, sin embargo, se les niega sistemáticamente. Organismos como Fedea destacan que los más de 700 euros de distancia en financiación por habitante que actualmente existen entre cántabros y valencianos son “difícilmente justificables” y deberían compensarse de forma temporal mientras se reforma la financiación autonómica. En este caso hablamos de recursos para mantener abiertos colegios y hospitales, nada que ver con la chanza de los trenes que no entran en los túneles, pero los hechos demuestran que lo que sale más rentable es elegir el momento oportuno de explotar el agravio. 

Pensar que Ximo Puig le vaya hacer un Revilla al Gobierno con el asunto del Corredor o la financiación autonómica es como lo de los trenes del primer encargo para Cantabria, no cabe. La próxima legislatura debería ser la de la aprobación de la nueva ley de financiación de las CCAA y, si se cumple lo prometido, de la inauguración del Corredor Mediterráneo completo desde Almería a Francia. Eso sí, siempre que alguien no cometa un error que, oportunamente explotado por el presidente de turno, suponga otro reequilibrio de prioridades a pagar entre todos.