Desde ciertos ámbitos se está apostando por la necesidad de acometer una importante simplificación de las reglas y las políticas públicas en las relaciones laborales. Especialmente desde la nueva Comisión Europea, con Von der Leyen al frente, se está proponiendo acometer una simplificación general de la regulación de la actividad empresarial, con particular referencia a lo laboral. Se trata de una tendencia que también se empieza a apreciar internamente en España. Se valora que existe una excesiva complejidad normativa y administrativa, que provocan un exceso de burocratización y una notable inseguridad jurídica, de modo que se considera que se debe producir un cambio de rumbo en el modo de hacer las cosas dominante hasta el presente.

Se trata de un debate importante, si bien en el mismo concurren tanto posiciones interesantes como interesadas. De un lado, es cierto que la normativa laboral, tanto la europea como la española, ha ido adquiriendo un grado notable de complejidad, que dificulta significativamente la tarea a las empresas y les resta capacidad competitiva. Se trata de una normativa y actividad administrativa desproporcionadas, que no provocan efectos positivos para atender a los intereses de los trabajadores. De otro lado, tampoco puede ocultarse que, en ocasiones, también se defienden posiciones que hablan de “simplificación” en términos eufemísticos, en el fondo como meras propuestas de desregulación, simple instrumento de reforzamiento de los poderes discrecionales empresariales y con reducción de la necesaria tutela laboral de los trabajadores.

Muchas veces se apela a estos términos de simplificación frente a burocratización o inseguridad jurídica de forma muy genérica o ambigua, de modo que no se concreta realmente lo que se está proponiendo. Por ello, conviene saber separar el grano de la paja, para adivinar realmente lo que está justificado acometer para proporcionar dosis superiores de eficacia y eficiencia a la economía europea, frente a lo que es simple eliminación del modelo de política social que se ha venido construyendo en las últimas décadas como seña de identidad del proyecto europeo.

Las fórmulas de “soft law” se venden como una intervención menos impositiva, menos invasiva, menos dura

En cuanto a lo primero, la intervención en materia laboral progresivamente ha abusado cada vez más de un método denominado de “soft law”, que podríamos traducir por legislación “suave”, frente a la fórmula más tradicional llamada de “hard law”, que identificaríamos como legislación “estricta”. El “soft law” busca establecer procedimientos de actuación, mecanismos de diagnóstico de la situación para programar objetivos y medidas para lograrlos; por contraste, con el “hard law”, que de manera directa establecería derechos para unos y cargas para otros. Las fórmulas de “soft law” se venden como una intervención menos impositiva, menos invasiva, menos dura; por tanto, más favorable para no provocar las rigideces que se presumen provoca el “hard law”. También la orientación hacia la técnica del “soft law” se produce porque, en términos políticos, puede resultar más fácil lograr los consensos y mayorías para aprobar las correspondientes normas y políticas.

Sin pretender efectuar una crítica general al método de “soft law”, que ha predominado con cierto éxito, sobre todo por parte de la Unión Europea, su uso tan reiterado en los más diversos aspectos ha provocado con el paso del tiempo una importante carga de gestión burocrática para las empresas. Es una fórmula que muchas veces acaba centrándose sólo en los procedimientos, sin que se logren resultados significativos respecto de los objetivos que se pretenden. De este modo, todo acaba en elaboración de documentos de diagnóstico formales sólo para cumplir con lo exigido, establecimiento de trámites de interlocución entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores que no entran realmente en contenidos, establecimiento de canales diversos de solicitud de información o de reclamación que sólo añaden trámites innecesarios, constitución de comisiones de seguimiento que atienden a lo puramente formal. Así, el panorama resulta cada vez más engorroso, por el tiempo que implica para gestores empresariales y para los representantes sindicales, con incremento de costes para unos y otros, sin que los avances sean muy significativos en términos de consecución de resultados de protección real a los trabajadores. Desde este punto de vista, no cabe la menor duda de que las propuestas de simplificación se encuentran justificadas, dado que, a veces, prima un exceso de trámites, exentos de eficacia práctica y logro real de objetivos.

No están exentas de justificación las afirmaciones respecto a la falta de seguridad jurídica en la que se mueven las empresas

Del mismo modo, no están exentas de justificación las afirmaciones respecto a la falta de seguridad jurídica en la que se mueven las empresas, ante un panorama incierto respecto de la normativa laboral vigente y su concreta aplicación. En este terreno el panorama resulta más complicado, dado que las derivadas de la inseguridad jurídica son de muy distinta naturaleza, unas más amplias desde la perspectiva política, otras más concretas desde la perspectiva técnica. Desde la perspectiva política general no cabe la menor duda de que nos enfrentamos a un escenario de cambio radical a nivel global, donde, en muchas ocasiones, se han roto los consensos tradicionales con los que se construyó el modelo de crecimiento económico en los países desarrollados a partir de la segunda posguerra mundial, con intensas incertidumbres de cómo se puede llegar a construir un nuevo modelo. Se trata de un problema de enorme envergadura, en el que deberemos necesariamente estar atentos al devenir de los cambios que se produzcan.

Desde la otra perspectiva, la inseguridad jurídica en el plano más técnico proviene también de muy diversos frentes. De un lado, el indiscutible proceso de constante cambio legislativo, con una regulación a veces enrevesada que provoca defectos de técnica jurídica donde se acentúa la dificultad de interpretación de las normas. De otro lado, los procesos judiciales, que constituyen el canal tradicional de clarificación del sentido de las normas, se alargan mucho en el tiempo, con un deficiente funcionamiento de los Tribunales de Justicia, desconocido en el pasado. En este terreno, cobra singular importancia el fomento de los procedimientos de mediación y arbitraje a través de los consolidados sistemas autónomos de resolución de conflictos, que, al mismo tiempo, pueden aligerar la carga de trabajo de los órganos judiciales y de lograr soluciones más claras y eficaces para las empresas y los sindicatos.

Desde el lado opuesto, no podemos caer en la ingenuidad e ignorar que en algunos de los frentes desde los que se defienden estas propuestas de “simplificación”, se ocultan simplemente posiciones de desregulación pura y dura, al objeto de debilitar la necesaria protección de los trabajadores como parte débil de las relaciones laborales. En definitiva, tras el ataque a la burocratización y a la inseguridad jurídica, no puede pretenderse poner en crisis valores tradicionales de defensa de un trabajo decente, donde se garantice la estabilidad en el empleo, una remuneración suficiente para una vida digna y donde se afronten las diversas brechas sociales de grupos específicos que provocan riesgos de marginación o precariedad.

Incluso con esas propuestas de “simplificación”, en ocasiones, se pretende ir más allá de lo que aparentemente se proclama, para poner en cuestión valores comunes de nuestra sociedad, que hoy en día comportan importantes retos a afrontar, donde la actuación del poder público sólo puede lograr los objetivos que se marcan con la decidida colaboración por parte de las empresas.

La exigencia de respeto a los derechos humanos por parte de todas las empresas de la cadena de valor no debe ponerse en cuestión

Sólo por señalar los factores más señalados al respecto, no cabe la menor duda de que desde Europa se debe reaccionar en el ámbito del despliegue de la inteligencia artificial, promoviendo grandes proyectos desde el ámbito europeo, para que no nos quedemos atrás y asumamos un protagonismo decisivo. Ese impulso a la inteligencia artificial debe ser indubitado, sin poner trabas a su despliegue por desconfianza al impacto general que pueda tener en muy diversos ámbitos. Pero, al propio tiempo, ello no puede realizarse a cualquier coste, pensando que no deben canalizarse los impulsos, no dejando todo a la iniciativa de sus promotores. En concreto, no puede dejarse de lado, que el despliegue de la inteligencia artificial plantea indudables riesgos de vulneraciones de los tradicionales derechos fundamentales, de tutela antidiscriminatoria y, en particular, de invasiones en la privacidad de los trabajadores. Al mismo tiempo, el despliegue de la inteligencia artificial requiere de un importante proceso de reciclaje profesional de los ocupados, que requiere de un importante impulso desde las políticas públicas.

En la misma línea, el cambio climático y el agotamiento de las energías fósiles, requiere de un proceso de transición ecológica, en aras de la sostenibilidad medioambiental, que con seguridad va a requerir de procesos de reestructuración empresarial, que no pueden desconocer los riesgos que todo ello implica para los ocupados en los posibles sectores en declive, en términos tales que las compensaciones en este terreno resultan igualmente imprescindibles.

Finalmente, sin pretender agotar la amplia lista de cuestiones en juego, tampoco pueden desconocerse los ataques que se están produciendo respecto de la necesaria trasposición e implementación de la Directiva sobre diligencia debida, que pretende racionalizar la actuación de las grandes empresas que actúan en la economía global. La exigencia de respeto a los derechos humanos por parte de todas las empresas de la cadena de valor de las grandes corporaciones transnacionales no debe ponerse en cuestión y, por tanto, no debe cejarse en la tarea de exigirles a estas grandes empresas que asuman el debido liderazgo en la vigilancia y responsabilidad de los riesgos de explotación laboral que se producen por parte de suministradores, transportistas y contratistas en los países de economías emergentes.